Antes de suceder a Pedro Pablo Kuczynski (PPK) en la presidencia de la República, Martín Vizcarra obtuvo la conducción de dos sectores claves para “Los moqueguanos”. De acuerdo a la investigación del Ministerio Público, el ex gobernador regional habría intercedido ante el economista para que nombre a Edmer Trujillo como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en julio de 2016.
De esta manera, de acuerdo a la tesis fiscal, Vizcarra Cornejo “habría controlado dos ministerios”, en referencia a Transportes y Comunicaciones, a donde él fue designado, y a Vivienda, Construcción y Saneamiento, a donde, a sugerencia suya, fue Trujillo.
La relación entre ambos personajes-investigados por organización criminal y colusión agravada- se remonta al 2012, cuando el segundo fue gerente general del Gobierno Regional (GORE) de Moquegua en la administración vizcarrista.
La presencia de Trujillo en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento le permitió al ex jefe de Estado mantener a los integrantes de “Los moqueguanos”, su círculo de mayor confianza, en Lima cuando él fue enviado a Canadá como embajador.
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Por ejemplo, el testigo protegido N°04-2023-Eficcop indicó, en su declaración del 21 de setiembre pasado, que Hugo Misad, conocido como “El Turco” (quien es sindicado como presunto testaferro de Vizcarra), fue nombrado asesor de la secretaría general del MTC durante la gestión del ex gobernador regional de Moquegua.
Añadió que todo el día daba vueltas por las oficinas y que no tenía carga administrativa y que a las 5 de la tarde se retiraba. “Esa rutina siguió hasta agosto de 2017″, dijo.
Tras la salida de Vizcarra del MTC por el Caso Chinchero, Trujillo, quien se mantenía como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, le pide a Stalin Zeballos, jefe del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que “por encargo de Vizcarra debía darle un cargo de confianza a Hugo Misad”. Esto porque el entonces primer vicepresidente “quería tenerlo cerca”.
A raíz de ello, Zeballos modificó el Cuadro de Asignación de Personal para la Oficina de Planeamiento del PNSU, con el objetivo de que el jefe de este despacho deje de ser “un nombrado” y pase a ser un cargo para “un personal de confianza”.
Además, el testigo protegido N°04-2023 contó que Misad, Zeballos y otros de “Los moqueguanos” vivían juntos en una casa en Pueblo Libre. Ahí “El Turco” organizaba reuniones y en una de estas, les pidió tranquilidad a todos, porque Vizcarra “en cualquier momento” iba a retornar al país “como presidente”, porque ya estaba gestionando la vacancia de PPK en alianza con el fujimorismo.
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Pase escalonado y copamiento
Según la orden de allanamiento en contra de Vizcarra y Trujillo, a la que tuvo acceso El Comercio, Carlos Revilla Loayza y Edgardo Ahumada Aspillaga, presuntos integrantes de la red, también brindaron servicios en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, tras la salida de ex gobernador regional moqueguano del MTC.
El primero, quien en la actualidad cumple una orden de prisión preventiva de 36 meses, fue hasta setiembre de 2017 asesor en la oficina de Trujillo.
Tras el ascenso de Vizcarra Cornejo, estas personas “de manera conjunta se trasladarían” al MTC, donde “ocuparon puestos claves de manera escalonada”, se lee en el documento de 275 páginas.
Para el Ministerio Público, la administración del expresidente no solo habría estado encaminada con asuntos propios de la nación, sino también en el interés que tenía de “copar el poder con su círculo de confianza”, es decir ubicar a los integrantes de su “muralla moqueguana” en puestos de decisión en la entrega de obras.
A raíz de esta necesidad, el presunto cabecilla de “Los Intocables de la Corrupción” nombró a Trujillo como titular del MTC en abril del 2018.
Según la pesquisa fiscal, desde esta posición, Trujillo Mori “habría designado a funcionarios que eran afines a los intereses de la presunta organización criminal” para “lograr copar” Provías Nacional. Y para ello, designó a Carlos Estremadoyro como viceministro de Transportes y a Carlos Revilla como director de PVN.
El objetivo con estos nombramientos fue el de “asegurar el control de la entidad [PVD], que se encontraba bajo la supervisión directa del Viceministerio de Transportes y, a su vez, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones”.
La red criminal de “Los Intocables de la Corrupción”, detalló el Ministerio Público, luego de copar PVD y otras instancias del MTC habría optado por operar a través del gerente de Obras de Provías Descentralizado, Alcides Villafuerte, “y le otorgó la facultad de contactar a los representantes de consorcios o empresas” que buscaban ganar obras públicas en ese sector.
De acuerdo a la tesis fiscal, la presunta organización de Vizcarra Cornejo habría recibido, por lo menos, S/3,6 millones en sobornos por tres obras: el mejoramiento de un camino vecinal en Moquegua, Tintay, en Apurímac; y Pampas (la construcción de un puente entre Ayacucho y Apurímac). Todas estas valorizadas en S/274′133.173.
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El Comercio se comunicó con Fernando Ugaz, abogado de Vizcarra, pero este se excusó de brindar declaraciones.
El último lunes, el expresidente, en declaraciones a la prensa, negó encabezar una red criminal.
Este Diario intentó contactar a Trujillo, pero no respondió a nuestras llamadas ni mensajes. Anteriormente, el exministro de Transportes y Comunicaciones rechazó las imputaciones del Ministerio Público.
“En más de 30 años de experiencia ocupando diversos cargos, entre ellos ministro de Estado, no he cometido delito alguno, menos los que el Ministerio Público me imputa en su hipótesis de investigación”, remarcó en un comunicado que emitió, luego de que la Fiscalía de la Nación le abriera pesquisa preliminar.
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En la orden de allanamiento al expresidente, también se incluye como parte de la red criminal de “Los Intocables de la Corrupción” al ex titular del MTC Carlos Loayza por su rol en Provías Nacional.
En su declaración del 14 de setiembre último, el testigo protegido N°03-2023 refirió que Lozada Contreras “constantemente” le decía a Stalin Zeballos, quien era gerente de Recursos Humanos de Provías Nacional, “que no debía abrir procesos administrativos” a los miembros de los comités de selección.
“[Esto] a pesar de que la Oficina de Control Interno remitía varias denuncias hacia muchas personas”, agregó.
El Congreso de la República publicó este lunes la resolución legislativa, a través de la cual, se declara haber lugar a la formación de causa penal en contra del expresidente Martín Vizcarra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado, a raíz de la contratación del cantante Richard Cisneros Carballido, conocido como Richard Swing, en el Ministerio de Cultura durante su gobierno.
También se autoriza que Vizcarra Cornejo sea procesado por los presuntos delitos de obstrucción a la justicia, peculado doloso por apropiación para tercero, en la calidad de instigador, y como tipificación alterna, negociación incompatible.
La resolución subraya que durante el desarrollo de la acusación constitucional contra el ex gobernador regional de Moquegua “se ha respetado estrictamente las garantías del debido procedimiento, el cumplimiento de todas las fases y plazos, el derecho del denunciado a ser escuchado y asistido por la defensa técnica de su elección”.
El texto recuerda que el caso se inició con la denuncia constitucional que presentó la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos.
En este documento, el Ministerio Público estableció que Cisneros Carballido habría sido contratado irregularmente entre el 2018 y 2020, habiendo obtenido pagos hasta por S/175.400.
Tras la investigación, la fiscalía señaló que las órdenes de servicio que se realizaron para contratar a Cisneros se habrían hecho a la medida del cantante y que el Mincul no tenía previstas dichos gastos dentro de su presupuesto. Que estos, según las declaraciones y documentos, se hicieron a pesar que el cantante no cumplía con los requerimientos.