El Ministerio Público solicitó cuatro años de prisión contra los abogados Mateo Castañeda - exdefensor legal de la presidenta Dina Boluarte - y Eduardo Barriga. Esto por revelar la identidad de un testigo protegido del caso “Los Waykis en la Sombra”.
El fiscal Carlos Vásquez Barboza, de la Cuarta Fiscalía Corporativa de Cercado de Lima, presentó una acusación directa contra Castañeda y Barriga por presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de revelación indebida de identidad.
El Código Procesal Penal establece que el fiscal puede formular directamente acusación cuando considera que las diligencias preliminares establecen suficientemente la realidad del delito y la intervención de los investigados en este.
El representante del Ministerio Público precisó que los acusados expusieron el nombre del testigo N° 08 - 2024 durante una entrevista con el programa “Panorama” el último 30 de junio. Por este caso también solicitó una reparación civil de S/ 5 mil para cada acusado en favor del agraviado.
En la entrevista, Castañeda se refirió a presuntas pruebas fabricadas por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop) y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac) para incriminarlo. “Están fabricando pruebas para pedir mi prisión preventiva. [...] Han captado a un cliente mío, al señor [...] que era colaborador contra [Martín] Vizcarra”, dijo aquella vez.
En tanto, Barriga añadió: “El señor es [...] que es un colaborador develado, es decir con un nombre completo. [...] Yo fui su abogado y lo hice colaborador [en un caso contra Martín Vizcarra]. Entonces en esa circunstancia la fiscalía lo llama e impide que esté su defensa. [...] Lo llaman a su teléfono y le dicen: ‘Que no venga tu abogado’”.
Fundamentos
Según el requerimiento fiscal, los abogados pusieron en riesgo la vida del testigo protegido y el desarrollo de la investigación del caso “Los Waykis en la Sombra”. Por este último, el Eficcop investiga a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, a Castañeda y otros por presunta organización criminal y otros delitos.
El testigo aseguró al Ministerio Público que teme por su seguridad personal y familiar debido a la revelación de su identidad. Acudió al Ministerio Público el último dos de julio. Allí fue entrevistado por la fiscal adjunta Susan Miranda Martínez, integrante del Eficcop.
“El día de ayer, 1 de julio, recibí un mensaje vía WhatsApp de mi hermano [...]. Me envió un enlace de un programa periodístico, [...] una entrevista realizada al señor Mateo Castañeda y a su abogado, Eduardo Barriga. Veo que el señor Mateo y su abogado hablan sobre personal de la fiscalía, principalmente del Eficcop, [...] de un policía de nombre Lázaro y de mi persona. [...] Dañan mi imagen personal y ponen en riesgo mi integridad y la de mi familia”, dijo.
El testigo protegido añadió: “Me han generado inestabilidad económica, de salud y emocional, considerando que soy una persona de riesgo en salud”. Además, renunció a su clave de identificación y solicitó ampliar su declaración.
De acuerdo con el Ministerio Público, se tomaron acciones para que la Unidad de Asistencia Distrital a Víctimas y Testigos (Udavit) le brinde asistencia integral y medidas de protección.
Para la fiscalía, Castañeda y Bernal “habrían puesto en riesgo no solo la buena marcha del procedimiento penal, sino también la integridad física del testigo protegido y la de su familia, máxime si se investiga una presunta organización criminal”.
La fiscalía precisó que la información personal del testigo protegido se encontraba en un sobre cerrado y lacrado.
El artículo 409-B del Código Penal establece que quien revela indebidamente la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegido, agente encubierto o especial, o información que permita su identificación, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años.
El Ministerio Público solicitó al Poder Judicial que dicte mandato de comparecencia simple contra Castañeda y Barriga. Precisó que no se evidencia los presupuestos para sustentar una prisión preventiva o comparecencia con restricciones.
Por el caso “Los Waykis en la Sombra”, Castañeda enfrenta un pedido de prisión preventiva de 36 meses. En mayo pasado fue detenido de manera preliminar por mandato judicial, pero este fue revocado luego por la Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional.
Defensa
Castañeda se excusó de atender a El Comercio el último martes por encontrarse en audiencia por el pedido de prisión preventiva en su contra.
No obstante, señaló a la fiscalía - durante el proceso de investigación - que no cometió una revelación indebida, sino que ejerció el derecho de denunciar un hecho gravísimo.
En tanto, Barriga no respondió a nuestros intentos de comunicación. Pero ante la fiscalía dijo que se presentó ante “Panorama” para denunciar a los fiscales de Eficcop por captar a uno de sus clientes sin presencia de abogado. Señaló que eso atenta contra la defensa cautiva.
El abogado añadió que denunció presuntos hechos delictivos.
