En cada rincón del Palacio de Justicia, construido en el siglo XX, se puede percibir la historia. En sus salas, sus pasillos. Pero también al interior de una robusta y pesada caja fuerte, ubicada en un corredor del segundo piso. Allí yace, celosamente custodiada a lo largo de los últimos tiempos, el acta de instalación de la Corte Suprema.
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Escrita a mano, con tinta ferrogálica, el acta está contenida en un nutrido libro de sesiones, que empieza a correr precisamente con la instalación llevada a cabo en 1825, cuando el Estado a su vez empezaba a construirse. Los acuerdos de la sala plena de ese primer libro van incluso hasta 1846.
“En la heroica y esforzada Ciudad de los Libres, capital de la república peruana a 8 de febrero de 1825″, se lee al inicio, en clara contraposición a la anterior denominación colonial de “Ciudad de los Reyes”.
Tras proclamarse la Independencia, la Constitución de 1823 consagró la división de poderes y creó el Poder Judiciario. Se estableció –además de las cortes y tribunales– una Suprema Corte de Justicia “que residirá en la capital de la República”. Antes de ello, se había conformado la Cámara de Apelaciones de Trujillo y la Alta Cámara de Justicia de Lima.
Luego de la decisiva Batalla de Ayacucho, el 19 de diciembre de 1824, hace ya casi 200 años, el libertador Simón Bolívar declaró establecida la Suprema Corte, en concordancia con el artículo 98 de la Constitución, procediendo a instalarse la misma en febrero siguiente, tal como se registra.
—Magno evento—
El acto de febrero de 1825 fue solemne y marca un hito histórico. Según se lee en la misma acta, participaron las autoridades de Lima, pero también “un inmenso pueblo ávido de presenciar el interesante espectáculo”.
Se llevó a cabo en una sala de la antigua Casa de Pizarro, entonces Palacio Dictatorial. Se hizo presente el prócer José Faustino Sánchez Carrión, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores. Y en la sala, según consta en el acta, estaba colgado un retrato de Bolívar, declarado con el título de dictador del Perú.
En aquella sesión, juró al cargo Manuel Lorenzo Vidaurre y Encalada, primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien ejerció como magistrado tanto en la colonia como en la nueva república. Volvería a ese asiento en 1831 y 1837, respectivamente.
En 1841, El Comercio informaba sobre el fallecimiento de Manuel Lorenzo Vidaurre, el primer presidente de la Corte Suprema del Perú. “Lima su patria queda cubierta de luto con esta pérdida que es uno de los acontecimientos más deplorables que podía experimentar”.
También asumieron aquel día, como vocales, Francisco Valdivieso, José Cavero y Salazar, Fernando López Aldana e Ignacio Palomeque. Así se inició una nueva etapa en la judicatura peruana. Tras declararse instalada la corte, uno a uno firmó el acta que aún yace en una pesada caja fuerte de origen inglés en el Palacio de Justicia, y cuya llave es custodiada con recelo.
Sobre este documento histórico se tenían algunas limitadas referencias, perdido en la memoria de antiguos trabajadores de la corte. En marzo pasado, la caja fuerte volvió a ser abierta y, tras varios años de haber estado guardada celosamente (no se tiene certeza de cuántos años, hay registros de una apertura hace dos décadas), el acta volvió a ser hallada, junto a otros documentos relevantes y medallas.
A raíz de su importancia –y en el bicentenario que este año celebra la Corte Suprema– se han iniciado las gestiones para que pueda ser reconocida y declarada patrimonio cultural de la nación. Su puesta en valor significará otra nueva etapa.