Ministerio Público formalizó denuncia contra Alberto Fujimori y exministros de Salud por esterilizaciones forzadas

Este lunes se reanudó la audiencia pública de sustentación de cargos contra el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) y sus exministros de Salud Eduardo Yong, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros exfuncionarios, por el caso de las esterilizaciones forzadas.

En dicha sesión el Ministerio Público sustentó los cargos y la denuncia contra el expresidente Alberto Fujimori y tres exministros de Salud como presuntos autores mediatos de las esterilizaciones forzadas de más de 1.300 mujeres durante la segunda mitad del régimen fujimorista.

El fiscal Pablo Espinoza Vásquez detalló que la denuncia en contra de Fujimori y los exministros es por los presuntos delitos de lesiones graves seguido de muerte contra cinco mujeres y por lesiones graves contra 1.300 agraviadas.

“Este Ministerio Público formaliza denuncia penal como autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud; lesiones graves seguida de muerte en un contexto de graves violaciones contra los derechos humanos y por el delito de lesiones graves”, señaló el fiscal en la audiencia.

Asimismo, expuso el testimonio de Enriqueta Huancahuay Villega, una de las víctimas sometidas a una esterilización forzada en 1997, cuando tenía 19 años, en una posta médica de Condomarca, en Santo Tomas, Cusco.

“Cuando asistí a poner su vacuna a mi bebé a la posta médica, una enfermera se me acercó y me dijo que me iban a ligar las trompas para no tener más hijos”, narró el fiscal sobre el testimonio de la mujer.

La audiencia contó con la participación de algunas de las víctimas, quienes estuvieron acompañadas de sus abogados y de intérpretes del quechua, además de la mayoría de los acusados y sus defensores legales.

El juez Rafael Martínez continuará el martes 2 de marzo con la audiencia de presentación de cargos contra el expresidente Fujimori y sus tres exministros de Salud denunciados.

Las esterilizaciones forzadas se aplicaron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar entre 1996 y 2000 a más de 300 mil mujeres campesinas, indígenas, andinas y amazónicas que vivían en zonas rurales y urbano populares.

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