‘Mochasueldos’: PJ rechaza dejar sin efecto denuncia constitucional presentada contra congresista Jorge Flores Ancachi

El Poder Judicial rechazó la tutela de derechos presentada por el congresista Jorge Flores Ancachi (No Agrupados) en la cual pedía dejar sin efecto la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación por el presunto delito de concusión.

En su resolución, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria argumentó que no corresponde a los jueces del Poder Judicial, al menos a los penales, vía tutela de derechos, evaluar, dejar sin efecto o modificar la denuncia constitucional.

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Indicó que es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la encargada de calificar la admisibilidad y procedencia de la denuncia contra Flores Ancachi porque así lo establece la Carta Magna.

“No corresponde a los jueces del Poder Judicial, al menos a los penales, vía tutela de derechos, evaluar, dejar sin efecto o modificar la denuncia constitucional, por lo que la tutela formulada por la defensa debe ser desestimada”, enfatizó.

El legislador argumentaba que la Fiscalía de la Nación no realizó un “análisis objetivo y de valoración” de las pruebas que se recabaron y tampoco dio valor a los medios probatorios de parte.

Asimismo, solicitaba que se debía exhortar al Ministerio Público realizar las diligencias preliminares, conforme al ordenamiento legal, a fin de “determinar hechos delictivos y asegurar la evidencia sensible”.

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También mencionaba que la denuncia se basaba en un reportaje que tiene un informe pericial fonético del que no se prueba su autenticidad, por lo que la única forma del control legal es el juez de investigación preparatoria.

Según una denuncia de “Cuarto Poder”, Flores Ancachi habría obligado a los trabajadores de su despacho y de la Comisión de Energía y Minas, que presidió en el periodo 2022-2023, a que le entreguen sumas de dinero de sus haberes.

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El legislador, quien también ha sido sindicado por el Ministerio Público como integrante de ‘Los Niños’, aparentemente habría obligado a sus trabajadores a entregarle una cuota del 10% de sus salarios y la mitad de todos los bonos que recibían.