PJ ordena ubicación y captura de Michael Urtecho luego de que la PNP reportó que estaba con paradero desconocido

El Poder Judicial ordenó la ubicación y captura del excongresista Michael Urtecho y de su esposa, Claudia Gonzales, para que cumplan sus condenas por recorte sueldos a sus trabajadores parlamentarios. La disposición se da luego de que un reporte de la Policía indicara que ambos habían abandonado su domicilio y estaban con paradero desconocido luego de que la Corte Suprema confirmó sus condenas de 22 y 28 años de prisión, respectivamente, el pasado 8 de noviembre.

Desde que fueron sentenciados en primera instancia en septiembre del 2023, Michael Urtecho y Claudia Gonzales cumplían un régimen por el cual la Policía debía ir todos los días a su vivienda para verificar que permanecían allí. Esto hasta que su sentencia sea confirmada. Sin embargo, un informe de la División de Arresto Domiciliario de la PNP indicó que la pareja quebró la medida y estaba con paradero desconocido: cuando la policía los fue a buscar el mismo 8 de noviembre, día en que se confirmó su sentencia, ya no los encontraron.

José Orrego, abogado del excongresista durante la apelación de su sentencia, dijo a El Comercio que no tenía “ninguna comunicación con el Sr. Urtecho y su esposa desde que se dicto la sentencia en la Corte Suprema”. Sobre su actual paradero o sobre si la Policía llegó a detenerlo, respondió: “No tengo ninguna información al respecto”.

En septiembre del 2023, Michael Urtecho se convirtió en el primer excongresista peruano en ser condenado a prisión por recortar sueldos a sus trabajadores parlamentarios. Aquella vez, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema le impuso 22 años y 5 meses de prisión por enriquecimiento ilícito y concusión. Para su esposa y cómplice, Claudia Gonzalez, se dictaron 28 años de condena.

Sin embargo, la misma sala también dispuso que la pena se ejecute solo si era confirmada en segunda instancia. Hasta entonces, les impusieron reglas de conducta. Una de ellas era que la Policía verifique “diariamente” que ambos sentenciados “se encuentren en el interior” de su domicilio, en un departamento en La Molina. Como era de esperarse, la defensa apeló y el caso llegó, en segunda instancia, a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Ese tribunal ratificó la condena el pasado 8 de noviembre y dispuso el internamiento de los condenados en un penal. Fue en una audiencia virtual realizada ese día a las 8:00 a.m., en la que se pudo ver conectada a Claudia Gonzales, al menos al inicio de la sesión. Según el reporte de la PNP, un policía fue ese mismo día, a las 9:20 a.m., a la vivienda de los esposos. Los atendió un familiar, que indicó que ya no estaban en el lugar,

Michael Urtecho fue sentenciado por haber recortado, con la complicidad de su esposa, los sueldos de sus trabajadoras parlamentarias Gladys Flores, Estela Bocanegra, Carla Paredes y Evelyn Goycochea. El sentenciado fue congresista por La Libertad desde el 2006 hasta su destitución por este caso en el 2013. En ese periodo, fue presidente de la Comisión Especial de Discapacidad y segundo vicepresidente de la Mesa Directiva (2009-10)

El Poder Judicial consideró que durante el juicio se probó el método que usaron el congresista y su esposa para el recorte de sueldos. En el caso de Gladys Flores, la más antigua de las trabajadoras por las que fueron condenados, se le informó sobre el recorte luego de que vino de Trujillo a Lima para trabajar e inicialmente se le dio la indicación de entregar directamente el dinero que le pagaba el Congreso. Esto comenzó en agosto del 2006 y se extendió hasta octubre.

Al analizar la responsabilidad civil del acusado, se determinó que Michael Urtecho retuvo ilegalmente un total de S/ 430.666,06 del sueldo de sus trabajadores. Según el tribunal, el congresista abusó de su cargo al “obligar a entregar tanto la remuneración, como la tarjeta sueldo”. Esto privó a los trabajadores de poder acceder libremente al dinero que les correspondía como remuneración por su trabajo, lo que fue “un acto de abuso” hacia sus servidores dependientes, más aun “si esto se hace a cambio de mantenerlos en los puestos laborales”.