Nadine Heredia podría volver a la cárcel por el gasoducto

Por Graciela Villasís y Giovanna Castañeda

Unidad de Investigación

La fiscal Geovana Mori solicitó ayer al Poder Judicial una orden de prisión preventiva por 36 meses contra la ex primera dama Nadine Heredia, como parte de la investigación que se le sigue por los presuntos hechos ilícitos que habría cometido dentro del proceso de concesión del proyecto gasoducto sur peruano (GSP), otorgado a Odebrecht.

El pedido fiscal también alcanza a Luis Miguel Castilla Rubio y Eleodoro Mayorga Alba, quienes fueron ministros de Economía y Finanzas y Energía y Minas, respectivamente, en el gobierno de Ollanta Humala.

“Antes del desarrollo de esta diligencia, la fiscal Geovana Mori ya había formalizado una investigación preparatoria y, según lo que he sido informado, el día de hoy [ayer, la fiscal Mori] ha presentado un requerimiento de prisión preventiva contra Nadine Heredia, Luis Castilla y Eleodoro Mayorga con fines de aseguramiento procesal”, anunció anoche el coordinador del equipo especial de la fiscalía para el Caso Lava Jato, Rafael Vela, desde Curitiba, en Brasil.

“Ciertamente yo no conozco los contenidos de los documentos. Están ya presentados al Poder Judicial y esperemos que se desarrollen las audiencias correspondientes y se amparen las solicitudes de parte del Ministerio Público”, agregó.

Al ser consultado si el pedido de Mori tiene relación con la información obtenida en el interrogatorio del martes a Rodney Carvalho, ex director ejecutivo del Gasoducto Sur Peruano, Vela respondió que “no necesariamente”. “Toda la información que se produce día a día debe ser incorporada como corresponde y será evaluada también en su oportunidad”, añadió.

El pasado martes, Carvalho declaró a los fiscales peruanos que cinco días antes de que se eligiera oficialmente al consorcio ganador de la concesión, anunciado el 30 junio del 2014, Odebrecht ya tenía certeza de que ganaría esa licitación junto a Enagás. Además, aseguró que se reunía con el exministro Mayorga para coordinar temas sobre el gasoducto cuando aún no se había dado la licitación.

Hace unas semanas, Mori dispuso la formalización de investigación preparatoria para Heredia, Castilla y Mayorga, y para otros exministros y exfuncionarios de la gestión de Humala.

En la investigación por presuntamente haber favorecido a Odebrecht en el proceso de concesión del GSP, que se adjudicó la empresa brasileña en el 2014 por más de US$7 mil millones, Mori imputa a Heredia, Castilla y Mayorga los delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión agravada.

Según la hipótesis fiscal, Heredia actuó como una “funcionaria de facto” para favorecer a Odebrecht en el millonario proyecto. Para ello, presuntamente encabezó junto a su esposo una organización criminal enquistada en el Gobierno Central.

En tanto, para Mori, los exministros Castilla y Mayorga habrían tenido el rol de promover condiciones favorables a la constructora brasileña para que ganara la buena pro.

Según la fiscalía, ambos “habrían formado parte del pacto colusorio [con Odebrecht] en perjuicio del patrimonio del Estado”. De esta forma, los exministros son incluidos por el Ministerio Público en el segundo nivel de la estructura que operó desde Palacio de Gobierno en beneficio de Odebrecht.

Sobre Mayorga, el rol que le sindica la fiscalía es que, como ministro y como parte del consejo directivo de Pro Inversión, promovió gestiones a favor de que determinados contratos “se desarrollen conforme a la consecución de los objetivos de la organización”.

Respecto a Castilla, para la fiscalía era un “brazo dentro del nivel funcional de la organización criminal liderada por Heredia” que habría facilitado que Odebrecht gane el proyecto”. Para la fiscal Mori, el exministro tuvo “injerencia e interés concreto”.

Descargos

“Expreso mi indignación por el abuso que significa un pedido de prisión preventiva sin fundamento”, respondió Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, a El Comercio.

La defensa remarcó que en este caso “hay especulaciones, declaraciones de colaboradores sin verificar e información sin relevancia”. Negó que exista peligro procesal de su patrocinada.

“Lo anunciado por el fiscal Vela desde Curitiba solo muestra la intención de responder a las presiones mediáticas que han venido pidiendo esta medida. Espero que el Poder Judicial no ceda a la presión”, concluyó.

En tanto, Castilla señaló a este Diario que “tomaba con asombro” el pedido. “Me someto a la justicia y les solicito a los jueces que tomen la mejor decisión que se ajuste a ley. Quien no la debe no la teme”, sostuvo.

Agregó que lo sorprendió que solo sea contra él y Mayorga: “Si un [ex]ministro se está acogiendo a la colaboración eficaz, se le tendrá que juzgar por los delitos que ha cometido y las afirmaciones tienen que ser corroboradas”.

Este Diario trató de comunicarse con Mayorga, a través de llamadas y mensajes. Hasta el cierre de esta edición no tuvimos respuesta.

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