Nelson Shack: “Obviamente, [Edmer Trujillo] tiene que haber sabido de los pagos”

El contralor Nelson Shack consideró que el Ministerio Público debe llamar a declarar a los 14 exfuncionarios del Gobierno Regional de Moquegua que han sido denunciados por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, a fin de que respondan sobre si fueron presionados para acelerar el millonario pago por el hospital durante la administración de Martín Vizcarra.

— ¿Por qué la contraloría omitió incluir a Edmer Trujillo, el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, en el informe en el que advierte irregularidades en los pagos por el hospital regional de Moquegua?

Tal como se expresa en el informe, que es producto de un análisis técnico, el entonces gerente general del gobierno regional [de Moquegua], el actual ministro [de Transportes y Comunicaciones] Edmer Trujillo, no está comprendido de los alcances bajo responsabilidad administrativa porque él dispone que se efectúen una serie de acciones de acuerdo a la normatividad vigente [en la transferencia de S/41,8 millones]. Y eso es lo que la contraloría ha observado, que en la cadena administrativa en la que se realizan esos pagos se presentan una serie de irregularidades.

— Trujillo emitió la orden para que se transfieran los S/41,8 millones al Consorcio Hospitalario Moquegua, formado por ICCGSA y la empresa Incot. Sin ese documento, el dinero no salía…

La orden que da el señor gerente general [Trujillo] es lo que finalmente conduce al pago, pero él da una instrucción de que se siga de “acuerdo a la normatividad vigente”, y al momento de desplegar la orden es que se presentan estas irregularidades. Es por eso que, desde la perspectiva administrativa, no está comprendido en los alcances de la auditoría. Eso no significa… A mí me han preguntado: ¿usted cree que el gerente general sabía que se iban a hacer estos pagos? Obviamente, tiene que haber sabido, son pagos demasiado importantes y al cierre del año como para creer que un gerente general [los] desconoce. Pero de ahí a que en los papeles tenga responsabilidad, esa es otra cosa muy diferente. La contraloría hace una investigación estrictamente con arreglo en lo está en el expediente, nosotros no podemos interrogar a nadie ni levantar el secreto a las comunicaciones.

— ¿Y cuáles son las irregularidades que han detectado?

Las irregularidades que se han cometido están asociadas a que ha habido una aplicación equivocada de la actualización de los precios a favor del contratista. En segundo lugar, que el cálculo de ese adelanto se ha hecho en contra de lo que establecen las normas vigentes. Los adelantos pueden ser por materiales, pero no por mano de obra ni por alquiler de maquinarias. Lo que se ha hecho ahí es un adelanto global. Tampoco se ajustaba a los cronogramas de ejecución de la obra.

— ¿Y usted cree que Martín Vizcarra, como gobernador regional, conocía de este pago?

Es difícil pensar que la autoridad política esté metida en los detalles operativos de la realización de ciertos pagos, obviamente este es un pago importante...

— ¿Es posible que en una región, con todo el respeto que merece, pequeña como Moquegua, el gobernador no supiera sobre una transferencia de S/41,8 millones que se hace un día antes de que concluya su administración?

No. Yo creo que también es poco probable que [Martín Vizcarra] no supiera, pero una cosa es que sepa que se hace la transferencia y otra es saber el detalle: si esa transferencia está hecha con arreglo a la norma o no. Es casi imposible pensar que no va a saber qué se iba a hacer el día final de su gestión. Pero ahí el punto fundamental no es que se haya hecho la transferencia el último día del año. El gobernador regional, el gerente general y los funcionarios son responsables, tiene capacidad de decisión y poder de firma sobre los recursos públicos que se les ha encargado hasta el último minuto de su administración.

— Todo el procedimiento para el pago se hizo en 24 horas. ¿Es normal? ¿Puede ser así de acelerado?

¿Se puede hacer un procedimiento legalmente de manera acelerada en 24 horas? Por supuesto que sí, pero no es lo usual, porque el gran problema de hacerlo tan rápido es que precisamente no han tenido la oportunidad de fijarse en seguir más prolijamente todos los procedimientos…

— Usted dijo, al pronunciarse sobre la ausencia del presidente Martín Vizcarra en el informe, que “las altas autoridades políticas, como por ejemplo un gobernador regional, no ejecutan los procedimientos”. Sin embargo, la exautoridad de Moquegua sí firmó un documento crucial: la Resolución Ejecutiva Regional 1781-2014-GR/MOQ, que ordenaba aprobar el expediente técnico del hospital. Sin esta orden, el giro no se habría realizado.

No solamente el giro, sin esa orden [de Vizcarra] no se hubiera hecho absolutamente nada, porque no había expediente técnico. Pero ahí la autoridad política es responsable, de acuerdo a sus funciones, de ciertas acciones. No podemos comprender administrativamente a una autoridad política en la toma de ciertas acciones por la firma de una resolución. En la jurisprudencia, y esa es una regla general en la administración pública, existe el principio de confianza. Yo firmó un montón de resoluciones aquí, en la contraloría; sin embargo, administrativamente no soy responsable. En este caso [del hospital de Moquegua] estaban todos los informes que daban conformidad a lo que en su momento el gobernador suscribió. En la auditoría hemos encontrado que el expediente técnico tenía una serie de defectos. ¿Cómo se aprueba un expediente técnico que no tiene Estudio de Impacto Ambiental? Pero si los informes dicen que todo está bien, pues la autoridad política, bajo el principio de confianza, firma y no será responsable administrativamente de ello.

— ¿Y Trujillo, como gerente regional, no debió revisar los documentos? El ministro refiere que se basó en un informe de la empresa ATA, pero la contraloría señala que ese documento tiene deficiencias.

Tiene que haber revisado. De hecho, efectivamente, cuando le elevan las cosas al gobernador regional para que suscriba debió estar todo ordenado. Sin embargo, en esta resolución regional estaban los informes de infraestructura, de las áreas especializadas, todas decían que todo estaba OK. Entonces, no podemos pretender responsabilizar administrativamente a una autoridad por el solo hecho de firmar.

— Trujillo no era una autoridad política en el GORE de Moquegua, sino administrativa. ¿No debió revisar que todos los documentos estuvieran conformes?

Sí, pero una cosa es revisar que los documentos estén conformes… el señor Trujillo o [cualquier] gerente general no va a volver a rehacer los documentos. Si el área especializada dice que efectivamente esto es así, el gerente general tiene que confiar que eso está en lo correcto.

— ¿Usted cree que los jefes de las áreas especializadas se mandaron independientemente del gobernador regional y del gerente general para decir que todo estaba conforme y sacar el pago en 24 horas?

Esa es una especulación. Lo que sucede es que, precisamente, esa es la razón por la que nosotros hemos encontrado responsabilidad en todos esos funcionarios. Reitero que, administrativamente hablando, no hay manera de comprender a las altas autoridades en este procedimiento porque ellos han cumplido con su función.

— Si el Ministerio Público interroga a estos 14 [exfuncionarios denunciados por la contraloría]…

Ah, eso es otra cosa […]. Seguramente el Ministerio Público citará a todos estos funcionarios y le dirá… va a hacer las acciones de investigación a las que nosotros no estamos facultados, nosotros miramos lo que está en los papeles en el expediente, yo no puedo citar al jefe de infraestructura [del GORE de Moquegua] para decirle: “A ver, cuénteme, cómo pasó, usted recibió o no presiones de alguna autoridad para hacer esto, le dijeron que lo haga rápido, que se salte los procedimientos”. Esas acciones son parte de la investigación fiscal que entiendo el Ministerio Público tendrá que hacerlas.

— Vizcarra, como gobernador regional de Moquegua, firmó un acuerdo con el Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud (Parsalud). De esta manera, a partir del 31 de diciembre del 2014, este organismo asume la obra. Y la siguiente administración, por ende, ya no podía anular ni modificar el adelanto realizado…

No, porque el hecho de que [la obra del hospital] la asuma el Parsalud, una entidad del Gobierno Central, eso es parte de sus funciones…

— ¿No se bloqueó lo que podía hacer el gobierno regional que sucedió a la administración de Vizcarra?

No, hay que ser conscientes de que lo importante en todos estos procesos es que si yo entro como nueva autoridad y me doy cuenta de que todo esto está mal, pues trato de tomar las medidas correctivas respectivas, pero eso no significa que por la firma de un convenio ya no voy a poder tomar las medidas correctivas. Ahora, estamos hablando de adelantos que se han dado mal. Si la obra todavía está en la concurrencia, si todavía se está ejecutando, tengo la posibilidad de que, al momento de hacer la liquidación de la obra, todas estas cosas que están mal hechas y todos estos sobrepagos que se le ha dado al contratista se anulen y se liquide adecuadamente.

— ¿Hubo un interés de la administración de Vizcarra en Moquegua de favorecer al contratista?

Eso no lo podríamos decir nosotros porque no hemos encontrado ninguna evidencia que en el proceso de selección haya habido un direccionamiento…

— ¿Me refiero al pago?

No, es que no se trata de suponer que va a haber una intención de favorecer. Creo y siempre he pensado en la buena fe de todos los gobernadores regionales y todas las instituciones públicas, en el sentido de que queremos que las obras se hagan y eso no está mal, hay que hacer ese esfuerzo y todo lo necesario para que así sea. Esto no significa que no vas a respetar el debido procedimiento, para esto existen. Un acto irregular es un acto que no está llevado de acuerdo a la norma.

— ¿La contraloría ha podido determinar si hubo perjuicio económico?

Sí, por supuesto, ha habido una serie de perjuicios económicos. Se ha pagado como un adicional de obra algo que ya estaba dentro del contrato, cómo voy a pagar más de S/5 millones por algo que ya se había contratado. Es como si comprara, disculpando la sencillez, un juego de sala y no viene la mesa de centro. Y el proveedor me la da, pero me cobra, cuando originalmente en el contrato estaba con una mesa de centro. De acuerdo a lo que aparece en el informe, el perjuicio económico concreto y real es de S/5,5 millones.

— Tras el informe de la contraloría, ¿cuáles son los pasos que debe tomar el Ministerio Público?

El Ministerio Público tiene que valorar el contenido de este informe y hacer las investigaciones que corresponde, comprendiendo a los funcionarios que pueda comprender. Seguramente el fiscal estará estudiando el informe. Entonces, empezará a citar a todas las personas involucradas para que den sus declaraciones. Y a partir de ahí podrá empezar a analizar qué es lo que sucedió respecto a cuál ha sido realmente la participación o no de las autoridades del gobierno regional sobre la aplicación de estas irregularidades.

— El procurador anticorrupción Amado Enco denunció a Trujillo. ¿Cree que el titular del MTC debe ser incorporado a la investigación fiscal por el hospital de Moquegua?

Bueno, eso es algo sobre lo cual nosotros no nos podemos pronunciar. Sí he leído las declaraciones y las acciones del procurador Enco y entiendo que él no solo ha tenido la oportunidad de revisar el informe, sino que está en el marco de sus competencias, haciendo uso de sus facultades.

— ¿La contraloría ha podido advertir cuál fue el rol de ATA (Asesores Técnicos Asociados), empresa que le pertenece al exministro de Agricultura José Hernández? Es un poco extraño que dos amigos [Vizcarra y Hernández] se reúnan para sacar adelante un proyecto millonario…

Sí, efectivamente, a veces hay estas “casualidades” que se presentan en la vida, ¿no? Pero el informe de auditoría es técnico, no llega a analizar estas presuntas vinculaciones.

— ¿Ustedes enviaron el informe al Ministerio Público en setiembre de este año?

Sí.

— Es decir, nueve meses después de que estuviera listo. ¿Por qué la demora?

Sí, lo que pasa es que tuvimos problemas, una serie de reestructuraciones en la procuraduría [de la contraloría]. Como ustedes se puedes imaginar, tuvimos la mala suerte de tener a un procurador que fue acusado por una serie de irregularidades que cometió aquí, incluso por acoso. Entonces, tuvimos que reestructurar toda la organización, solicitar el cambio de este procurador, [pasamos por] una serie de situaciones que prácticamente hicieron que este tema se alargue un poco. Normalmente, dada la cantidad de informes que producimos, no es que sale un informe y al mes siguiente está en la procuraduría y en la fiscalía, normalmente se demora un par de meses.

— ¿Nueve meses?

No, nueve meses no. En este caso efectivamente tenemos que reconocer que ahí hemos tenido un problema […]. Una vez que se ha reestructurado nuestra procuraduría se ha desembalsado.

— Tres de los catorce exfuncionarios del gobierno regional de Moquegua que la contraloría recomienda denunciar por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, actualmente trabajan en el MTC. ¿Este hecho contradice la lucha anticorrupción del gobierno?

Lo que pasa es que existe la debida presunción de inocencia […]. Pero eso [la permanencia de estos funcionarios en el MTC] va a depender de la valoración que hagan las autoridades políticas.

— Si a estos tres funcionarios se les acusa de malos procedimientos, ¿no es riesgo que estén en el MTC?

Bueno, es que precisamente hay que ser conscientes de que estamos en un estado constitucional de derecho. El informe [de la contraloría] está generando evidencia de que [estas personas] tienen presunta responsabilidad penal en este caso [hospital de Moquegua], pero no somos nosotros los llamados a establecer si esa responsabilidad se ha concretado o no. Para eso está el sistema de justicia y hasta que no haya una sentencia judicial firme, que ahí sí los excluye automáticamente del sector público, depende de su autoridad para valorar la situación, valorar esos riesgos que usted menciona que son ciertamente evidentes.

— Para cerrar esta entrevista, le reitero una pregunta. ¿Cree que estos 14 funcionarios de menor nivel, que la contraloría denuncia, no tenían la autorización de Vizcarra y de Trujillo para hacer todo el procedimiento? Es como si un trabajador suyo autorice un pago millonario sin que usted sepa cómo se hizo.

No, yo creo que evidentemente tienen que saber, pero difícilmente podrían conocer exactamente el detalle. Si aquí hay una operación muy grande en la contraloría, cómo yo no voy a saber, pero no entró en el detalle. Ya es tarea del Ministerio Público empezar a citar a declarar a todos estos funcionarios para que les cuenten cómo ha sido.