Lo que podría ser la buena noticia de un nuevo trabajo, desde hace unos días se le ha convertido en un dolor de cabeza. Yaritza Chanzapa Castro, una joven abogada de 26 años de la provincia de Moyobamba (San Martín), ganó una plaza en una entidad pública de su región; sin embargo, fue descalificada. No por falta de méritos, sino por una afiliación indebida.
“Estoy segura que han tomado mi firma, mis datos, sin mi consentimiento”, explicó Chanzapa en diálogo con El Comercio.
Su testimonio se suma así a la serie de irregularidades que pesan entorno a Ciudadanos por el Perú (CPP), el partido vinculado a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, el cual aún busca su inscripción ante las autoridades electorales.
Tras meses de estar inmersa en un concurso público de la Contraloría General de la República, Yaritza Chanzapa resultó ganadora y acudió a firmar su contrato. Había ganado una plaza y fue designada a laborar en la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Educación de San Martín - Moyobamba.
Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando le comunicaron que arrojaba una “incompatibilidad”: su nombre aparece afiliado a CPP, tal como aún consta en la web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
El problema ―y lo grave― es que Chanzapa, según su propio testimonio, nunca solicitó su afiliación. Lo sabe bien pues ya antes ha tenido experiencia en la administración pública, como el propio JNE, y sabe que una afiliación podría afectar una eventual postulación.
“Me dan la sorpresa porque yo nunca he sido partidaria de ningún partido, nunca he tenido ese interés (..). Y revisando la página [del JNE], realmente veo que sí estoy afiliada, pero no sé cuándo ni cómo sucedió, ya que no he dado ni he manifestado mi voluntad para participar en un partido político”, apuntó.
Antes de este episodio, Chanzapa asegura no haber sabido del partido CPP. También niega que algún otro familiar suyo esté vinculado a la agrupación política. Y menos dice conocer al hermanísimo presidencial, actualmente señalado por la fiscalía por presuntamente instrumentalizar el aparato estatal, a través de las prefecturas y subprefecturas, para promover la inscripción de CPP.
La joven abogada no se explica cómo sus datos aparecieron en una ficha de afiliación, que requiere foto, nombres, DNI, fecha de nacimiento, correo electrónico, teléfono, así como una firma y huella digital. “Nunca he firmado ese tipo de documento”, aseveró.
Tras haber tenido que trasladarse cerca de tres horas hacia la oficina desconcentrada del JNE más cercana a su distrito, ayer —14 de junio— Chanzapa solicitó formalmente al JNE su desafiliación por afiliación indebida, el proceso formal que se sigue en este organismo electoral.
“Solicito la desafiliación de la organización política partido Ciudadanos por el Perú, el mismo que se encuentra en proceso de inscripción. Además, solicito se registre en la plataforma la exclusión de mi persona de la mencionada organización política, toda vez que he sido afiliada sin mi consentimiento ni voluntad”, se lee en el documento.
Sin embargo, en tanto dure ese proceso, ya vio afectado su derecho laboral por una afiliación irregular.
Las implicancias
Alberto Moreno, dirigente de CPP, insistió en que, tras conocerse las denuncias, la agrupación optó por separar a todos los comités provinciales de San Martín, previo a su solicitud de inscripción solicitada a principios de este año.
Y que algunas fichas recogidas antes pueden haberse incluido en el legajo presentado al JNE. Sin embargo, volvió a minimizar el tema.
“Nosotros no hemos presentado ante el JNE ningún tipo de base o organización de San Martín. Por tanto, lo que hayan hecho los dirigentes en esa zona, en esa oportunidad, escapa a nuestra responsabilidad”, indicó Moreno en diálogo con El Comercio.
“Si por ahí se filtró alguno, no sabría. Pero, en todo caso, eso amerita una investigación, el ciudadano tiene toda la razón para demostrar y nosotros para responder; y el jurado para investigar”, subrayó en otro momento.
Alejandro Rospigliosi, especialista en temas electorales, mencionó que la afectada podría denunciar penalmente al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del partido, pues se configuraría un robo de identidad, falsificación, así como delito contra la fe pública.
“Debe investigarse. No vaya a ser que estemos ante una fábrica de firmas falsas. Siempre hay un margen de error, pero cuidado, tener ello a estas alturas es inaceptable”, cuestionó.
Subprefectos también aparecen en padrones
En un informe publicado el pasado 27 de mayo, El Comercio reveló que los nombres de 70 subprefectos y exsubprefectos de más de diez regiones del país figuran entre los padrones proporcionados por CPP.
De ellos, específicamente 64 fueron designados directamente por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte a lo largo del 2023 y, a buena cuenta, la gran mayoría —59 de ellos— aún se mantenían en el cargo.
San Martín, de hecho, es la región que registra la mayor cantidad casos detectados de autoridades políticas.
Pero, además de ello, hay un hecho relevante que arroja la investigación realizada por este Diario. Y es que, en varios casos, no solo es el subprefecto el que aparece en los padrones de CPP, sino también sus familiares. El Comercio identificó, por lo menos, cerca de 40 hermanos de las autoridades, aunque no se descarta que hallan más familiares en el padrón.
El uso de las autoridades políticas está siendo investigado tanto por la Fiscalía Anticorrupción de Tarapoto como por el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Efficop), que dirige la fiscal Marita Barreto.
Este último despacho señala que Nicanor Boluarte, “aprovechando el poder de facto otorgado por su hermana” desde la Presidencia, “habría iniciado su programa criminal de instrumentalizar las prefecturas y subprefecturas a nivel nacional”.
“Para hacerse de dádivas económicas y, claro, condicionar a todos ellos para que capten afiliados para el registro de su partido político Ciudadanos por el Perú”, se indica en uno de los documentos fiscales del caso.
