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La abogada Liz Patricia Benavides Vargas fue elegida fiscal de la Nación tras una sesión de la Junta de Fiscales Supremos efectuada el lunes. De esa forma, sucederá al frente del Ministerio Público a Pablo Sánchez, quien ocupaba el cargo de forma interina desde el 30 de marzo pasado, luego de que concluyera el mandato de tres años de Zoraida Ávalos.
La elección se realizó en una sesión extraordinaria de la junta, convocada por Sánchez solo tres días después de que dicho cuerpo de magistrados se reuniera por primera vez tras la incorporación de Benavides Vargas y Juan Villena Campana como fiscales supremos.
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Esa reunión del pasado viernes permitió completar el quórum reglamentario de la junta. Ambos fiscales supremos recién incorporados juraron sus respectivos cargos el último martes 14, luego de ser seleccionados en un concurso público llevado a cabo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Su juramentación como fiscal de la Nación se realizaría la próxima semana.
El Comercio pudo conocer que Benavides tiene la misma línea que su antecesor Pablo Sánchez respecto de la posibilidad de investigar a un presidente de la República en funciones. Por tanto, según fuentes de la institución, mantiene la postura de continuar la pesquisa contra el mandatario Pedro Castillo.
A fines de mayo, Sánchez decidió iniciar una investigación preliminar a Castillo Terrones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, un hecho sin precedentes debido a que anteriores fiscales de la Nación habían tenido reparos en investigar a un mandatario en funciones a partir de interpretaciones del artículo 117 de la Constitución.
Incluso, Sánchez citó al presidente para el viernes último y el pliego interrogatorio incluyó cien preguntas.
Las mismas fuentes fiscales acotaron a este Diario que Benavides no estuvo de acuerdo con la decisión tomada por Ávalos en enero pasado.
La exfiscal de la Nación decidió abrir dos investigaciones contra Castillo −una por los casos Petro-Perú y Puente Tarata y otra por una supuesta interferencia en los ascensos en las Fuerzas Armadas− pero las terminó suspendiendo hasta el fin del período del mandatario.
Este Diario también pudo conocer que Sánchez evaluó la posibilidad de crear un equipo especial de fiscales para los casos que involucran al actual gobierno. Sin embargo, no ejecutó la iniciativa debido a que su función es interina.
Para su elección, Benavides obtuvo los votos favorables de Sánchez, Ávalos y Villena.
Perfil de la magistrada
Natural de Huancavelica, Benavides tiene 53 años y cuenta con 25 años de trayectoria en el Ministerio Público. Es abogada por la Universidad de Lima. Tiene también una maestría en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén, España, así como un doctorado en Derecho por la Universidad Alas Peruanas.
En el concurso público para el nombramiento de fiscales supremos, Benavides ocupó el primer lugar del cuadro de méritos con 89,09 puntos.
En el 2002 fue nombrada fiscal provincial titular y en los últimos once años se desempeñó como fiscal adjunta suprema titular adscrita a la Fiscalía de la Nación.
Bajo esa función, trabajó con los últimos cinco fiscales de la Nación en casos como La Centralita, la Red Orellana y Los Cuellos Blancos del Puerto.
En enero del 2019, como fiscal adjunta suprema adscrita a la fiscalía de la Nación, Benavides pidió a Pedro Chávarry, entonces titular del Ministerio Público, que diera un paso al costado y permitiera “una salida democrática” a la crisis que atravesaba esa institución producto de la remoción temporal −que calificó de “inadecuada”− de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.
Reacciones
Para Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, capítulo peruano de Transparencia Internacional, la decisión tomada por Sánchez de investigar a Castillo fue importante, por ello manifestó a este Diario: “No debería retroceder la nueva fiscal de la Nación en ese sentido. Esperaríamos que continúe con esa investigación”.
Las reacciones vinieron también desde distintos actores políticos.
“En manos de la nueva fiscal de la Nación, Patricia Benavides, está ahora devolverle al país la estabilidad y seguridad que se necesita en esta crisis generada por la incapacidad de Castillo y su gobierno de corrupción. Las investigaciones no se pueden detener. El pueblo exige justicia”, dijo en Twitter Patricia Chirinos, tercera vicepresidenta del Parlamento.
“En manos de una mujer recae la responsabilidad de la Fiscalía de la Nación. Que actúe de acuerdo a ley y con firmeza ante tantos actos de corrupción de este gobierno”, escribió Norma Yarrow, legisladora de Avanza País.
El ministro de Justicia, Félix Chero, saludó la designación de Benavides y abogó por un trabajo conjunto. El titular del Interior, Dimitri Senmache, le auguró éxitos en su gestión y le solicitó que le conceda pronto una reunión de coordinación.
PROYECTO
El presidente Pedro Castillo, el primer ministro Aníbal Torres y el titular de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero, evaluaron ayer en Palacio de Gobierno la elaboración de un proyecto de ley para sancionar a fiscales, jueces, abogados y policías por filtraciones de información correspondientes a una investigación en curso.
RIESGO
Expertos advirtieron recientemente que tal iniciativa anunciada días atrás por Chero buscaría frenar los casos que afecten al Gobierno y perjudicaría el derecho a la información y el trabajo de la prensa.
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