El exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio afrontará las investigaciones por el Caso Lava Jato en la cárcel. Así lo determinó la jueza María Álvarez Camacho, quien aceptó la solicitud realizada por la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, de 24 meses de prisión preventiva para el líder de Solidaridad Nacional.
Al exalcalde de Lima y a la exexgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima se le imputan los delitos de lavado de activos, asociación ilícita para delinquir y colusión agravada, en tanto que al excongresista, solo los dos primeros. También está comprendido en la investigación Martín Bustamante Castro, exhombre de confianza de Castañeda y hasta hace cuatro meses teniente alcalde de la Municipalidad de Miraflores.
De acuerdo a la tesis de la fiscalía, Castañeda Lossio habría constituido una organización criminal con personas de su entera confianza vinculadas a la municipalidad de Lima. ¿Cuál era la función que habría ejercido cada uno de los integrantes de la presunta asociación delictiva?
Según la fiscalía, cada miembro tenía una labor específica para coadyuvar en los objetivos trazados, es decir en gestionar los recursos de la municipalidad en favor de la organización y de las empresas vinculadas a su entorno. A continuación, detallamos el rol que cumplía cada investigado, de acuerdo a la tesis del Ministerio Público.
1. Luis Castañeda Lossio
Para la fiscalía, el exalcade de Lima habría constituido y promovido a fines del 2014 una organización criminal con su personal de entera confianza de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en el marco de las elecciones municipales de Lima Metropolitana 2014 y el Proyecto de Concesión Línea Amarilla. Castañeda Lossio tenía la condición de líder de esa asociación delictiva instaurada en la mencionada institución.
En su calidad de fundador, integrante y líder se habría encargado de la parte directiva, habiéndose ocupado principalmente de captar personal que se integre y cumplan un determinado rol en la agrupación criminal, que era lograr la realización del Bypass 28 de Julio en lugar del Proyecto Río Verde. Igualmente coordinaba y se reunía con ejecutivos de las empresas OAS y Odebrecht, todo ello a cambio del dinero ilícito que entregaron durante su campaña municipal 2014.
Para todos esos fines y siempre de acuerdo a la tesis fiscal, Luis Castañeda captó de forma directa a Jaime Villafuerte Quiroz y le otorgó el cargo de Gerente de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, quien a su vez, tras ser nombrado, procedió a contratar a Giselle Zegarra como consultora externa de la Municipalidad de Lima, por orden del entonces burgomaestre.
2. Martín Bustamante Castro
Junto con el excongresista José Luna, el hombre de confianza en la Municipalidad de Lima durante las tres gestiones de Luis Castañeda se encontraba en la segunda línea de mando de la organización criminal. Realizaba una función de coordinación entre el aparato económico con el jefe de la asociación delictiva.
El también exdirigente de Solidaridad Nacional se habría encargado de proporcionar a la organización de recursos económicos, a través de la recaudación de fondos provenientes de distintas fuentes ilícitas, ingresándolas al sistema económico a través de acciones de lavado por intermedio de sus diversas empresas y administrándolas con conocimiento del líder de la organización Luis Castañeda.
Martín Bustamante, quien ahora es colaborador de la fiscalía, tenía la misión, por encargo de Castañeda, de ser el receptor de los aportes económicos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña municipal y de entregar, a su vez, ese dinero a José Luna y a otros miembros de la organización delictiva.
Así, Bustamante recibió en total US$480.000 de la constructora OAS y ese monto lo habría entregado a Luna en tres tandas diferentes.
Según la fiscalía, Bustamante también se encargó de realizar dos entregas de dinero a Italo Quispe Lévano, entonces jefe de prensa de Solidaridad Nacional. Una de US$70.000 que entregó en su domicilio y otra de US$80.000 en un restaurante de Miraflores.
3. José Luna Gálvez
De acuerdo a la fiscalía, el excongresista y exsecretario general del partido Solidaridad Nacional tenía la función de operador económico de la asociación ilícita liderada por Castañeda. Él se habría encargado de ejecutar actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia y traslado de activos ilícitos procedentes de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y de área paralela de OAS con la finalidad de darles apariencia de legalidad.
En su calidad de secretario general de Solidaridad Nacional y jefe de la campaña 2014 habría recibido dinero en efectivo y de manera directa en tres oportunidades distintas de manos de Martín Bustamante, según ha referido este. En total, US$ 480.000 que fue aporte de la constructora OAS para la campaña electoral. No obstante, el fundador del partido Podemos Perú ha reiterado que no recibió ese dinero.
Siempre de acuerdo a la fiscalía, Luna Gálvez también se habría encargado de recibir, en el domicilio de Bustamante, US$100.000 o US$120.000; proveniente de Odebrecht en el marco de la campaña municipal 2014. Dicho dinero le habría sido entregado con la finalidad de que lo ingrese al sistema económico peruano. Para ello, José Luna habría procedió a buscar a personas de su entorno para que figuren como supuestos aportantes a la campaña municipal.
También habría simulado el pago de honorarios a Luis Castañeda a través de la Universidad Telesup por supuestos servicios prestados y habría aparentado una compra-venta de una camioneta para el uso exclusivo del entonces alcalde de Lima.
4 - Giselle Zegarra
Según la fiscalía, la exexgerenta de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima se encargó primero de contactar a representantes de OAS con Castañeda Lossio; y luego pondría en ejecución los planes de la organización, proponiendo a otros integrantes para asumir cargos funcionariales al interior de la comuna limeña, así como generar coordinaciones con empresas vinculadas a su entorno para mantener y realizar proyectos de inversión.
A inicios del 2015, se le asignó dar asesoría legal y financiera al concejo capitalino en las tratativas directas con las empresas Odebrecht y OAS, en el marco de la realización de obras de gran envergadura como el Proyecto de Concesión Línea Amarilla.
De acuerdo a la fiscalía, ella se encargó de la parte operativa de la organización criminal. Como consultora externa, su rol era elaborar a través de su Consultora Zegarra Asociados S. Civil de E.I.R.L, un informe de diagnóstico del estado en que se hallaba el Contrato de Concesión del Proyecto Línea Amarilla.
También tenía que coordinar con Adelmario Pinheiro Filho, ejecutivo de OAS, para lograr la no suscripción del contrato del Proyecto Río Verde, pues Castañeda Lossio tenía la intención de realizar la obra By Pass 28 de Julio y Plaza Nueva. El proyecto Río Verde conforme estaba diseñado y negociado con la gestión de Susana Villarán le resultaban onerosos a OAS, por lo que tenían interés en reformularlo.
5 - Otros implicados
Otros de los investigados que, según la fiscalía, también habrían integrado la organización criminal que presuntamente lideraba Luis Castañeda son Jorge Zegarra Lévano (exmiembro del directorio de Emape y exmilitante de Solidaridad Nacional), Italo Quispe Lévano (exjefe de prensa de Solidaridad Nacional y de la Municipalidad de Lima), Julio Torres Romero (extesorero de Solidaridad Nacional y contador de Telesup), Jaime Villafuerte, (exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML y Alfieri Lucchetti R. (exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la MML).
Zegarra habría recibido de Martín Bustamante dos entregas de US$15.000 para los gastos judiciales que tenía Castañeda. Igualmente, Luis Nava ha declarado que este médico cirujano recibió dinero de Odebrecht para Castañeda para la campaña municipal del 2014.
A Quispe la fiscalía le imputa haber recibido dinero del exalcalde y de Bustamante “para pagos de procesos penales en contra de Castañeda Lossio y para gastos de campaña municipal”. El periodista ha negado reiteradamente la imputación. “Mi labor nada tenía que ver con contratos ni concesiones”, escribió en su cuenta de Twitter.
En el caso de Torres no hay una imputación, sino una “vinculación como tercero afectado a los hechos que vienen siendo investigados”. Se lo vincula “a la administración no solo de los aportes del partido Solidaridad Nacional, sino además a la administración de fondos de la Universidad Telesup [de Luna], la cual, según la tesis fiscal, habría servido para lavar el dinero ilícito recibido por las empresas OAS y Odebrecht”.
A Villafuerte se le atribuye haber suscrito una adenda para ejecutar cambios que conllevaron a mejoras en las condiciones contractuales y económicas para el concesionario del proyecto Línea Amarilla. También “haber modificado de manera irregular” el cambio del proyecto Río Verde por el Paso Inferior 28 de Julio.
Finalmente, a Lucchetti le imputan haber firmado en el 2015 la Adenda N° 1 del contrato “Obra del proyecto Río Verde y obras de integración urbana-obra Plaza Nueva y Paso Inferior 28 de Julio” sin reparar en un informe de la contraloría que advirtió riesgos en cuanto a la falta de un expediente técnico a nivel de ejecución de obra.