En una inspección a la obra en el 2015, Nadine Heredia estuvo junto al expresidente Ollanta Humala y al exjefe de OAS en el Perú Valfredo de Assis Ribeiro. (Foto: Presidencia de la República)
En una inspección a la obra en el 2015, Nadine Heredia estuvo junto al expresidente Ollanta Humala y al exjefe de OAS en el Perú Valfredo de Assis Ribeiro. (Foto: Presidencia de la República)
/ Luis Iparraguirre Prensa Presidencia del Peru

Lo último que se supo del Centro de Convenciones de Lima (LCC), una obra que costó más de S/500 millones durante el gobierno de y que se licitó en menos de 4 meses, fue que el expresidente de la empresa brasileña José Adelmário ‘Léo’ Pinheiro dijo a los fiscales peruanos que tenían “conocimiento de que se hicieron pagos ilícitos, pero que no sabía los detalles”. Esa declaración la dio en julio del 2019.

Desde hace una semana, un nuevo aspirante a colaborador eficaz brinda más detalles al equipo especial Lava Jato sobre las presuntas irregularidades que realizó OAS para ganar la millonaria licitación. Este testimonio se suma al de los cuatro colaboradores eficaces que han declarado por este caso.

El Comercio conoció que el último testigo detalló al fiscal Carlos Puma que, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), OAS accedió a las bases antes de que fueran publicadas para tener ventaja y ganar. Confesó que de ello estuvo informado el entonces ministro René Cornejo y que la ex primera dama Nadine Heredia tomaba decisiones sobre esta licitación. Una de las órdenes que habría dado –dijo– fue que OAS no participara con Graña y Montero (GyM).

–El enlace–

En marzo del 2014, el proyecto del LCC fue adjudicado a OAS: la obra costó S/539’127.577,88; es decir, S/14 millones más que su valor inicial. En el 2013, el MVCS firmó un convenio con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) –que se dedica a la problemática migratoria– para que se hiciera cargo del proceso de licitación.

Según cuenta el aspirante a colaborador, en julio del 2013, antes de que se convocara la licitación, el exjefe de la constructora en el Perú Valfredo de Assis Ribeiro le solicitó a Franco Burga –entonces jefe comercial de OAS– que preparase un estudio con los costos de centros de convenciones en América Latina. Esta información fue llevada al MVCS debido a la cercanía que habría tenido Ribeiro con Cornejo y Heredia: “Solicitó que se elabore una presentación del proyecto para que este le haga llegar a Cornejo [entonces ministro] y a Heredia”.

En ese entonces otro personaje entró en escena: el ingeniero Jorge Alfredo Prado Velarde, quien se habría convertido en el “enlace” entre OAS y el ministerio. “Sería el topo, la persona que trabajando en el MVCS proporcionaría información relevante y las bases para que OAS pudiera tener ventaja”, contó el aspirante al fiscal Puma. “Ribeiro dijo que con Prado tendríamos llegada directamente con René Cornejo y de acuerdo a lo que informaba Prado así fue”, añadió.

Prado figuraba como contratado por servicios de asesorías y supervisión en el MVCS entre el 2014 y el 2015 por un total de S/85.000.

“Prado traía y llevaba las bases del concurso. Ribeiro verificaba constantemente que esta tarea sea cumplida para informar al ministro Cornejo”, narró. Según precisó, se conocía que Prado estaba a cargo del proyecto de los teleféricos en Lima. Después de la adjudicación, Leonardo Fracassi –el sucesor de Ribeiro– comentó que Prado “se había ganado un automóvil o un monto similar al mismo”.

–La intervención de Heredia–

En ese período, un equipo de OAS se encargó de conseguir “el socio” que sería el arquitecto y encargado del expediente técnico. Este iba a ser Graña y Montero. Pero faltando poco tiempo para la presentación de la propuesta, Ribeiro le informó a Hernando Graña que ya no irían en consorcio “porque la señora Nadine Heredia no quería que así sea”.

“Esto generó una gran incomodidad en GyM, por lo que llegaron a un acuerdo de venta de participación o que OAS la subcontrataría para realizar los trabajos. Por este acuerdo es que OAS pudo utilizar a sus profesionales en la presentación de la propuesta”, contó. Según narró, meses después de la adjudicación, Hernando Graña convocó a Fracassi para que “se honrara” el acuerdo, “cosa que nunca ocurrió”.

Otros cuatro testimonios de colaboradores eficaces a los que accedió este Diario corroboran esa versión: señalan que Heredia advirtió a Ribeiro que OAS no tendría contratos si postulaba con Graña y Montero.

Este no fue el único rol de Heredia. En enero, de acuerdo con el testimonio, Ribeiro solicitó una presentación con todas las observaciones de OAS, que tenían que ser atendidas por el MVCS. Esta presentación “llegó a las manos” de Cornejo y de la ex primera dama. Todo ello fue antes de la adjudicación.

Para la presentación de la propuesta, el testigo señaló que un alto puntaje estaba considerado para la arquitectura del edificio. Heredia habría tenido la última palabra. “Esa evaluación iba a ser presentada a Heredia, a través de Ribeiro, porque ella tomaría la decisión de qué arquitectura era la que más le gustaba”, dijo. “Dentro de OAS se conocía que Ribeiro se reunía periódicamente con Heredia”, añadió.

–El pago–

Debido a que la licitación fue con OIM, Ribeiro le solicitó a Burga que localizara a alguien que tuviera “experiencia” en licitaciones que hayan sido administradas por este organismo. Según contó el testigo, Burga contactó con Adrián Delgado Marchello. “Llegan a un acuerdo que sería [un pago] por el 1,5% del monto contractual”, indicó.

Delgado Marchello ha ocupado más de un cargo en la administración pública. En el 2004, fue gerente general del Ministerio Público. En el 2006, fue director de la Oficina General de Administración de la PCM. Dos años después, ocupó la vicepresidencia del INPE.

“Sí hubo varios pagos a Delgado. Hubo un contrato. Luego de varios meses, Delgado insistía con que no le pagaban y que tomaría acciones. Dijo que él había sido presidente del INPE y que le debían favores”, contó.

En el 2015, Fracassi le pidió a Burga que buscara formas de pagarle. “Serían generando servicios inexistentes”, dijo. El testigo recordó que era probable que se hayan hecho a través de una “empresa de ingeniería y un servicio de estructuras metálicas”.

Los otros cuatro testimonios de colaboradores a la fiscalía coinciden: dijeron que se elaboró el contrato “Servicio de consultoría para la administración e ingeniería de costos” en el proyecto Línea Amarilla. El monto fue por US$100.000.

Más información

Antes de que René Cornejo fuera ministro de Vivienda, su consultora Corporación Helios brindó servicios a la empresa OAS para el proyecto Línea Amarilla. “Desde esa época hay una relación cercana entre Cornejo y Valfredo Ribeiro”, dijo el aspirante a colaborador al fiscal Carlos Puma.

OAS confesó que apoyó al Partido Nacionalista en el 2009, con aproximadamente US$180 mil, a través de un contrato ficticio a Rocío Calderón, amiga de Nadine Heredia. Otro testigo afirmó que la constructora dio dinero a Heredia cuando era primera dama para contratar encuestas.

–Descargos–

Exministro Cornejo niega participación

En diálogo con El Comercio, Wilfredo Pedraza, abogado de Nadine Heredia, dijo que no tenía “ninguna información” sobre este tema. “No hay ninguna investigación abierta [a Heredia]. No podría especular”, manifestó.

El exministro René Cornejo rechazó el testimonio sobre su participación. Afirmó que el tema está en investigación fiscal y que “en ese ámbito” brindará la información que le soliciten. “Lo que puedo decirle es que en el ministerio se hizo la preinversión y OIM, mediante convenio, estuvo a cargo el concurso”, agregó.

Este Diario también se comunicó con Adrián Delgado Marchello, quien negó la versión del testigo. “Es totalmente falso. Mi abogado lo está viendo”, respondió brevemente. Jorge Prado Velarde confirmó que trabajó “al inicio” del proceso de licitación del LCC, pero rechazó que fuera el “enlace” en el Ministerio de Vivienda. “Dejé el tema y empecé a ver los teleféricos. No tenía nada que ver con las bases. No conocía personalmente a Valfredo Ribeiro ni a Franco Burga”, respondió.

En tanto, Raúl Noblecilla Olaechea, abogado del exjefe comercial de OAS Franco Burga, afirmó que su patrocinado –quien está investigado– sí conocía y se comunicó con Delgado y Prado. Añadió que el contexto lo dará a la fiscalía. “Si bien Burga podría aparecer en la alta esfera de OAS, no fue así. Las decisiones eran de Ribeiro. Se hacía a un nivel donde participaba Nadine Heredia”, precisó.

Le hicimos la consulta a Sophia Icaza, abogada de Hernando Graña, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos su respuesta.

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