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ROBERTO MORE
El 1 de julio del año pasado, la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) concluyó la investigación contra Daniel Peirano Sánchez, presidente de la Corte del Callao en el período 2011-2012, planteando su destitución por supuestamente haber pedido dinero a un procesado.
El documento fue enviado a la jefa de la OCMA, la magistrada suprema Ana María Aranda, quien en última instancia debe decidir si hace suya la recomendación de sanción o archiva la denuncia. Sin embargo, han pasado nueve meses y hasta el momento Aranda no define la suerte de Peirano. Por el contrario, su silencio afecta la actuación del Consejo Nacional de la Magistratura.
El CNM convocó a Peirano en enero del 2012 para definir su ratificación como magistrado del Poder Judicial, pero aún no puede tomar una decisión porque sus integrantes esperan el pronunciamiento de la OCMA.
El Comercio se comunicó reiteradas veces con el área de prensa de la OCMA solicitando su versión. Al cierre de esta edición no hubo respuesta.
Denuncia y evidencia
En julio del 2011, el ciudadano Aristóteles Arce Paucar formuló una queja verbal contra el juez Peirano, quien le habría pedido dinero en dos oportunidades para ayudarlo en un proceso por usurpación que llevaba en la Corte del Callao. El juicio fue visto por la Tercera Sala Penal, que entonces era presidida por Peirano.
Según la denuncia, Arce buscó a Peirano dos veces para conversar sobre el proceso. En la segunda visita, el magistrado le pidió su número de celular. Le dijo: “Van a llamarte”. Ello efectivamente sucedió. La llamada la realizó Luis Ángel Américo Alva Sihuas ‘Pacho’, una persona de la confianza del juez, quien le pidió tres mil dólares, dinero que Arce no entregó. La sentencia salió en su contra.
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