A mediados de diciembre, dentro de una semana marcada por la crisis política, en Lima se desarrolló una reunión clave para el futuro del Caso Lava Jato en Perú.
El lugar fue la sede de la Procuraduría ad hoc del caso Lava Jato, que dirige la abogada Silvana Carrión, en Jesús María. Las protestas y el agitado clima política desaconsejaban realizar la reunión en alguna de las sedes de la fiscalía en el Centro de Lima.
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Allí llegaron el fiscal Rafael Vela. coordinador del equipo especial Lava Jato; el fiscal José Domingo Pérez, a cargo del proceso de colaboración eficaz con Odebrecht; y los representantes legales de la sucursal en el país de la constructora.
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La idea era llegar a un acuerdo final que resuelva un impase vigente desde el 1 de noviembre: la decisión de la fiscalía brasileña, a pedido de Odebrecht, de suspender la cooperación con Perú.
Esta suspensión hizo que se frustren las declaraciones de exdirectivos de Odebrecht, entre ellos Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, en el juicio seguido en Perú contra el expresidente Ollanta Humala. Ambas estaban previstas para ese mes.
También impidió que se hagan nuevas diligencias de investigación para las que se requería la cooperación de Brasil, como la decodificación de ‘codinomes’: los sobrenombres de quienes recibieron dinero de la empresa.
La fecha de la reunión era casi una fecha límite. El Poder Judicial había reprogramado las declaraciones de los exdirectivos para el 16 y 17 de enero. Si para entonces no se reactivaba la cooperación y ellos no cumplían con declarar públicamente en el juicio -explican fuentes ligadas al caso- lo más probable era que esto llevase a la revocatoria del acuerdo de Odebrecht con el Perú y a los beneficios que este le dio a la empresa y a sus exdirectivos.
Las fuentes añaden que ese era el escenario que la constructora quería evitar. Además, se debía comunicar el acuerdo de la reactivación antes del 20 de diciembre, fecha en que la justicia brasileña entra en un receso que retrasa este tipo de trámites.
Así, luego de una larga negociación entre las partes, la madrugada del 14 de diciembre se firmó un entendimiento. ¿Pero a qué acuerdos específicos se llegaron para esto?
Por un lado, este Diario pudo conocer que Odebrecht desistió de su oposición a que el fiscal Rafael Vela sea testigo en el arbitraje internacional que enfrenta a la constructora con el Estado peruano por el Gasoducto Sur Peruano. En una entrevista dada a El Comercio en noviembre, el fiscal había dicho que esta era uno de los principales motivos para que la empresa suspenda la cooperación.
Por el lado de la procuraduría, no se aceptó la pretensión de que la empresa deje de estar incluida como tercer civil responsable en el Caso Rutas Lima, con miras a que se les cobre más adelante una reparación civil.
En cambio, se acordó comunicarle a la empresa en qué casos de la trama Lava Jato se buscará cobrarles una reparación civil para que: o puedan negociar con el Estado peruano el monto a pagar y el plazo, o, de lo contrario, la Procuraduría quedé libre para litigar el monto que considere necesario ante un juez.
Firmado el entendimiento, Odebrecht cumplió con informar a la fiscalía brasileña para que se reactive la cooperación con el Perú. A fines de diciembre, Brasil comunicó formalmente al Ministerio Público sobre la reactivación.
Como consecuencia, se reanudarán las declaraciones programadas, en etapa de juicio oral, en el proceso que se le sigue al expresidente Ollanta Humala, por los aportes a la campaña 2011.
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) December 27, 2022
Consecuencias
En diálogo con El Comercio, la procuradura Silvana Carrión indicó que “la reactivación de la cooperación es bastante positiva para las autoridad peruanas y para las investigaciones”.
“Permite el cumplimiento de las obligaciones del colaborador, en este caso Odebrecht y sus exdirectivos que conjuntamente se metieron a la colaboración, cumplan con su obligación de brindar declaraciones sin ningún obstáculo, de entregar información, sin nada que genere turbulencia”, explicó.
El impacto inmediato, anotó la procuradora, se podrá ver en el juicio a Ollanta Humala. Y así fue, ya que el Poder Judicial ratificó el último miércoles que Odebrecht y Barata darán su testimonio en el juicio la próxima semana.
Con la reactivación de la cooperación con la justicia brasileña por el caso Odebrecht, los testigos brasileños darán sus testimonios como parte del juicio a Ollanta Humala y Nadine Heredia desde este 16 de enero.
El ex CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, declarará el 16 de enero ante la reactivación de la colaboración con la justicia brasileña. (Foto: EFE)
Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú, declarará el 17 de enero. Foto: Andina
Antonio Mameri, exdirector de Odebrecht para América Latina, declarará el 23 de enero. Foto: Archivo El Comercio.
El publicista Valdemir Garreta declarará el 23 de enero. Su testimonio no dependía de la cooperación con Odebrecht, pero se prevé que su contenido sí esté relacionado con lo que digan los exdirectivos de la constructora.
Fernando Migliaccio (foto) e Hilberto Alves Da Silva Filho, exfuncionarios del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht (la llamada 'Caja 2' de donde salía el dinero de origen ilícito), declararán el 24 de enero. Foto: Archivo El Comercio
Joao Santana, el expublicista de Lula da Silva, y su esposa, Mónica Regina Cunha Moura, están citados para el 25 de enero.
Valfredo de Assis, el ex jefe de OAS en el Perú (a la izquierda en la foto), declarará el 25 de enero.
Será la primera vez que ambos declaren públicamente, en un juicio en Perú, sobre los presuntos aportes de la constructora a una campaña. La semana subsiguiente harán lo mismo otros siete brasileños. Previo a esto, se prevé que en estos días los fiscales peruanos viajen a Sao Paulo para las respectivas reuniones de preparación con los testigos.
En esa línea, la reactivación también permitirá que los exdirectivos brasileños citados como testigos en el juicio por el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht para obtener la concesión del Metro de Lima. Este juicio comenzó en diciembre y se espera que en las próximas semanas se programe la declaración de estos testigos, considerados claves para la acusación.
“Vemos que todo el trabajo hecho previamente por fiscalía y procuraduría -trabajar las declaraciones, los documentos que corroboran las declaraciones, la aprobación del acuerdo, el traslado de las pruebas para que puedan ser acusadas en una acusación fiscal- finalmente llega a su etapa final: que las declaraciones puedan ser recibidas en el juicio, que es la etapa estelar de todo proceso penal. Eso es bastante positivo”, declaró la procuradora.
Lo mismo debería ocurrir con los otros casos Lava Jato que están por pasar a fase de juzgamiento y actualmente están en la parte final del control de acusación. En esa aspecto, los casos más avanzados son el de Keiko Fujimori y el de Félix Moreno-Costa Verde Callao.
Por otro lado, se reactivarán los actos de cooperación para que la fiscalía realicen diligencias como interrogatorios y reciba nueva información de parte de la empresa dentro de los casos que aún están en investigación. En ese grupo, el más importante es el del Gasoducto Sur. Ello también incluye lo relacionado a descifrar los ‘codinomes’ pendientes.
“La compañía va a seguir, como ha venido ocurriendo hasta ahora, entregando información documental respecto a otros hechos, otros casos”, indica Silvana Carrión.
“Es información que la empresa tendría que seguir entregando. Mientas ellos están sometidos a la colaboración tienen esas obligaciones. Si en un momento se evalúa por parte de las autoridades que la empresa no entrega esa información o no quiere cumplir con alguna de sus obligaciones del acuerdo, este trae mecanismos para sancionarlos. Y la sanción puede significar la revocatoria de los beneficios del acuerdo”.