Jorge Barata: ¿Qué consecuencias tendría la revocación de su acuerdo de colaboración eficaz?

El fiscal Germán Juárez, integrante del equipo especial Lava Jato y autor de la acusación contra el expresidente, afirmó durante la audiencia que la inasistencia de Jorge Barata representa un incumplimiento de su acuerdo colaboración eficaz. Como consecuencia, adelantó que elevará un informe al fiscal encargado de dicho acuerdo, José Domingo Pérez, para que sus beneficios le sean revocados.

LEE TAMBIÉN: ¿Un Congreso sin ética? Suman 26 blindajes por casos éticos en dos años de gestión

Fuentes de El Comercio comentaron que una vez presentado el informe, se prevé que el fiscal Pérez inicie un procedimiento para revocar el acuerdo de colaboración eficaz solo en lo respectivo a Jorge Barata. Luego, esto sería elevado al juzgado que aprobó ese documento y verifica su cumplimiento. En ese escenario, la principal consecuencia sería que el exdirectivo podría ser procesado penalmente en los casos de la trama Lava Jato en los que había sido excluido, mientras que las declaraciones que ya dio a las autoridades peruanas no perderán su valor en los procesos judiciales.

Por otro lado, no tendría la misma obligación que sí tiene hoy como colaborador para declarar como testigo en futuros juicios, como los de Alejandro Toledo y Keiko Fujimori. Su presentación en estos pasaría a depender de él y ya no estaría bajo la protección de los beneficios del acuerdo judicial. Sus declaraciones, previas, eso sí, sí podrá ser evaluadas como pruebas en esos procesos.

En su investigación a los aportes del Partido Nacionalista, el fiscal German Juárez recogió el testimonio de Jorge Barata sobre el presunto aporte de US$ 3 millones de Odebrecht en el 2011. Cerrada la indagación, esa imputación fue clave en la acusación por lavado de activos presentada contra Ollanta Humala y Nadine Heredia. En el juicio actualmente en marcha, se piden 20 años de condena para él y 26 años y medio para ella.

El testimonio de Jorge Barata es clave dentro del Caso Lava Jato en el Perú. Según ha confesado, dentro del esquema de pagos ilícitos de Odebrecht, él se encargaba de aprobar las solicitudes de pagos y aportes a nivel local, y de comunicarlas a la división de Operaciones Estructuradas en Brasil (la caja 2). Luego, esta enviaba el dinero al Perú, sea en efectivo a través de doleiros (cambistas) o con depósitos bancarios a través de empresas offshore.

El Tercer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE), a cargo de este juicio, citó previamente en cuatro ocasiones a Jorge Barata y otros exdirectivos de Odebrecht para que declaren como testigos. La primera, en noviembre del 2021, se frustró por una suspensión temporal de la colaboración de la constructora en el Perú. Las tres siguientes, por recursos obtenidos por la defensa de Ollanta Humala a nivel de la justicia de Brasil.

Ante esa cuarta citación frustrada, el juzgado prescindió de todas esas declaraciones, menos de la de Jorge Barata. A diferencia de los otros exdirectivos, él tiene un acuerdo de colaboración firmado directamente con el Perú en el 2019, el cual lo obliga a acudir a toda citación que le hagan. Así, se le citó por quinta vez, esta vez de forma presencial, para este martes. Para ello, se le notificó en la dirección en Lima que había consignado en dicho acuerdo de colaboración.

El último domingo, El Comercio accedió a un documento donde Jorge Barata presentó a César Nakazaki, exabogado de Ollanta Humala y Nadine Heredia en este mismo caso, como su nuevo abogado. Allí, el colaborador anunció que no iba a acudir a la citación. Su argumento fue que su residencia real estaba en Brasil, que todo trámite para declarar debía hacerse a través de una cooperación internacional y que debía darse desde allá. Esto a pesar de que los cuatro intentos previos para recurrir a esa vía habían fracasado, principalmente, por recursos presentados por la defensa del expresidente ante la justicia de ese país.

Así se llegó a la audiencia de este martes. La audiencia había sido citada de forma presencial ante la posibilidad de que el testigo se presente. En el lugar estuvieron Ollanta Humala, Nadine Heredia y sus coacusados, acompañados por sus abogados; así como el fiscal Germán Juárez, los abogados de la procuraduría y los jueces del colegiado. Pero como se había anunciado, el gran ausente era Jorge Barata.

El juzgado leyó el documento con el que Jorge Barata intentó justificar su ausencia y luego le dio la palabra al Ministerio Público. El fiscal rechazó los argumentos del testigo para no presentarse y aseguró que la sola respuesta que dio era muestra de que sí había sido notificado correctamente con la citación enviada a su dirección en el Perú. “Existe una férrea voluntad por parte del testigo Jorge Simoes Barata de no brindar una declaración”, afirmó.

Juárez también cuestionó que haya designado a César Nakazaki como su abogado, considerando que hay “incompatibilidad” y pidió que el juzgado advierta al Colegio de Abogados de Lima sobre una posible falta ética porque ya había defendido a Nadine Heredia en este mismo juicio. Detalló que en el 2018, durante la investigación, Nakazaki interrogó a Jorge Barata en defensa de la ex primera dama cuando este declaró para la fiscalía en Brasil.

“Parece un concierto de intereses [...] Que se envíe al Colegio de Abogados de Lima para que se le investigue, porque esto va contra la Ética. No puede ser que un abogado defienda a acusados y después resulte que es abogado de uno de los testigos, que es testigo de cargo del Ministerio Público”, afirmó.

Finalmente, pidió al juzgado que cumplan con prescindir de la declaración de Jorge Barata ante su ausencia a esta citación: “Así como tiene beneficios en el proceso de colaboración eficaz, también tiene obligaciones. Y una de ellas es presentarse ante las autoridades cada que vez que sea citado [...] [Que] se prescinda de su declaración y ya el Ministerio Público hará un informe al fiscal José Domingo Pérez para efectos de que proceda la revocatoria de sus beneficios”

La Procuraduría contra el Lavado de Activos se sumó a la postura del fiscal Juárez y solicitó al propio juzgado que notifique al fiscal Pérez que “se cumpla con la ejecución de las cláusulas de suspender esa colaboración eficaz y se retrotaiga hasta un estadio donde corresponda”. “Queremos que su colegiado remita esa información a la fiscalía. No puede dejarse un precedente para otros colaboradores eficaces, el incumplimiento a un mandata judicial. Somos respetuosos de las leyes brasileras, pero el señor ha sido condenado en este país”.

Los abogados de Ollanta Humala y Nadine Heredia también pidieron que se prescinda de la declaración de Jorge Barata. El primero, Wilfredo Pedraza, añadió que rechazaba lo dicho por el fiscal Juárez sobre un “concierto” entre César Nakazaki y la defensa del expresidente. “Me parece temerario, no tiene fuente objetiva, es una afirmación que rechazo”.

En respuesta, el juzgado resolvió prescindir de la declaración de Jorge Barata, pero rechazaron informar del incumplimiento al fiscal a cargo de la colaboración eficaz. Consideraron que esa era facultad del propio fiscal Juárez. Además, advirtieron que sí era llamativa la presencia de César Nakazaki como abogado de Jorge Barata, pero rechazaron notificar de ello al Colegio de Abogados. Esa posibilidad, indicaron, quedaba en manos del propio Ministerio Público.

A su salida de la audiencia, Germán Juárez dijo a El Comercio que “existía un mandato judicial [para que Jorge Barata declare] y estaba debidamente notificado. Ante ese incumplimiento, lo que me corresponde como fiscal provincial a cargo de este caso, es oficiar al fiscal José Domingo Pérez para efectos de que proceda conforme a sus atribuciones, porque voy a informarle que ha habido un incumplimiento de parte de uno de los colaboradores”.

“Lo que corresponde es, al fiscal José Domingo Pérez, dentro de su autonomía, revocar o seguir con la colaboración de Jorge Simoes Barata. Yo simplemente le voy a poner de conocimiento al fiscal que ha habido un incumplimiento [...] para que él proceda conforme a sus atribuciones. Dentro de su autonomía, verá si le revoca o no. Pero yo creo que debería revocársele”.

Consultado por este Diario sobre qué ocurriría con el exdirectivo de Odebrecht en caso se le revoque el acuerdo, dijo que “se le tendrían que abrir las investigaciones que tiene pendientes y someterse a un proceso penal. Eso implicaría también las medidas de carácter real como personal”. Además, precisó que la eventual revocatoria solo sería respecto a él, mientras que el acuerdo con la empresa y sus otros exdirectivos seguiría vigente.

Fuentes de El Comercio dieron más detalles sobre la situación de Jorge Barata. Precisaron que se tiene previsto que el fiscal Juárez presente su informe al fiscal Pérez en breve. Si bien ya se había recibido el anuncio de que el colaborador no iba a declarar, Pérez Gómez no podía actuar hasta que la inasistencia se concrete y se verifique en la audiencia de este martes.

Con esa comunicación oficial, el fiscal a cargo del acuerdo ya puede iniciar el procedimiento para la revocatoria de sus beneficios por incumplimiento de un mandato judicial para declarar. Esto se comunicaría a los otros fiscales que ven casos ligados a Odebrecht y Jorge Barata, y finalmente se elevaría a la jueza Margarita Salcedo, cuyo juzgado aprobó el documento a nivel del Poder Judicial.

En ese escenario, agregaron las fuentes, la información y declaraciones dadas por Jorge Barata en su proceso de colaboración no perderán su validez a nivel judicial. Indicaron que el escenario es distinto al de una persona que buscó ser colaborador eficaz y su proceso no prosperó. En ese caso, sí se invalida lo que se dijo previamente. Sin embargo, en el caso del exdirectivo de Odebrecht, él sí tuvo una sentencia como colaborador que valida sus declaraciones incluso después de que se le revoquen sus beneficios.

Por otro lado, precisaron que sin los beneficios del acuerdo, Jorge Barata podría ser incluido como investigado o procesado en casos de los que había sido excluido gracias a los beneficios del acuerdo. Entre estos están el Caso Gasoducto Sur o el Caso Rutas de Lima, que siguen en fase de investigación. En los casos en los que sí fue sentenciado como parte del acuerdo (Metro de Lima, Interoceánica, Vía Evitamiento Cusco y Costa Verde Callao), se mantendría excluido.

Además, indicaron que si se le revoca su acuerdo, su futura presentación como testigo en otros juicios de Lava Jato en los que no esté incluido se tramitará como el de cualquier otro testigo en el extranjero. Ya no tendría la misma obligación que tiene un colaborador eficaz. No obstante, remarcaron que sus dichos durante la etapa de investigación sí podrán seguir siendo evaluados como prueba.

La eventual revocatoria de los beneficios de Jorge Barata no afectaría, en un inicio, la colaboración de la empresa Odebrecht. Sin embargo, fuentes ligadas al caso indicaron que queda por verse qué actitud toma la constructora respeto a uno de sus exdirectivos: si lo deja solo o se pone de su lado en su postura. Por ahora, se sabe que el colaborador retiró a los abogados peruanos que tenía en conjunto con la empresa y otros colaboradores brasileños al presentar a César Nakazaki como su nuevo defensor en Perú. Se trata de un abogado, además, que litiga y ha litigado contra del equipo especial Lava Jato en múltiples casos: Caso Cócteles, Gasoducto Sur, Caso PPK, Caso Ollanta Humala, entre otros.

El Comercio envió mensajes a César Nakazaki, abogado de Jorge Barata, para tener su respuesta ante lo anunciado por la fiscalía en la audiencia, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta. Sin embargo, de su escrito presentado el fin de semana se desprende que ellos no consideran que se ha incumplido el acuerdo, sino que la declaración debía darse desde Brasil vía cooperación internacional. El abogado peruano también niega que haya un conflicto de interés con su nuevo cliente.

En tanto, el fiscal Germán Juárez también consideró que prescindir de la declaración de Jorge Barata no afectará al juicio contra Ollanta Humala y recordó que en su testimonio en otro juicio del Caso Odebrecht, el del Metro de Lima, declaró públicamente que entregó US$ 3 millones a la campaña del Partido Nacionalista.

Para que lo dicho por Jorge Barata sea valorado por el Poder Judicial en su eventual sentencia contra el expresidente, las posibilidades que tiene el fiscal son leer las declaraciones previas que dio en la etapa de investigación, así como solicitar que lo que declaró en el juicio del Metro de Lima se introduzca en este juicio como una “prueba trasladada”. “Dentro de lo que corresponde a la prueba complementaria, el Ministerio Público va a solicitar eso”, adelantó.