En febrero del 2022, el Poder Judicial instaló el juicio contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, por el caso de los presuntos aportes ilícitos de Odebrecht y otros a las campañas del Partido Nacionalista. El hito generó gran expectativa no solo por involucrar a un exmandatario, sino por ser el primero en que se juzgaba una acusación del equipo especial Lava Jato.
Más de dos años y medio después, ya más lejos del ojo mediático, el juicio todavía está en la etapa de evaluación de pruebas y aún no hay fecha para una sentencia. Si bien ya se está cerca de terminar esta fase, la más importante dentro de todo juzgamiento, aún quedan discusiones importantes y complejas por resolverse. El final de la historia aún está, como mínimo, a unos tres meses de distancia.
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Fuentes conocedoras de este proceso consideran que esta larga duración es propia de su complejidad, con más de 300 testigos (entre peruanos y extranjeros), además de miles de pruebas documentales. Sin embargo, también indicaron el otro factor es la alta carga del tribunal a cargo del juzgamiento, que no se dedica exclusivamente a atender casos de la trama Lava Jato y actualmente solo puede realizar una audiencia de este caso por semana.
En total, los jueces del Tercer Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) llevan ya dos años y cuatro meses evaluando las pruebas presentadas por la fiscalía, la procuraduría y las defensas de los acusados.
- 21 febrero del 2022:
Comienza el juicio y los alegatos iniciales de las partes
- 4 marzo del 2022:
Los procesados rechazan la acusación fiscal
- 9 marzo del 2022:
Inicia el debate sobre admisión de pruebas nuevas
- 25 de abril del 2022:
Se comienza a evaluar la "prueba personal" (declaraciones de testigos y luego de peritos)
-4 de septiembre del 2023:
Juzgado prescinde de testimonios de Marcelo Odebrecht y otros testigos brasileños.
-10 de octubre del 2023: Juzgado prescinde del testimonio de Jorge Barata, exjefe de Odebrecht en Perú
-29 de enero del 2024:
El juzgado termina de evaluar la prueba personal
-15 de febrero del 2024:
Se inicia la evaluación de pruebas documentales
-14 de agosto 2024:
Se termina de evaluar las pruebas del auto de enjuiciamiento
- 20 agosto 2024:
Se comienza a evaluar la prueba nueva admitida al inicio del juicio
-11 septiembre 2024:
Se prevé debatir sobre la lectura de declaraciones previas
La fiscalía investigó este caso entre el 2015 y el 2019, año en que presentó su acusación penal. Luego de un largo control de acusación, el Poder Judicial finalmente dio inicio al juzgamiento el 21 de febrero del 202
El día de la instalación del juicio también comenzaron los alegatos iniciales del fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, representante del Ministerio Público en este caso. El magistrado pide 20 años de prisión como condena para Ollanta Humala y 26 años y medio para Nadine Heredia. Ambos son acusados de lavado de activos.
Para los otros once acusados, solicita condenas de entre 26 años y 6 meses y 10 años de pena privativa de la libertad. En tanto, la procuraduría pide el pago de un total de S/ 20 millones como reparación civil. Las defensas de los acusados rechazan todas las pretensiones en su contra.
La tesis fiscal es que las campañas del Partido Nacionalista habría recibido dinero de origen ilegal en sus campañas del 2006 y en el 2011, en las que Ollanta Humala fue candidato. Para el Ministerio Púbstas, los aportes ilícitoss provinieron del gobierno de Venezuela en la primera y de la constructora brasileña Odebrecht en la segunda, donde el nacionalista ganó la presidencia.
Las defensas del expresidente y de la exprimera dama -quienes estuvieron en prisión preventiva por este proceso entre julio del 2017 y abril del 2018- han rechazado la acusación en todo momento. Dentro del juicio, buscan su absolución.
La ruta del juicio
Este Diario revisó decenas de audiencias del juicio, que se ha realizado casi exclusivamente de forma virtual. Allí se puede ver que luego de los alegatos iniciales de la fiscalía, procuraduría y defensas, los acusados rechazaron la acusación fiscal en la audiencia del 4 de marzo del 2022. En la del 9 de marzo, se inició un debate para la admisión de pruebas nuevas, que se extendió por varios días.
Fue en la sesión del 25 de abril del 2022 que el colegiado comenzó con la actuación o evaluación de las pruebas. Como ocurre en todo juicio de este tipo, se empezó con la “prueba personal”. Es decir, con las declaraciones de testigos y, más adelante, de los peritos.
El resto de las audiencias de ese año se destinaron a las declaraciones de los abundantes testigos. Cada uno de ellos puede ser interrogado por todas las partes: la fiscalía, la procuraduría y cada una de las 13 defensas. El alto número de partes, naturalmente, hizo que las declaraciones sean largas. Hubo audiencias en las que solo pudo declarar uno o dos testigos.
En la primera mitad del 2023, las declaraciones de testigos comenzaron a alternarse con las declaraciones o exámenes de peritos, propias de un caso de lavado de activos, donde las finanzas de los acusados y las operaciones financieras son claves para el caso.
Recién en la audiencia del 29 de enero del 2024, la jueza Nayko Coronado, directora de debates del juicio, anunció que se había terminado de actuar toda la “prueba personal”. Es decir, luego de casi dos años, terminaron de declarar todas los testigos y los peritos citados para el caso.
Hubo algunas excepciones, como testigos que ya habían fallecido, que no pudieron ser ubicados y el caso particular de los brasileños. Las declaraciones de Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exejecutivos de Odebrecht fueron tramitadas vía cooperación internacional con Brasil y postergadas en varias ocasiones.
Finalmente, ante un recurso promovido por las defensas de Humala y Heredia ante la justicia de Brasil, un magistrado de ese país prohibió que los exejecutivos residentes allí declaren ante la justicia peruana por este caso. Ello llevó a que, entre septiembre y octubre del 2023, el colegiado opte por prescindir de sus testimonios.
Pero todavía había más pruebas por evaluar. El 15 de febrero del 2024, la fiscalía comenzó a presentar y sustentar la “prueba documental”: los distintos documentos con los que también busca probar su acusación.
Desde entonces, cada una de esas pruebas fue “oralizada” o expuesta ante el juzgado. Luego, las defensas también tienen la oportunidad de cuestionar su utilidad. Ello también llevó a que las audiencias sean largas y, por momentos, tediosas.
La evaluación de las pruebas continúa hasta la fecha. En la audiencia del 14 de agosto, el juzgado anunció que se había terminado de “oralizar” todas las pruebas incluidas en el auto de enjuiciamiento del caso. Pero todavía quedaba la “prueba nueva” admitada al inicio del juicio, en abril del 2022.
La audiencia más reciente, del último miércoles 4 de septiembre, dedicó casi cuatro horas a la participación de tres abogados para cuestionar la utilidad de un solo documento. Para la siguiente sesión, que será el miércoles 11 de septiembre, ese debate continuará y se tiene previsto evaluar también una serie de correos presentados como pruebas.
Lo que falta
El juzgado también indicó que prevé iniciar ese día con un debate que se prevé como clave: el de la admisión de las declaraciones previas de testigos que no pudieron dar su testimonio en el juicio.
En ese grupo están las declaraciones que dieron Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, durante la etapa de investigación, sobre la entrega de US$ 3 millones al Partido Nacionalista en el 2011, por órdenes del Partido de los Trabajadores de Brasil.
La fiscalía buscará que sí se admita esa lectura como prueba e incluso podrían escucharse las declaraciones que fueron grabadas en video. En tanto, se espera que las defensas de los acusados se opongan.
Si el juzgado se pronuncia a favor de la admisión, vendrá la evaluación de esas declaraciones y los respectivos cuestionamientos de las defensas. Por su trascendencia, esa etapa podría extenderse por unas semanas.
Luego, hay una etapa para la presentación de “prueba excepcional”. El Comercio pudo conocer que la fiscalía y algunas defensas buscarán que se admitan y se evalúan más pruebas allí.
Solo después de ello se entrará al tramo final: el interrogatorio a los testigos que quieran declarar, los alegatos de cierre de la fiscalía, la procuraduría y los abogados, y la programación de la lectura de sentencia.
“Estamos en un 80% de avance del juicio”, comentó a El Comercio el fiscal Germán Juárez. “Pienso que [la sentencia] podría ser para diciembre. Tengo entendido que el colegiado tenía pensado culminar en noviembre, pero por cómo se está avanzando, pienso que en diciembre podría tenerse un fallo”.
Wilfredo Pedraza, abogado de Ollanta Humala en el juicio, dijo a este Diario que “estamos a menos de un tercio de la parte final”. “El colegiado va a intentar terminar este año, pero depende. Si se admiten pruebas adicionales, se va prolongar; si no, creo que a fin de año esto puede concluir”.
El abogado de Nadine Heredia, Julio Espinoza, también consideró que la sentencia podría conocerse “en diciembre, si es que no hay contratiempos”.
Las expecatitiva dentro del mismo Poder Judicial es que el juicio termine antes de fin de año, al igual que el de otroexpresidente acusado por el Caso Odebrecht: Alejandro Toledo.
Detrás de la demora
¿Era inevitable que el proceso dure tanto tiempo? El fiscal Juárez destacó que los jueces del colegiado, liderados por la magistrada Nayko Coronado, han hecho “un esfuerzo tremendo para llevar a cabo este juicio”. “Son megajuicios por la complejidad del tema, la cantidad de testigos y documentos, no solo de la fiscalía, sino también de las defensas”.
Sin embargo, indicó que el alto número de casos que tienen a cargo los jueces les han impedido realizar audiencias de forma más seguido, lo que hubiese reducido significativamente la duración. “Ahorita, el tiempo que le dan [al juicio de Humala[ es de cuatro horas por semanas. Antes eran dos días por semana, ocho hora semanales, que es bastante poco”.
Por su especialidad, los juicios que lleva el Tercer Juzgado Colegiado están relacionados a delitos como organización criminal, corrupción, terrorismo y narcotráfico. Desde febrero del 2022 hasta marzo de este año, el Tercer Juzgado Colegiado alternaba las audiencias del juicio contra Ollanta Humala con otro juicio similarmente complejo, como el de La Centralita.
Desde julio de este año, también tienen a su cargo el juicio contra Keiko Fujimori por el Caso Cocteles; y desde agosto, también ven el juicio del caso Vía Evitamiento Cusco. Todos estos están vinculados a la trama de Odebrecht y Lava Jato.
“Este órgano jurisdiccional afronta más de 40 expedientes en trámite. Tiene reos en cárceles. Hay juicios que se están venciendo. Nuestra agenda está bien recargada, tenemos bastantes casos que requieren diferentes audiencias”, comentó en una reciente audiencia del Caso Cócteles la presidenta del juzgado, Juana Caballero García.
Juárez señala que fue por ello que el equipo especial Lava Jato y la procuraduría del caso Lava Jato pidieron al Poder Judicial que los casos del Caso Odebrecht sean atendidos por juzgados a dedicación exclusiva que permitan llegar a sentencias más rápido. Sus solicitudes, como ha reportado este Diario, fueron desestimadas por la CSNJPE y las altas direcciones del Poder Judicial.
“Las cabezas del Poder Judicial debieron haber previsto para que se nombraran jueces a exclusividad para que lleven a cabo estos juicios. Por eso es la demora de dos años, tres años [...] Debieron designarse juzgados colegiados a exclusividad. Ahora, además de ver estos megajuicios, deben ver casos comunes. Por eso la demora”, comentó.
Actualmente, la CSNJPE solo tiene cuatro juzgados colegiados para este tipo de juicios, cuya carga aumentará en los próximos meses con el inicio de nuevos juzgamiento, en casos como el de Martín Vizcarra o Susana Villarán.
“Solo en el caso de Martín Vizcarra, terminamos el control de acusación hace unos cuatro meses. Se ordenó que haya juicio oral y el colegiado programó fecha de inicio para el 28 de octubre, luego de casi seis meses”, lamentó el fiscal.
Así las cosas, la demora de este juicio hace prever una todavía mayor para el Caso Cocteles. Si el juzgamiento por las campañas del Partido Nacionalista, con 13 acusados y unos 300 testigos, podría llegar hasta los tres años de duración; el de las campañas de Fuerza Popular, con más de 30 acusados y más de mil testigos, tendría para mucho más.
Para Julio Espinoza, defensor de Nadine Heredia, la longitud del juicio se debe “principalmente a la complejidad del caso”, pero “también es cierto que el tribunal no es de dedicación exclusiva”. “No tiene que ver solo con el Caso Cocteles, que inició hace dos meses, tiene que ver con varios otros que tienen”, explicó.
“Tienen su propia cargo de casos que no son políticos, de coyuntura, que no son casos emblemáticos. Tiene una carga propia. Todo eso hace que tengamos audiencias, en promedio, una vez por semana. A veces, cuando hay espacio, dos veces. Y no son todo el día tampoco, son de nueva de la mañana a una de la tarde”.
En tanto, Wilfredo Pedraza comentó que los juicios de este tipo en el Perú tienen, en promedio, esta duración. “Yo diría únicamente que ha tomado este tiempo por el volumen de personas acusadas, de testimonio y documentos a actuar. Es un tema de volumen de prueba”.
El abogado de Ollanta Humala consideró que el ritmo de dos audiencias por semana sí es alto, pero que esto se redujo a una por semana tras el inicio del juicio por el Caso Cocteles. “¿Es un tema de carga? Sí, pero principalmente es un tema de volumen de información”, consideró.
Añadió que el ritmo con que ha avanzado el juicio es bueno y elogió el manejo de las audiencias hecho por el tribunal. “Es un colegiado idóneo, no hemos tenido incidentes que hayana dilatado, situaciones complejas. Diría que viene conduciendo regularmante el juicio oral”.
El penalista Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, añade otro factor para explicar esta demora: la forma en que se litiga en un juicio en el Perú.
“La forma de litigio oral no es bien llevado, ni por los colegiados ni por los propios litigantes. Hay una mala costumbre de leer todo, debatir todo de manera extensa. Esto se ve desde los alegatos de apertura, la presentación de la acusación, que pueden llevar varias audiencias”.
Agregó que “también influye la carga de los colegiados, pero no creo que ese sea el principal factor”. “Hay un problema de concepción de cómo litigar de forma oral: se lleva un documento y se lee todo, cuando debería verse solo temas muy puntuales”.
La futura sentencia del caso de Ollanta Humala, como han advertido distintos penalistas, puede marcar un precedente importante para la futura resolución del caso de Keiko Fujimori. Son procesos sobre presunto lavado de activos a partir de aportes de campaña que, además, están siendo juzgados por el mismo tribunal.
Al respecto, Andía comentó que si bien cada juicio es distinto y con sus particularidades, sí es cierto que los casos que se van resolviendo van generando jurisprudencia. ”El colegiado podría establecer un concepto general sobre si esto es financiamiento irregular de campañas o si es lavado de activos”, comentó.
“Si prueban el origen ilícito, es lavado; pero si no hay origen ilícito, probablemente solo era un financimiento irregular. Estos conceptos generales van a poder ser determinados [en este caso] por el colegiado y van a tener que quedar como un precedente”.