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El Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop) incluyó al abogado Oscar Abraham Nieves Vela, exconsejero legal de la presidenta Dina Boluarte, como uno de los 25 presuntos integrantes de la red criminal que habría encabezado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Este martes, como parte de la operación Valkiria XI, representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía ejecutaron una orden de allanamiento sobre dos inmuebles vinculados a Nieves, ubicados ambos en el distrito de Miraflores, en Lima; que forman parte de los 21 inmuebles allanados, en una operación en la que también se logró la detención de un total de siete personas.
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Sobre Nieves Vela pesan graves imputaciones, principalmente sobre entregas de miles de dólares en efectivo al círculo más cercano de Benavides para lograr el archivo de, al menos, dos investigaciones fiscales que comprendían a dos empresarios, según se desprende de la resolución emitida por el 8° Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que autoriza las detenciones y los allanamientos, y a la cual accedió El Comercio.
El nombre de Oscar Nieves ya había resonado en los medios de comunicación el año pasado, tras revelarse visitas al Despacho Presidencial, según se reportó en su momento, que no quedaron consignadas en los registros de visitas de Palacio de Gobierno. En aquella ocasión, Nieves aseguró que visitó Palacio para “dar consejo legal” a la mandataria, a quien conoce —dijo— desde antes que sumiera el cargo. A lo largo de los últimos meses, ha sido señalado como un presunto asesor en la sombra de la jefa del Estado.
Sin embargo, ahora su relación con la cúpula que habría encabezado la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, trae de nuevo su nombre a colación.
Caso Peirano y, al menos, US$20.000
Según la resolución judicial, en enero de 2023, los también investigados Miguel Girao, exasesor de Benavides y actualmente detenido, así como Marco Huamán, exfiscal adjunto supremo, habrían acudido a la oficina de Jaime Villanueva, exmano derecha de la exfiscal de la Nación, y le manifestaron que el abogado Nieves “estaba ofreciendo una buena cantidad de dinero” a cambio de que se logre el archivo de una investigación por presunto lavado de activos en contra de su patrocinado, el empresario Camilo Peirano Blondet.
La investigación por presunto lavado de activos se había iniciado en abril del 2017, y estaba a cargo del fiscal provincial Carlos Puma Quispe; siendo ampliada en agosto de 2019, incluyéndose, entre otras personas naturales y jurídicas, justamente a Peirano Blondet.
Villanueva, se indica en la resolución que recoge la tesis de la fiscalía, tras recibir de parte de Nieves documentos referidos a la investigación “de la cual quería lograr su archivamiento” vía la aplicación de mensajería Signal, se comunicó entonces con el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del subsistema de lavado de activos.
Ello para requerirle “por encargo” de la exfiscal de la Nación un informe respecto al caso que se seguía contra Peirano, a quien se buscaba beneficiar, a lo que Vela requirió información al despacho a cargo. Sin embargo, Vela también le habría indicado a Villanueva que el abogado debía solicitar una cita formal con el fiscal a cargo de la pesquisa.
La reunión en cuestión se habría llevado finalmente a cabo, aunque sin la participación de Nieves sino de otro abogado de Peirano “pues él no quería figurar” en los registros, según se recoge en la resolución. En el encuentro también habría participado la fiscal adjunta Augusta Arcela Ynfante.
“En esta reunión, el abogado del investigado antes señalado expuso a los fiscales responsables del caso que el plazo de las diligencias preliminares en contra de su patrocinado se había vencido, y que, por lo tanto, solicitaba se emitiría (sic) la disposición de fondo que diera lugar a los actos de investigación realizados”, se indica en la resolución.
Y es tras esta reunión que desde el despacho fiscal se hizo el proyecto de disposición y se emitió la decisión de no haber mérito para continuar la investigación por presunto lavado de activos en contra de, entre otros, Camilo Peirano, tal como lo habría solicitado el abogado Oscar Nieves. Esta decisión fue comunicada por Jaime Villanueva al abogado en cuestión, “quien le agradeció por cumplir su parte del acuerdo y le indicó que el dinero ofrecido (...) sería entregado a Marco Huamán”.
De acuerdo con las investigaciones, posteriormente Huamán se comunicó con Villanueva, pidiéndole que se acerque a su oficina, “entregándole en ese momento un sobre manila color amarillo el cual contenía US$20.000, mencionando Marco Huamán que él ya habría cobrado su parte”, por lo que la mitad de ese monto debía entregarle a Miguel Girao, también exasesor de Benavides y quien actualmente detenido.
Esta entrega se habría efectuado, a su vez, tras el retorno de Girao al Perú, en un encuentro en el que este último habría manifestado que el dinero sería utilizado para la compra de un departamento.
El Comercio intentó comunicarse con el empresario Peirano, sin embargo, hasta el cierre de este informe ello no fue posible.
Caso Altamirano y, al menos, US$10.000
Pero eso no es lo único que se le atribuye al otrora consejero legal. De acuerdo con la resolución, a inicios de julio de 2023, el abogado Óscar Nieves se volvió a comunicar con el círculo de confianza de la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Los mismos personajes, pero distinto beneficiado.
Mediante una llamada, Nieves se habría comunicado con Villanueva para solicitarle el archivo de una investigación seguida contra el empresario Manuel Luis Altamirano Ramírez, una carpeta seguida por presunto lavado de activos iniciada en octubre de 2021. A cambio de ello, según el documento, se habría ofrecido una entrega de dinero tanto para Villanueva como para Miguel Girao y Marco Huamán, tan igual como habría ocurrido en el primer caso.
Para tal fin, Villanueva habría buscado obtener ese archivo a través del fiscal superior Rafael Vela, para que este a su vez interceda ante el fiscal Carlos Puma. “Para ello, Jaime Villanueva le expuso la investigación fiscal y su pretensión al fiscal superior Rafael Vela, quien habría aceptado interceder con el fiscal Carlos Puma para que la investigación se archive”, se lee en el documento. El fiscal Vela ha declarado a las autoridades que no atendió el pedido de Villanueva.
Además de ello, Villanueva también se habría contactado con la fiscal adjunta Angie Távara Roque, responsable de la carpeta fiscal, y a quien “le habría ofrecido interceder para que sea nombrada como fiscal provincial”. Esta última, según el documento, habría aceptado formular el proyecto de archivamiento, aunque la decisión final tenía que ser suscrita por el fiscal provincial Carlos Puma, quien finalmente estaba a cargo del caso.
Pero a diferencia de la primera carpeta fiscal, aquí el abogado Nieves habría encontrado ciertas demoras para obtener el archivo del caso. Tanto que Villanueva tuvo que comunicarse con la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien habría convocado a su despacho hasta en dos oportunidades (se menciona dos encuentros del 5 de julio y 19 de julio, respectivamente) al propio fiscal Puma, pidiéndole que emita un pronunciamiento sobre la investigación.
Fue el 21 de julio del 2023, de acuerdo con el documento judicial, que finalmente el fiscal provincial emitió la disposición mediante la cual se archivó la investigación preliminar en contra de Altamirano Ramírez y sus coinvestigados, en la carpeta seguida por presunto lavado activos.
Posteriormente, de acuerdo con el mismo documento, en setiembre de ese año Oscar Nieves “le entregó dinero” a Marco Huamán y a Miguel Girao “por el archivamiento de la investigación contra Manuel Altamirano Ramírez”. Luego Girao se reunió con Jaime Villanueva, haciéndole entrega de US$10.000 “que era su parte del dinero recibido por el acuerdo realizado”.
El Comercio intentó recoger la versión de Manuel Altamirano, sin embargo, hasta el cierre de este informe no fue posible.
Ambos hechos están sostenidos en la declaración de un colaborador eficaz, así como las declaraciones testimoniales y actas de vinculaciones de números telefónicos, entre otros elementos.
