Patricia navegaba viento en popa. Podía investigar a los más poderosos del país y pedir la detención preliminar de sus brazos derechos. En su barco, flameaban las banderas del anticastillismo y del antivizcarrismo, para deleite de la mayoría congresal visceralmente anticastillista y antivizcarrista. Cuando uno lee la resolución del juez Jorge Chávez Tamariz, que autorizó el operativo de Eficoop (el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder a cargo de Marita Barreto) que allanó a tres y detuvo a un asesor de Patricia, impresiona que estos invirtieran tanto esfuerzo en convencer a congresistas de votar por lo que ya creían.
¿Por qué habría arriesgado tanto Patricia con esos colaboradores desbocados? Jaime Villanueva, el asesor estrella, dejó mensajes escritos y hasta audios describiendo los avances que hizo para asegurar, con la venia de Patricia, la elección del defensor del pueblo, la destitución de la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos y la remoción de la JNJ, en ese orden cronológico. A favor de estos esfuerzos del trío está la absoluta impredictibilidad del Congreso cuando de conseguir mayoría de dos tercios (87 votos) se trata. Y aún si se tratara de mayoría simple, hay personajes y bancadas enteras cuya posición no se puede dar por sentada. Están acostumbradas a prebendas o a cuotas de poder o a la promesa, aunque difusa, de ser beneficiados en sus cuitas judicializadas. He ahí donde encajaría Patricia, según investigación de sus subalternos.
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¡Viene el lobo feroz!
Patricia no solo navegaba con holgura, hilaba fino. El viernes 5 de agosto del 2022, visitó a la flamante presidenta del Congreso, Lady Camones. Se reunieron por largo rato y posaron para la foto. Entre los temas que trataron, estuvo la necesidad de recursos para el MP. “Como Congreso, nos hemos comprometido a articular acciones ante el MEF, para que el Ministerio Público cumpla sus funciones”, dijo Camones, como si sellara un acuerdo político transparente. La mesa directiva estaba en manos del bloque anticastillista y Benavides, desde que asumió el 2 de julio, prometió continuar la investigación contra Castillo que había abierto su predecesor Pablo Sánchez el 3 de junio por la corrupción en el MTC. El 10 de agosto, unos días luego de visitar a Camones, incluyó a Castillo en otra investigación, sobre la trama corrupta en el sector Vivienda.
¿Qué pervirtió lo que era un pacto legítimo e institucional? He oído dos respuestas complementarias, una apunta al pasado y la otra al futuro. La primera se asocia a dos lastres con los que inició su gestión: una tesis que la fiscal no quiere mostrarnos, otorgando así crédito a nuestras sospechas de que es trucha; y su hermana jueza Emma, investigada por haber presuntamente favorecido a narcotraficantes en sus fallos, y por la cual -¡terrible decisión en sus primeras semanas!- removió a la fiscal Bersabeth Revilla, que la investigaba, aduciendo que tenía baja productividad. Este era uno de los temas por los que la JNJ le abrió la investigación que fue frenada por una medida cautelar.
Pero el pasado nunca explica todo el tinglado. Controlar el MP en armonía con el Congreso y el Ejecutivo, administrando con holgura las presiones de los investigados; es una tentación muy grande para un personaje ambicioso. Para no especular, simplemente presumamos que Benavides, como muchas autoridades, se desubicó cuando fue expuesta en la investigación a sus asesores. Reaccionó impulsivamente, removiendo a Barreto y, gritó, ‘¡viene el lobo feroz’, acusando al gobierno de su desgracia, y anunciando que remitiría al Congreso una denuncia constitucional contra Boluarte, Otárola y tres ex ministros del Interior (César Cervantes, Víctor Rojas y Vicente Romero) imputados de homicidio calificado por las víctimas de las protestas de diciembre, enero y febrero pasado. La bomba le explotó en la cara. La oposición y el activismo por DDHH la acusaron de usar irrespetuosamente a las víctimas y las bancadas de derecha que la tenían por aliada, se resintieron de tamaña osadía contra el gobierno fuente de su continuidad y, peor aún, por exponerlas a que se considere una hipótesis criminal que sus votos en los 3 casos mencionados, pudieron estar condicionados a señales amables de Benavides archivándoles denuncias. El caso más notorio, expuesto en la resolución judicial del juez Chávez Tamariz, es el archivo, pocos días antes de la votación contra Zoraida Ávalos, de la denuncia a una veintena de congresistas (carpeta ‘niños 3′ en la resolución) acusados de corrupción por una ciudadana indignada. Una denuncia endeble y mal fundamentada, por cierto, pero archivar un lío judicial es algo que siempre se agradece ¿Por qué Patricia se atrevió a tanto?
Miseria de la filosofía
La única razón que podría explicar la ocurrencia de Benavides de golpear el Ejecutivo es que realmente percibió que el golpe le venía de allí o, al menos, contaba con su decidido apoyo. Es cierto que el Eficoop contó con indispensable apoyo policial y Benavides podría presumir que el Ejecutivo estaba al tanto. Pero, más que eso, ocurrió que hubo una fuerte tensión entre Alberto Otárola y el asesor Jaime Villanueva. La semana pasada, a un reportero de “Panorama” que intentó preguntarle sobre el caso de dos conocidas suyas (Rosa Ribero y Yaziré Pinedo) que tuvieron contratos con el Estado, Otárola le respondió con una frase críptica sobre ‘el filósofo’. Resulta que Villanueva es docente de filosofía en la Universidad de San Marcos.
El mismo día de la denuncia de Benavides a la cúpula, Boluarte le respondió en un mensaje a la nación acusándola de lanzar una maniobra distractiva y Otárola me concedió una entrevista en RPP. Dijo que, en efecto, Villanueva era ‘el filósofo’ y lo acusó enfáticamente de haber filtrado información del MP sobre el caso de las amigas Rivero y Pinedo. Le pregunté con insistencia de dónde sacó la certeza de ello. “Todo se sabe” fue su respuesta. ¿No es desbordado y temerario que un asesor de la fiscal de la nación opere de esta forma contra un primer ministro empoderado? Todo es desbordado en Villanueva que, probablemente, en su detención preliminar, se desborde en contra de Benavides.
Sin embargo, no tenemos registrado que la tensión con el Ejecutivo haya sido permanente. A fines de febrero, Benavides designó a la fiscal Marena Mendoza como encargada de coordinar las fiscalías de derechos humanos. Según me dijo Jennie Dador, de la directiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mendoza no ha potenciado ni acelerado el trabajo de varias fiscalías regionales que estaban avanzando mejor sin ella. La misma Mendoza ha sido designada, recientemente, jefa del Equipo Especial Lava Jato, en reemplazo del Rafael Vela Barba, suspendido por la Autoridad de Control del Ministerio Público. Geovanna Mori, miembro del equipo me dijo que ni siquiera se habían reunido con Mendoza.
Benavides y sus asesores se sobregiraron al negociar e intrigar compulsivamente contra dos poderes. Cuando el ex contralor Edgar Alarcón hizo algo parecido, grabando sus conversaciones con PPK y enviando señas generalizados de su poder discrecional en temas de control, fue defenestrado de la Contraloría por amplio consenso parlamentario. Benavides se ha expuesto a algo similar, pero se ha envuelto en la bandera del anticastillismo para ganar la simpatía de muchos. El miércoles 6 de diciembre –si la jueza Jacqueline Tarrillo no le amplía los efectos de su medida cautelar- Benavides debe afrontar el inicio de su proceso disciplinario que podría incluir una suspensión dictada por la temblorosa JNJ: la justicia politizada y la política judicializada en un nudo difícil de desatar.