Delia Espinoza es fiscal suprema y reemplaza a Zoraida Ávalos en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal. (Foto: Congreso)
Delia Espinoza es fiscal suprema y reemplaza a Zoraida Ávalos en el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal. (Foto: Congreso)
Redacción EC

La fiscal suprema podrá investigar a los altos funcionarios implicados en la presunta organización criminal liderada por la suspendida fiscal de la Nación, .

Así lo dispone la , publicada este viernes en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

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Como se recuerda, Delia Espinoza tiene a su cargo el despacho de la Segunda Fiscalía Suprema Penal desde el pasado 13 de diciembre, en reemplazo de la suspendida Zoraida Ávalos.

En la resolución se precisa la competencia de la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, para que conozca en adición a sus funciones los delitos de corrupción de funcionarios, criminalidad organizada y delitos conexos que correspondan a la investigación seguida en la carpeta fiscal 1228-2023.

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Así, podrá ver la investigación preliminar y preparatoria, así como en las etapas intermedia y juicio oral, según la instancia en la que actúe, de los delitos de función, de criminalidad organizada y conexos atribuidos a funcionarios públicos y jueces y fiscales de todos los niveles.

“Disponer que la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal, en adición a sus funciones, conocerá los casos de elevación de actuados prevista en los incisos 5 y 6 del artículo 334 del Código Procesal Penal, y los casos de forzamiento de la acusación previsto en el 346º, inciso 1 del Código Procesal Penal, que se generen en la carpeta Nº 1228-2023 y los casos conexos a ella”, señala la norma.

Según el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), la presunta red criminal fue constituida desde el 1 de julio del 2022 bajo el liderazgo de Patricia Benavides, e integrada por sus asesores Jaime Villanueva Barreto y Abel Hurtado Espinoza.

Dicha red, según la tesis fiscal, pretendía influir en la elección del defensor del Pueblo con miras a que, ante una eventual remoción de la , sea quien presida la comisión especial de selección de sus miembros.

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Otro objetivo de la supuesta organización criminal fue la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien potencialmente sería la sucesora de Benavides Vargas si era destituida por la JNJ.