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Tres implicados en la presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides recuperarán la libertad. Estos son Miguel Girao, exasesor de Benavides; el abogado José Luis Castillo y el empresario Giancarlo Valer, quienes cumplían prisión preventiva por el Caso Valkiria.
La Quinta Sala Penal de Apelaciones Nacional revocó el último lunes la orden que dio el juez Raúl Justiniano Romero en julio pasado, de 36 meses de prisión preventiva para los tres.
La sala ordenó que Girao y Valer continúen el proceso con comparencia restrictiva. En tanto, Castillo lo hará con comparecencia simple.
La fiscalía investiga a Girao por los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, tráfico de influencias y otros; a Valer, por supuesta organización criminal, colusión agravada y colusión simple; y a Castillo, por presunta organización criminal, cohecho pasivo específico y encubrimiento personal agravado.
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El Caso Valkiria gatilló la destitución de Benavides del cargo de fiscal suprema del Ministerio Público y, en consecuencia, del rol de fiscal de la nación en mayo pasado.
Según la hipótesis fiscal, Benavides lideró una red que protagonizó una trama de corrupción y tráfico de influencias.
ELLOS SON LOS TRES QUE RECUPERARÁN LA LIBERTAD TRAS REVOCARSE LA ORDEN DE PRISIÓN PREVENTIVA:
1
Miguel Girao Isidro
Exasesor de Patricia Benavides
Presuntos delitos: Lavado de activos, organización criminal, cohecho pasivo específico, tráfico de Influencias, cohecho pasivo propio, colusión simple, peculado doloso agravado, encubrimiento personal agravado, encubrimiento real agravado y falsedad genérica.
Pronóstico de la pena: 35 años de cárcel.
Principales hechos: Según la hipótesis fiscal, ayudó a captar congresistas para que voten a favor de los intereses de la presunta organización criminal liderada por Patricia Benavides.
Habría coordinado un informe de productividad empleado para retirar a la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla. Ella investigaba a Emma Benavides - hermana de Patricia Benavides - por presuntamente liberar a procesados por narcotráfico a cambio de sobornos.
Presuntamente recibió US$ 2 mil dólares por interceder ante Benavides para el nombramiento de una fiscal adjunta.
2
José Luis Castillo Alva
Abogado
Presuntos delitos: organización criminal, cohecho pasivo específico y encubrimiento personal agravado.
Pronóstico de la pena: 21 años de cárcel
Principales hechos: según la fiscalía, confabuló para beneficiar a Patricia Benavides con el archivo de investigaciones en su contra. A cambio, buscó el nombramiento ilícito de cuatro fiscales en el equipo especial que investiga el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”
Además, habría tratado de frustrar la detención preliminar a Jaime Villanueva Barreto, exasesor de Benavides, por el Caso Valkiria.
3
Giancarlo Valer Enciso
Empresario
Presuntos delitos: organización criminal, colusión simple y colusión agravada.
Pronóstico de la pena: 23 años de cárcel.
Principales hechos: según la fiscalía, participó en el direccionamiento de contratos contratos públicos para obtener ganancias ilícitas.
Habría concertado con Patricia Benavides, mediante Jaime Villanueva, Miguel Girao y Jorge Luis Palomino, para que, en su condición de fiscal de la Nación, intervenga en el direccionamiento de compras de computadoras para el Ministerio Público.
Con arraigo
La fiscalía investiga si Girao coordinó la elaboración de un informe de productividad empleado para retirar a la fiscal suprema adjunta Bersabeth Revilla. Ella investigaba a Emma Benavides - hermana de Patricia Benavides - por presuntamente liberar a procesados por narcotráfico a cambio de sobornos.
Según el Ministerio Público, Girao también envió una ayuda memoria al abogado Eduardo Roy Gates para que defienda ante los medios de comunicación a Emma Benavides y justifique el cambio de Bersabeth Revilla.
La sala de apelaciones concluyó que existe “sospecha fuerte” sobre actos destinados a remover a Revilla del cargo de fiscal suprema. Esta fue retirada del cargo el 25 de julio de 2022.
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Además, determinó que también existe “sospecha grave” de que Girao propuso al congresista José María Balcázar (Perú Libre) que vote en contra de una denuncia constitucional contra Benavides. Esto a cambio de archivarle una investigación por supuesta apropiación ilícita.
No obstante, consideró que Girao contaría con arraigo domiciliario. Su defensa presentó diversos documentos, como un certificado domiciliario, declaraciones de bienes, recibos de línea telefónica y otros de índole personal que acreditan su residencia en el distrito de El Agustino, en Lima, en una casa a nombre de su mamá.
Añadió que otro departamento de Girao en San Isidro cuenta con medida de incautación, pero “ello no disminuye su arraigo en el domicilio materno, en el que se ha evidenciado que reside de manera habitual”.
Además, concluyó que cuenta con arraigo laboral, a pesar de que ya no trabaja como asesor del despacho de la Fiscalía de la Nación, que fue su principal fuente de ingresos.
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La sala señaló que está acreditado, conforme al contrato de trabajo expedido por la empresa Instituto Pacífico S.A.C., que labora como coordinador de proyectos editoriales.
También determinó que tiene arraigo familiar, pues está casado y convive junto a su mamá, a quien sostiene “económica y emocionalmente”.
En tanto, consideró que no se puede sostener que tendría facilidad de abandonar el país, ya que sus ingresos se han visto visiblemente reducidos al perder su principal fuente de trabajo.
Por último, sobre el peligro de obstaculización, cuestionó que el juez de primera instancia justificara su razonamiento en hechos que son materia de la investigación.
La sala ordenó la inmediata libertad de Girao, quien no podrá ausentarse de Lima ni cambiar de residencia sin autorización judicial.
El exasesor de Benavides tendrá que acudir cada 15 días a la oficina de registro y control biométrico para que registren su huella digital. También deberá informar sus actividades por escrito al Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, abonar una caución de S/ 30 mil y cumplir con otras restricciones.
El caso de Castillo
Para la fiscalía, Castillo actuó como operador y coordinador de la presunta organización criminal liderada por Benavides. No obstante, la sala de apelaciones cuestionó que existan graves y fundados elementos de convicción en su contra.
El colegiado concluyó que no existe “contundencia o gravosidad” en los elementos de convicción (evidencias o indicios) que expuso el Ministerio Público cuando solicitó prisión preventiva en su contra.
La sala discrepó de lo resuelto en primera instancia por el juez Justiniano al considerar que el caso de Castillo no supera el primer presupuesto (existencia de graves y fundados elementos de convicción) para imponer una prisión preventiva.
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Añadió que “sería inoficioso evaluar los siguientes presupuestos (prognosis de la pena y peligro procesal)”.
En tanto, en el caso contra Valer, consideró que la fiscalía presentó elementos de convicción que no sustentan, en grado de sospecha grave, la presunta comisión del delito de colusión simple. Esto porque no se podría probar, con los indicios presentados, que habría realizado un pacto colusorio con Villanueva y Girao para direccionar una licitación pública.
La sala también concluyó que Valer contaría con arraigo domiciliario, laboral y familiar. Además, señaló que “si bien tendría facilidades para abandonar el país, en virtud a sus múltiples viajes, su conducta procesal denota su voluntad de ceñirse al proceso en el territorio nacional”.
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Valer tendrá que presentarse cada 30 días a la oficina de registro y control biométrico, abonar una caución económica de S/ 10 mil y cumplir con otras reglas que buscan que no perturbe el proceso.
Recientemente la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó el impedimento de salida del país por 18 meses dictado contra Benavides.
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