Tal como adelantó El Comercio, la fiscal Marita Barreto presentó un recurso de apelación contra su remoción del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Efficop) adoptada por la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides. El pedido se encuentra en manos de la Junta de Fiscales Supremos
El abogado de Barreto, Luciano López, calificó de “ilegal” la remoción de la fiscal, advirtiendo que vulnera el principio de razonabilidad e iría en contra de la propia Ley Orgánica del Ministerio Público. Ante ello, la misma deberá ser revisada ante la instancia superior de la entidad.
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“Desde el punto de vista legal, es clarísimo que es una violación del principio razonabilidad, que está regulado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Y, en segundo lugar, porque la Ley Orgánica del Ministerio Público, el artículo 80-B, señala que cuando se forman equipos especiales para conocer delitos específicos que revisten especial gravedad —y estos evidentemente lo son —, cualquier decisión que impacten en el movimiento de fiscales debe ser con conocimiento de la junta de fiscales supremos”, dijo en entrevista con El Comercio el abogado Luciano López.
El lunes 27 por la noche, en una edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial El Peruano, se publicó la resolución en la que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, dio por concluida la designación de Barreto como coordinadora del Efficop.
Ello luego que en la madrugada —en la Operación Valkiria V— se detuvo a su principal asesor Jaime Villanueva por integrar presuntamente una organización criminal, la cual habría estado enquistada en la cúpula de la institución y que encabezaría la propia Patricia Benavides.
En reemplazo de Barreto, la titular del Ministerio Público nombró al fiscal José Miguel Cuya Berrocal a cargo de la coordinación del Efficop.
El abogado Luciano López también confirmó a este Diario que, en las próximas horas, tienen previsto presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “para que se resguarde la vida y la seguridad” de Barreto, debido a los riesgos que podrían traer la investigación que tiene a su cargo. “Es una situación delicada”, acotó.
La defensa de la fiscal Barreto presentaría igualmente una demanda de amparo ante el Poder Judicial.