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El Poder Judicial (PJ) ratificó la permanencia de la fiscal suprema Delia Espinoza al frente de la investigación seguida contra Patricia Benavides y la presunta red criminal que habría liderado durante su gestión en el Ministerio Público.
Esas pesquisas incluyen a un grupo de congresistas que actualmente promueven una denuncia constitucional para inhabilitar a Espinoza por haber asumido el caso.
En enero, la defensa de la suspendida ex fiscal de la Nación presentó un recurso (tutela de derechos) ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkley. Ese pedido, que acaba de ser rechazado, tenía entre sus propósitos que Delia Espinoza deje el caso, el cual incluye a Patricia Benavides, a dos ex fiscales adjuntos suyos y a 14 congresistas, entre otras personas.
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El argumento de la defensa era que Delia Espinoza no tenía la competencia para investigarla porque los altos funcionarios con antejuicio (inmunidad) solo pueden ser indagados por el fiscal de la Nación. Ella tiene esa inmunidad por ser fiscal suprema al momento de los hechos bajo indagación, al margen de que actualmente esté suspendida de su cargo por orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
Parte resolutive de la decisión del juez Juan Carlos Checkley
Por ello, los abogados de Patricia Benavides solicitaron al juez que ordene a Delia Espinoza devolver la carpeta a Juan Carlos Villena, actual titular del Ministerio Público.
Ese argumento, ya desestimado por el Poder Judicial, es el que también usaron cinco congresistas investigados para firmar una denuncia constitucional contra Espinoza. La acusan de infringir la Constitución por estar a cargo de esa indagación y piden su inhabilitación por 10 años.
Detrás de la denuncia están los legisladores Patricia Chirinos (Avanza País), Édgar Tello (Bloque Magisterial), Ílich López (no agrupado), Gustavo Cordero y Luis Aragón (ambos de Acción Popular). Todos ellos son investigados en el caso de Patricia Benavides por la presunta comisión de delitos de corrupción, mientras que a Patricia Chirinos también se le atribuye ser parte de la presunta red criminal.
El recurso fue sustentado en audiencia por Christian Salas, uno de los abogados de Patricia Benavides. Foto: GEC / Alonso Chero
La posición de la fiscalía
El recurso fue sustentado y debatido en audiencia el 1 de marzo. Ese día, Delia Espinoza explicó que, como encargado de las investigaciones preliminare a funcionarios con antejuicio, Juan Carlos Villena recibió el 11 de diciembre el informe del equipo especial de fiscales contra la corrupción (Eficcop) sobre la investigación a la presunta red criminal liderada Patricia Benavides.
Por entonces, la indagación del Eficcop había llevado a la ejecución del ‘Operativo Valkiria V’: la detención de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien luego se convirtió en colaborador eficaz y hoy es el principal testigo de la indagación de Delia Espinoza.
El escándalo provocó una crisis en el Ministerio Público, así como la suspendión de Patricia Benavides y la asuncuión de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación. Poco después, Delia Espinoza se incorporó a la Junta de Fiscales Supremos, tras haber sido enviada como representante de la fiscalía ante el Jurado Nacional de Elecciones durante la gestión de Benavides.
Sin embargo, tras analizar el caso, Juan Carlos Villena resolvió “excusarse” de dirigir la investigación al advertir que él mismo iba a ser testigo en las indagaciones. Lo mismo aplicaba para el fiscal supremo más antiguo, Pablo Sánchez, a quien le habría correspondido asumir el caso. A la fecha, ambos ya declararon como testigos ante Espinoza.
Juan Carlos Villena derivó la investigación del caso a Delia Espinoza dentros de sus facultades como fiscal de la Nación. (Foto: Ministerio Público)
La excusa del fiscal de la Nación para asumir un caso en el que podría estar involucrado, sea como testigdo o investigado, tiene antecedentes: en el 2018, Pedro Chávarry se excusó de dirigir las investigacions a jueces y fiscales supremos por el caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’, las cuales fueron asumidas por Pablo Sánchez.
Es más: según un acta citada por la fiscalía durante la audiencia, el 30 de noviembre, en una reunión con Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez, Patricia Benavides les dijo que ambos estaban “adelantado opinión” sobre su caso al haber pedido su renuncia el mismo día de la ‘Operación Valkiria’.
Por ello, Juan Carlos Villena emitió una resolución para que la carpeta recaiga en Delia Espinoza, quien acababa de sumarse a la Junta de Fiscales Supremos. Luego, en una resolución publicada en El Peruano, precisó sus competencias para que pueda incluir en el caso a otros funcionarios con antejuicio (fiscales supremos, congresistas, jueces supremos, ministros, etc.)
Los argumentos del juez
Así, Delia Espinoza sostuvo que ella no pidió tener la carpeta, sino que Juan Carlos Villena se la derivó de forma legal. Esto mismo fue indicado el último viernes por el Ministerio Público, mediante un comunicado, como respuesta a la denuncia de los congresistas. Y en su resolución -a la que accedió El Comercio- el juez Juan Carlos Checkley da la razón a la fiscalía.
El magistrado consideró que es un hecho objetivo que Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez son testigos en el caso, por lo que “resulta manifiesta la imposibilidad que cualquiera de ellos pudiera haber asumido o, asumir actualmente, la conducción de esta investigación”. Más aún cuando la propia Benavides “consideró que ellos habían adelantado opinión respecto al caso, al solicitarle su renuncia al cargo de Fiscal de la Nación”.
También señaló que Juan Carlos Villena sustentó su decisión en la Ley Orgánica del Ministerio Público, que establece que los fiscales “deben excusarse, bajo responsabilidad, de intervenir en una investigación policial o en un proceso administrativo o judicial en que directa o indirectamente tuviesen interés”.
El Comercio
“Además se mencionó la posibilidad de ser considerado como testigo en el caso e invocó la necesidad de garantizar la imparcialidad y objetividad de la investigación”, afirmó el juez supremo.
Solo hay tres fiscales supremos en funciones: Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Delia Espinoza. Las otros dos, Zoraida Ávalos y Patricia Benavides, están actualmente inhabilitadas por el Congreso y suspendidas por la JNJ, respectivamente.
Por ello, Juan Carlos Checkley añadió que si Pablo Sánchez también iba a ser testigo, era razonable que el caso sea derivado y asumido por la única otra fiscal suprema: Delia Espinoza. “No puede obviarse una situación fáctica y jurídica real: que ambos (Juan Carlos Villena y Pablo Sánchez), han declarado como testigos en la presente investigación, por lo que no podrían estar a cargo de esta”, concluyó.
El Comercio
Con ello, reafirmó la “competencia” de Delia Espinoza para la investigación del caso de Patricia Benavides.
La defensa de la ex fiscal de la Nación apelará la decisión. Según han dicho, no se niegan a ser investigados, pero alegan que las pesquisas las debe hacer el fiscal de la Nacióna. “No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial. Solo exijo el respeto al debido proceso”, dijo la propia Patricia Benavides en la audiencia del 1 de marzo.
Con la apelación, la palabra final la tendría la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez supremo César San Martín, una vez que el juez Checkley les eleve el recurso. En tanto, la denuncia contra Delia Espinoza sigue su trámite en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso.
