Patricia Benavides se aferra al cargo: los escenarios de cara a su eventual salida como fiscal de la Nación

La crisis en el Ministerio Público, que ya venía gestándose durante los últimos meses, estalló este lunes tras el operativo fiscal en que se detuvo a Jaime Villanueva, principal asesor de la fiscal de la Nación. Horas antes de la ejecución del llamado ‘Operativo Valquiria’, la fiscal de la Nación firmó la remoción de la fiscal superior Marita Barreto, coordinadora del equipo especial contra la corrupción del poder, a cargo de las pesquisas del caso.

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La investigación fiscal aborda presuntas coordinaciones ilegales hechas por Jaime Villanueva a nombre de la fiscal con el objetivo de dirigir los votos de los parlamentarios, a través de chats y reuniones. Con ello se buscaba favorecer a la jefa del Ministerio Público e impedir una eventual destitución en la JNJ , a cambio de que se archiven investigaciones a legisladores.

Horas después de estas revelaciones, según indicaron fuentes de El Comercio, los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez y Juan Carlos Villena pidieron a Patricia Benavides que convoque a una reunión urgente de la Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano de la institución. Como fiscal de la Nación y presidenta de la junta, era ella quien debía hacer la convocatoria. Sin embargo, no hubo respuesta a la solicitud.

Luego, hacia el mediodía, los fiscales supremos firmaron y enviaron un oficio a Patricia Benavides con un mensaje claro: pedirle su dimisión. En el documento, al que accedió este Diario, indicaron que los señalamientos “no se condicen con un desempeño debido a su cargo como máximo representante del Ministerio Público”. “Le exigimos que renuncie al cargo de fiscal de la Nación, a fin de no afectar la investigación que realiza nuestra institución”.

Pese a ya haber recibido el pedido, Patricia Benavides siguió adelante con la emisión de un mensaje en el que atribuyó todo a un ataque en su contra y manifestó que no renunciará. Allí también anunció la presentación de una denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, además de Alberto Otárola y un grupo de ministros, por la muertes en las protestas contra el gobierno.

“Las últimas horas son una demostración de quienes no quieren ser investigados y tienen aún la capacidad de ejercer represalias contra la institución”, alegó Patricia Benavides. “Pero no voy a retroceder: tengo un compromiso firme con la labor que realizo. Como fiscal de la Nación, no permitiré que esa presión e injerencia externa haga caer el trabajo de tantos fiscales”.

La fiscal también aseguró que viene dando “todas las facilidades” al equipo especial contra la corrupción para sus investigaciones y para la diligencia de este caso. Ello a pesar de ella misma haber firmado la remoción de Marita Barreto horas antes. En su mensaje, Patricia Benavides no respondió o negó directamente los señalamientos de la indagación. Tampoco deslindó de su asesor Jaime Villanueva ni los otros dos funcionarios implicados en el caso.

El pedido de los fiscales supremos evidencia que Patricia Benavides ha perdido la confianza entre sus colegas y al interior de la institución que todavía encabeza. No obstante, ello no la obliga necesariamente a renunciar. La decisión de salir voluntariamente del cargo sigue siendo de ella y de su mensajes se desprende que no tiene la intención de hacerlo.

Si dejase el cargo, Patricia Benavides seguiría siendo fiscal suprema y tendría inmunidad (antejuicio) para ser procesada judicialmente. Sin embargo, sí perdería influencia sobre las designaciones de equipo especiales, fiscales coordinadores, las investigaciones que comprenden a altos funcionarios y sobre el aparato logístico de la institución.

En ese escenario, quien sí puede suspender e incluso destituir a Patricia Benavides como fiscal suprema, y en consecuencia como fiscal de la Nación, es la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Por la tarde, esta institución informó que ante los hechos conocidos este lunes, su pleno está “en sesión permanente evaluando las acciones que le competen en el marco de la Constitución y la ley”.

El artículo 45.2 de la ley de la JNJ establece que un fiscal supremo puede ser suspendido de su cargo por seis meses a través de una medida provisional. Previamente, debe realizarse una audiencia para que el indagado pueda dar sus descargos.

Para ello se requiere que exista evidencia grave sobre una falta disciplinaria grave que sea sancionable con una destitución y que la medida sea “indispensable para garantizar el normal desarrollo de la causa, impedir la obstaculización del procedimiento, garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer o evitar que se continúen o repitan los hechos que son objeto de investigación, u otros de similar significación”.

Fuentes de El Comercio también señalaron que en caso Patricia Benavides renuncie o sea removida como fiscal de la Nación, le correspondería asumir el cargo al fiscal supremo de mayor antigüedad: Pablo Sánchez. El abogado penalista ya ocupó el cargo entre 2015 y 2018, y entre marzo y junio del 2022. En este último período, impulsó la primera investigación preliminar al entonces presidente Pedro Castillo por el caso Puente Tarata.

Conocido el caso que implica a Patricia Benavides en presuntos actos de corrupción, los pedidos para que renuncie se sucedieron al interior la institución. En diálogo con El Comercio, a su salida de la sede central del Ministerio Público, los fiscales del equipo especial Lava Jato pidieron que renuncie o que sea removida del cargo y advirtieron sobre sus intentos para desarticular las fiscalías que investigan graves casos de corrupción.

“Es preocupante lo que está pasando en la institución. Esa percepción que se tenía, que estábamos volviendo a los años noventa, se estaría dando con este asesor que ha sido intervenido”, comentó el fiscal Germán Juárez. “[Benavides] debería renunciar a efectos que dé las explicaciones claras de cómo se ha venido manejando la institución. Los fiscales superiores que han estado en casos claves, liderando la lucha anticorrupción, vienen siendo apartados”.

El fiscal José Domingo Pérez se pronunció en el mismo sentido: “[La renuncia] es una posición que se debe dar para llevar a cabo las investigaciones [...] Esta decisión ya compete a los órganos correspondientes para que en caso no se dé la renuncia, removerla del cargo.

Pérez indicó que en una reunión realizada por fiscales provinciales de Lima se adoptó una posición “en respaldo de la institucionalidad del Ministerio Público”. “Más allá de quién está en la jefatura actualmente de la institución y de los graves cuestionamientos que pesan sobre ella, está la institución el Ministerio Público”, afirmó.

La Junta de Fiscales Provinciales de Arequipa exigió que se garantice la investigación independiente de este caso y manifestó su preocupación ante las recientes decisiones que afectan “el principio de inamovilidad en el cargo y la autonomía de la función fiscal”. Fuentes de El Comercio indicaron que también se alistan pronunciamientos de fiscales en otras regiones. En su mensaje grabado y difundido por el Ministerio Público, Benavides solo estuvo acompañada por dos fiscales superiores: Marena Mendoza y Karina Quineche.

La primera es la nueva coordinadora del equipo especial Lava Jato nombrada por Patricia Benavides en lugar del suspendido fiscal Rafael Vela, quien también se manifestó a favor de la salida de Patricia Benavides en diálogo con RPP. Por la tarde, los fiscales del Caso Lava Jato firmaron un oficio pidiendo que se nombre a otro coordinador mientras el Poder Judicial resuelve la demanda de amparo presentada por Vela contra su suspensión, advirtiendo que Mendoza fue una de las fiscales que estuvo reunida el lunes por la madrugada con Benavides.

Los fiscales del equipo especial contra la corrupción también emitieron un pronunciamiento de respaldo a Marita Barreto y al fiscal Freddy Niño, encargado directo de la indagación que implica a la fiscal de la Nación. Para ello, rechazaron la resolución firmada por ella para destituir a su coordinadora. Además afirmaron que no renunciarán a sus casos -que implican a los gobierno de Pedro Castillo, Dina Boluarte y al Congreso- para defender sus avances.

Por otro lado, solicitaron a la Junta de Fiscales Supremos que “actúen con responsabilidad y buen criterio en defensa de la institucionalidad” del Ministerio Público. También invocaron a la ciudadanía a estar vigilante ante las acciones “que pudiera formularse” contra ellos.

Las solicitudes también vinieron desde el Congreso. Congresistas de Cambio Democrático, Podemos, Acción Popular, así como algunos no agrupados , se manifestaron a favor de que Benavides dé un paso al costado o, como mínimo, deje temporalmente el cargo ante las revelaciones. En tanto, desde bancadas como Avanza País o Renovación Popular optaron por minimizar o no dar mayores comentarios sobre el caso.

Organizaciones como Proética, Transparencia Internacional, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos también pidieron la salida de Patricia Benavides de la jefatura del Ministerio Público. A favor de que la JNJ suspende a la fiscal suprema también se manifestaron exprocuradores como José Ugaz y César Azabache.