Pedro Castillo afrontará segundo pedido de prisión: Las claves del caso por organización criminal

La disposición fiscal fue notificada al juez Juan Carlos Checkley, titular del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, quien en un plazo máximo de cinco días deberá aprobar o no la formalización de la investigación. También se notificó a los abogados de los tres investigados y a la Procuraduría General del Estado, que actúa en defensa del Estado peruano.

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El Comercio pudo revisar el documento, el cual detalla las imputaciones, los delitos atribuidos a cada uno de los tres investigados y los elementos de convicción (evidencia) acumulada. Además, fuentes de este Diario indicaron que una vez aprobada la formalización, el Ministerio Público solicitará una segunda orden de prisión preventiva contra Pedro Castillo, quien ya cumple esa medida en su proceso por rebelión relacionado a su golpe de Estado.

La formalización de la investigación, que marca el inicio del proceso penal para los investigados, se da tras la aprobación de una acusación constitucional contra los tres en el Congreso de la República. Al tratarse de ex altos funcionarios, era necesario esto para que se les levante el antejuicio (protección popularmente conocida como ‘inmunidad’) y se pueda continuar con la investigación preparatoria.

Esta acusación constitucional se hizo a partir de la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en octubre pasado. Esto se hizo tras finalizar las investigación preliminar a Pedro Castillo y sus exministros por tres expedientes: el caso Petro-Perú; el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC); y el caso del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).

Así, estos son los delitos imputados a cada uno de los investigados:

La tesis fiscal atribuye a Pedro Castillo haberse vinculado con un grupo de amigos y de empresarios con el propósito de obtener ganancias ilícitas proveniente de los procesos de contratación [y otros actos ilícitos] que se realizarían en los diversos estamentos del Estado”. Entro ellos están Alejandro Sánchez Sánchez, Abel Cabrera Fernández, Nenil Medina Guerrero, Fermín Silva y Zamir Villaverde.

Esto, agregan, habría sido luego de la primera vuelta electoral de abril del 2021, ante las altas posibilidades de que el entonces candidato sea elegido presidente. Esto se basa en la declaración de los implicados y de colaboradores eficaces. Las operaciones de esta presunta organización habrían iniciado en la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde “se habrían tomado importantes decisiones para la consecución de los planes ilícitos”.

Una vez en el poder, la organización habría desplegado sus brazos en distintos sectores del Estado. La fiscalía señala a Pedro Castillo como líder y como su grupo más cercano al ‘Gabinete en la sombra’ formado por Alejandro Sánchez, Abel Cabrera, Nenil Medina y Fermín Silva.

En un segundo nivel, la fiscalía ubica a: Bruno Pacheco como secretario general del Despacho Presidencial y encargado de la coordinación; el brazo familiar conformado por Lilia Paredes, Yenifer Paredes, sus sobrinos y sus cuñados; el brazo congresal de ‘Los Niños’; el “brazo obstruccionista” con Beder Camacho, Eder Vitón y los exministros Aníbal Torres y Félix Chero; y el “brazo lobbista” con Zamir Villaverde y Karelim López.

Finalmente, se ubica a los ministros Juan Silva (MTC) y sus subordinados en Provías; el exministro Geiner Alvarado y su asesor Salatiel Marrufo; el exministro de Defensa Walter Ayala con la PNP y las FF.AA. (caso no comprendido en la denuncia constitucional) y el exgerente general de Petro-Perú Hugo Chávez Arévalo.

En la formalización de su investigación también se detallan las imputaciones concretas a Pedro Castillo por cada delito y por cada uno de los tres casos que formaron parte de la denuncia constitucional.

1

Por organización criminal

En el Caso Petro-Perú

"El investigado Castillo Terrones, abusando de su poder funcional, habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad, con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de adquisición llevados a cabo por la empresa Petro-Perú. Por tal razón, a solicitud de Fermín Silva Cayatopa, el imputado en mención habría gestionado ante el entonces ministro de Energía y Minas, Iván Godofredo Merino Aguirre y ante el entonces ministro de Economía y Finanzas, Pedro Toribio Francke Ballvé, la designación de Hugo Ángel Chávez Arévalo como presidente de Directorio de la empresa Petro-Perú [...] Concretada la designación de Chávez Arévalo en el cargo de Gerente General de Petro-Perú, este habría logrado copar la entidad con personal afín a los intereses de la citada organización"

2

Por tráfico de influencias

En el Caso Petro-Perú

"Habría invocado tener influencias reales ante los terceros interesados, como era el caso de Samir George Abudayeh Ghija, Gregorio Sáenz Moya y Karelim Lisbeth López Arredondo, ofreciéndoles interceder ante Hugo Ángel Chávez Arévalo [...] para que así se otorgue la buena pro de la citada licitación a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A., vinculada a Abudayeh Ghija, Para tal efecto, Castillo Terrones habría recibido la suma de dos millones de soles por parte de Karelim Lisbeth López Arredondo,, a través del exsecretario general Arnulfo Bruno Pacheco Castillo, como contraprestación [...] Asimismo, Castillo Terrones habría recibido otras ventajas, como es el caso de la fiesta que habría realizado López Arredondo a la hija de este".

3

Por organización criminal

En el caso del MTC

"El investigado Castillo Terrones, poseyendo amplias facultades de nombramiento y designación, en su condición de presidente de la República [a la fecha de los hechos], habría designado a Juan Francisco Silva Villegas como ministro de la cartera de Transportes y Comunicaciones, para, a través de él, copar ilegalmente el referido sector ministerial, con la finalidad de controlar y direccionar los procedimientos de contratación pública, a favor de empresarios que habrían formado parte de la Organización Criminal y de los que apoyaron en la campaña presidencial".

4

Por tráfico de influencias

En el caso del MTC

"A través de sus sobrinos Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Vásquez, habría ofrecido a los terceros interesados [empresarios] interceder ante los funcionarios, Juan Francisco Silva Villegas [y otros] [...] quienes de forma directa o indirecta venían conociendo la Licitación Pública N.º 01-2021-MTC/21 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – Provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, para que otorguen la buena pro de la citada licitación al CONSORCIO PUENTE TARATA III, para tal efecto habría solicitado y recibido beneficios económicos y otras formas de dádivas [...] Se le habría entregado, por intermedio del exministro, la suma de treinta mil soles; y, además, habría obtenido una serie de pasajes aéreos para sus familiares, entre otros".

5

Por colusión

En el caso de Petro-Perú

"Se tiene que José Pedro Castillo Terrones, con la designación de Hugo Ángel Chávez Arévalo como gerente general de Petro-Perú, habría brindado un aporte fundamental para el control y direccionamiento del proceso de adquisición COM-012-2021-GDCH/PETROPERÚ, puesto que, sin tal designación, no habría sido posible copar a la citada empresa estatal [...] para favorecer a la empresa Heaven Pretroleum Operators S.A. en el precitado proceso de adquisición.

Además, se tiene que José Pedro Castillo Terrones, aprovechando su condición de entonces máxima autoridad del país, luego de las reuniones suscitadas con el empresario Abudayeh Giha, el día 15 de octubre de 2021; y, con Abudayeh Giha, Gregorio Sáenz Moya, Karelim Lisbeth Arredondo López y Hugo Ángel Chávez Arévalo, el día 18 de octubre de 2021, habría logrado direccionar el proceso de adquisición [...] a favor de la empresa Heaven Pretroleum Operators S.A."

6

Por organización criminal

En el caso del MVCS

"El investigado Castillo Terrones, abusando de su poder funcional, habría pretendido copar ilegalmente la referida entidad ministerial con integrantes de la Organización Criminal, y posteriormente manejar, controlar y direccionar los proyectos de saneamiento urbano y rural de acuerdo a sus intereses. Para tal efecto, por recomendación de Jenin Abel Cabrera Fernández, nombró a Geiner Alvarado López como ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, cargo que sería clave para que la Organización Criminal tenga control total dentro de la citada cartera ministerial".

Junto al detalle de las imputaciones, la fiscalía consignó en su disposición una larga lista de elementos de convicción (evidencia) recogida hasta el momento en sus pesquisas. Están están ordenadas por cada uno de los tres delitos imputados y por distintas etapas.

Los elementos de convicción incluyen declaraciones de los propios investigados, de testigos y de colaboradores eficaces. También hay informes remitidos por otras fiscalías, como la del equipo especial contra la corrupción en el poder; informes de control y otros informes especializados, resoluciones, ministeriales, actas, cartas, contratos, correos electrónicos, registros de visitas, etc.

Finalmente, la fiscalía indica que la investigación preparatoria tendrá un plazo máximo de 36 meses, al tratarse de una caso de presunto crimen organizado. Según explicaron abogados penalistas, este plazo es prorrogable por 36 meses más, previa autorización del Poder Judicial.

El documento fiscal también cuenta al Poder Judicial de que se “requerirá la imposición de medidas coercitivas contra los investigados, las que se formularán mediante requerimiento aparte”. Según informaron fuentes de El Comercio, la fiscalía presentará un requerimiento de prisión preventiva por 36 meses contra el expresidente Pedro Castillo.

Las fuentes detallaron que una vez que el juez Juan Carlos Checkley emita su resolución en la que apruebe la formalización de la investigación, el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales remitirá el caso a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, a cargo del fiscal Uriel Terán.

Será esta fiscalía -agregaron las fuentes- la encargada de solicitar formalmente los siguientes actos de investigación y las medidas que se requieran. En esa línea, la decisión ya ha sido evaluada y está tomada: se pedirá prisión preventiva por 36 meses al considerarse que es la medida necesaria para asegurar el desarrollo del proceso.

La misma decisión ha sido tomada en cuanto al exministro Juan Silva, quien tiene una orden de detención preliminar vigente desde inicios de julio y está prófugo desde entonces. En el caso de Geiner Alvarado, quien ha venido colaborando con las investigaciones, aún se evalúa si se pedirá lo mismo o si se optará por libertad con restricciones.

Actualmente, Pedro Castillo cumple prisión preventiva por 18 meses en el proceso que se le sigue por presunta rebelión y conspiración en torno a su golpe de Estado del 7 de diciembre. Sin embargo, según coincidieron los penalistas consultados por este Diario, el nuevo pedido fiscal sí sería atendible, ya que sí se pueden dictar dos o más prisiones preventivas u órdenes de captura por casos diferentes.

Para el exprocurador Ivan Meini, es “razonable que la Fiscalía de la Nación solicite una prisión preventiva distinta, amparada por delitos distintos. Esto no va a impedir que el juez la apruebe”.

“Si bien Pedro Castillo está ahora detenido, esta detención se puede levantar, se puede vencer o se puede anular. Seguiría siendo necesario que para la investigación preparatoria que se está abriendo que también pueda estar detenido, en tanto el juez logre acreditar que existe peligro de fuga y de entorpecimiento de la actividad probatoria. Por lo que ha sido público en los últimos meses, es evidente que existe”, dijo a El Comercio.

“Es perfectamente posible y legal que una persona pueda tener dos o más órdenes de captura o detenciones preventiva. En la medida que se trata de investigaciones distintas, existen también razones distintas para decretar esa detención. Es perfectamente posible que una de esas investigaciones decaiga, o que el material probatorio no sea contundente, pero eso no significa que para otra de las investigaciones no sea necesaria”, añadió

El abogado penalista Jefferson Moreno comentó a este Diario que “cada caso es independiente” y recordó que políticos como Alejandro Toledo o Félix Moreno han tenidos dos o más órdenes de prisión o sentencias al mismo tiempo. “El proceso que Pedro Castillo tiene por rebelión tiene su trámite, sus propias medidas. Y esto proceso, que es mucho más grave porque es de organización criminal, debe tener sus propias medidas. Imagínense que la prisión preventiva se levanta en el proceso por rebelión, podrá estar vigente la prisión preventiva por organización criminal”, indicó.

“Es natural que la fiscalía opte por un pedido de prisión preventiva, porque el peligro procesal es exactamente el mismo que se sustentó para el delito de rebelión [...] Y ahora el Gobierno Mexicano ha declarado en secreto los fundamentos por los que dio asilo [a la esposa del expresidente]. Eso quiere decir que hay todavía un control que ha logrado ese asilo, que bien podrían hacerlo con él”, comentó.

Así como Iván Meini, Jefferson Moreno consideró que sí hay elementos para que se llegue a dictar esta segunda orden de prisión preventiva. Además, remarcó que ante la comunidad internacional e instancias supranacionales, ante la cual Pedro Castillo busca conseguir su libertad, “una cosa es que se presente como un perseguido por rebelión o por dar un golpe de Estado, y otra cosa es que se presente como un [presunto] líder de una organización criminal”.

La penalista Sophia Icaza, del Estudio Linares, remarcó que una segunda prisión preventiva sí puede pedirse “a partir de la formalización [de la investigación preparatoria], lo que ya sucedió, y entra en vigencia para este caso en concreto”.

La abogada añadió que en caso la anterior prisión preventiva se venza, esta seguiría corriendo. No obstante, consideró que la defensa podría cuestionar la existencia del peligro de fuga, ya que el expresidente está “recluido pese a los trámites efectuados ante México”. “El juez podría rechazarlo e imponer comparecencia restringida”, indicó.