Pedro Castillo: contradicciones implican al presidente en posibles delitos

Por estar aparentemente reñidas con la verdad y evidenciar serias contradicciones, las declaraciones que dio como testigo el presidente Pedro Castillo a la fiscalía por los casos Provías y ascensos en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) implicarían la comisión de distintos delitos, advirtieron abogados penalistas a El Comercio.

En el Caso Provías, “Panorama” reveló el domingo que, en un escrito de inicios de febrero con el que respondió a un interrogatorio fiscal como parte de la investigación preliminar, Castillo negó haberse reunido el 18 de octubre pasado con la lobbista Karelim López en Palacio de Gobierno. Ello pese a que, días antes, dio otra versión a CNN: que sí la había recibido. También se contradijo respecto de su relación con Vidalina Sánchez Saldaña, madre del dueño de la casa de Breña donde sostuvo reuniones.

En cuanto a los ascensos en las FF.AA., según reportó “Cuarto Poder”, Castillo negó una reunión con el excomandante general del Ejército José Vizcarra y el exministro de Defensa Walter Ayala, pese a que la cita fue oficialmente registrada. También intentó desmarcarse de la designación de este último y de Bruno Pacheco como secretario general de la Presidencia, aunque ambos señalaron ante el Congreso haber llegado a sus puestos por propuesta del mandatario.

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Para el exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, los hechos ameritan el inicio de una nueva investigación contra Pedro Castillo por el presunto delito de falsa declaración u obstrucción a la justicia, lo que dependerá de la evaluación que hagan, en primer término, los fiscales provinciales que tomaron las declaraciones y, luego, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Pero advirtió que, por la investidura presidencial, la pesquisa se suspendería hasta el fin del mandato.

“Si se aprecia que el presidente ha faltado a la verdad al prestar su declaración en la fiscalía, esto sí puede ser entendido como un elemento que permita establecer este ánimo de entorpecimiento de la actividad probatoria”, dijo a El Comercio. Asimismo, agregó que “si al final de la investigación, la fiscalía llega a la conclusión de que existen indicios que permiten una sospecha fuerte respecto a que el presidente ha mentido, puede pedir que sea materia de una acusación constitucional por delito de falso testimonio”.

El penalista Andy Carrión acotó que las contradicciones de Castillo también configurarían otros ilícitos, porque se estaría perturbando la investigación. “La falsedad genérica implica el verter datos falsos o inventar información que no se condiga con la realidad. El fraude procesar implicaría, de alguna manera, tratar de probar un hecho con una documentación falsa y que genere algún tipo de consecuencia jurídica”, advirtió.

En la misma línea que Vargas Valdivia, recordó que si bien la fiscal de la Nación podría abrir una nueva investigación, esta también quedaría encarpetada hasta el año 2026, cuando termine el mandato de Castillo, así como ha ocurrido con las pesquisas abiertas por dos casos Provías y Petro-Perú, y la presunta injerencia del Ejecutivo en el proceso de ascensos en las FF.AA. “Habría que ver y cotejar. Si la fiscalía identifica datos falsos o algún grado de obstrucción propia de la investigación, lo que va a tener que hacer es elevar un informe para que la fiscalía de la Nación evalúe si es que abre una investigación contra el presidente, pero con la consecuente suspensión”, manifestó.

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La abogada penalista Cecilia Madrid coincidió con las alternativas esbozadas por Vargas Valdivia y Carrión. Indicó que las declaraciones de Castillo “denotan una falta de credibilidad que podría ser usada como indicio para una probable investigación”.

“Si como fruto de su declaración o parte de su defensa presenta algún documento falso, adulterando, que no corresponde con la verdad, por ejemplo imágenes recortadas o registros de visitas fraudulentos, ahí sí se cometería fraude procesal […] Si se discutiese que en el delito de falso testimonio no estamos en el marco de un proceso judicial, porque estamos en el marco de una investigación preliminar, entonces mínimamente estaríamos ante un tema de falsedad genérica, que es cometer cualquier tipo de falsedad, pero para obtener un beneficio. En este caso, que haya una declaración, que no se le investigue, que las investigaciones no causen más, y que se cause un perjuicio, que en este caso es que la investigación no cumpla sus fines o no se descubran los hechos”, advirtió Madrid.

Conducta procesal

En tanto, si bien consideró que las contradicciones podrían configurar falsedad genérica si se demuestra un perjuicio tangible, el penalista del Estudio Linares, Roberto Noriega, opinó que la conducta procesal de Castillo será de todos modos considerada cuando deje de ser presidente y sea investigado.

“Yo creo que eso es lo más saludable cuando se actúa de esta manera, tomar en consideración su conducta procesal, porque va a ser investigado. Tiene investigaciones abiertas, pero que están suspendidas. Todo esto que viene ocurriendo hoy será considerado en su investigación. Y se podrán tomar las medidas que correspondan evaluando, en su momento, dicha conducta. Y esas medidas van desde la comparecencia simple hasta una prisión preventiva”, acotó Noriega.

Los otros expertos consultados coincidieron con ese análisis, tomando en cuenta que el presidente Castillo, al declarar como testigo, está obligado a responder ante la fiscalía con la verdad.

“Esta conducta del presidente de faltar a la verdad puede ser entendida como un elemento que acredite la conducta de entorpecer la actividad de investigación. Y eso es uno de los requisitos para imponer una medida cautelar de prisión preventiva”, sostuvo Vargas Valdivia.

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En la lectura de Carrión, el presidente Castillo podría estar perturbando las investigaciones. “Desde el año 2026 podría no solamente continuarse con la investigación al propio presidente, sino dentro del marco de la investigación estaría habilitada la vía para solicitar algún tipo de medida restrictiva, una comparecencia o incluso una prisión preventiva, dependiendo de la gravedad de los hechos en los casos donde únicamente aparezca como imputado”, precisó.

La penalista Cecilia Madrid se expresó bajo los mismos términos. “En su caso, estos son elementos que la fiscalía luego puede utilizar cuando construya el caso respecto de él, porque está dando cuenta de contradicciones que restan credibilidad a la versión que él señala […] Está perdiendo credibilidad y se podría tomar como un indicio de entorpecimiento, que es una de las condiciones que se evalúan cuando se va a verificar si se otorga o no una medida restrictiva de derechos”, apuntó.

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