Pedro Castillo: ¿hay elementos para que PJ dicte 36 meses de prisión preventiva por corrupción?

La fiscalía de la Nación ha pedido al Poder Judicial que se dicte una segunda orden de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, esta vez por el plazo de 36 meses. Es por el proceso que se le sigue por la presunta comisión de delitos de corrupción (tráfico de influencias y colusión) y organización criminal. La audiencia para evaluar la solicitud será este viernes 3 de marzo desde las 9:30 a.m.

El requerimiento -tal como había adelantado en El Comercio la semana pasada- fue formulado este martes por Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios. Su presentación se hizo ante el Juzgado Suprema de Investigacion Preparatoria de la Corte Suprema.

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La solicitud es por 36 meses, el mismo plazo que se ha dado para que dure la investigación preparatoria del caso. También alcanza a dos altos funcionarios del gobierno de Pedro Castillo: el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva -prófugo desde junio del año pasado- y el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento Geiner Alvarado. Será evaluada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley.

La fiscalía imputa a Pedro Castillo y a estos dos exministros ser parte de una presunta organización criminal enquistada en su gobierno. Esta se habría extendido con distintos brazos en entidades del Ejecutivo (desde ministerios hasta Petro-Perú) e incluso en el Congreso, y con personas cercanas al mandatario conformando un ‘gabinete en la sombra’.

Dentro del esquema planteado por el Ministerio Público, el expresidente habría sido el líder de esa red y los otros dos imputados habrían sido designados en sus puestos para facilitar los propósitos de la presunta red: favorecer a empresarios allegados con la concesión de obras públicas.

La presunta red, de acuerdo con la investigación fiscal, se habría ideado desde la campaña por la segunda vuelta presidencial, ante la alta posibilidad de que Pedro Castillo sea elegido como mandatario. Ya con el profesor en Palacio de Gobierno, los distintos brazos habrían comenzado a expandirse.

La fiscalía incluye la imputación de que Pedro Castillo “habría recibido la suma de dos millones de soles por parte de la empresaria Karelim López, a través del exsecretario general Arnulfo Bruno Pacheco Castillo”, además de “otras ventajas”, como la fiesta que habría realizado ella a a la hija del entonces mandatario.

También se le imputa al exmandatario que “se le habría entregado, por intermedio del exministro [Juan Silva], la suma de treinta mil soles; y, además, habría obtenido una serie de pasajes aéreos para sus familiares, entre otros”.

Este pedido de prisión preventiva tiene su origen en tres de las investigaciones preliminares que inició la Fiscalía de la Nación a Pedro Castillo durante su gobierno: la del caso Puente Tarata-MTC; el caso Petro-Perú; y el caso de las obras en Anguía-Ministerio de Vivienda. La primera la inició el fiscal Pablo Sánchez y las otras dos, Patricia Benavides.

En octubre del año pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, cerró estas tres investigaciones preliminares, las acumuló y las presentó ante el Congreso como una denuncia constitucional. Esto con el objetivo de que se levante al antejuicio (inmunidad) a Pedro Castillo y sus exministros para que las pesquisas puedan avanzar a la siguiente fase: la investigación preparatoria.

En ese documento, se detalla que todos esos casos y otros que siguen en indagación (como el los Ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía, el de ‘Los Niños’, o el de la presunta obstrucción a las investigaciones fiscales) giran en torno a una sola gran red criminal con distintos brazos. Pedro Castillo es señalado como el líder de la estructura.

La denuncia siguió su camino en el Congreso, iniciando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, hasta ser aprobada por el pleno el pasado 17 de marzo. Con esto, el caso volvió a la Fiscalía de la Nación para que esta pueda formalizar su investigación preparatoria, etapa del proceso judicial en la que recién se puede pedir una prisión preventiva.

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11 de octubre del 2022

Fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

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29 de diciembre del 2022

Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba informe que recomienda acusar a Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

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10 de febrero

Comisión Permanente aprueba acusar constitucionalmente a Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

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17 de febrero

Pleno del Congreso aprueba acusar a Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

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21 de febrero

Con la acusación constitucional aprobada, la Fiscalía de la Nación dispone formalizar y continuar esta investigación a Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

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24 de febrero

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema aprueba la formalización de la investigación hecha por la fiscalía.

7

28 de febrero

Con la formalización aprobada por el Poder Judicial, la fiscalía pide prisión preventiva contra Pedro Castillo, Juan Silva y Geiner Alvarado

Fuentes de El Comercio explicaron que una vez formalizada la investigación, para que esta pueda continuar tuvo que ser presentada el martes de la semana pasada ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.

El último viernes, el juez Checkley aprobó la formalización. Luego, el caso pasó del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación a la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios, a cargo del fiscal Uriel Terán. Como tal, él quedó encargado de la investigación y solicitó este martes prisión preventiva como parte de ella.

Uriel Terán también dirige la investigación contra Pedro Castillo por rebelión y conspiración, por la que el expresidente cumple desde diciembre una primera orden de prisión preventiva por 18 meses. Esa orden judicial, como parte de un proceso distinto e independiente del de organización crimina, fue dictada por el propio juez Juan Carlos Checkley y ratificada en segunda instancia por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.

Si bien Pedro Castillo ya cumple esa primera orden de prisión preventiva, especialistas consultados por El Comercio coincidieron en que no hay impedimento para que se le dicte una segunda como parte de otra investigación, sobre todo ante la posibilidad de que la primera sea revocada más adelante. Y en el caso específico del exmandatario, consideraron que sí hay elementos para que se imponga esta orden, al menos con la información que se conoce hasta el momento. Sin embargo, todo dependerá que cómo la fiscalía presente su caso al uez.

Como en todo pedido de prisión preventiva, el juez evaluará si hay evidencia de la presunta comisión de los delitos imputados a un nivel de ‘sospecha fuerte’. Sin embargo, el elemento determinante será el peligro procesal, el cual consiste en el riesgo de que los investigados obstaculicen el proceso judicial y el riesgo de que los investiguen fuguen para eludir la justicia.

El penalista Percy García, doctor en Derecho, recordó que para que las declaraciones de colaboradores eficaces -un elemento clave en los casos de presunta corrupción y crimen organizado- puedan ser valoradas para dictar una prisión preventiva, estas deben “estar corroboradas, al menos en determinados aspectos”. “Y [en este caso], parecería que sí”, opinó.

“Hay datos que en el Puente Tarata demuestran una serie irregularidades, en las obras de saneamiento para distintas alcaldías que se habría manejado de manera apresurada, con decretos de emergencia apurados y dirigidos. Habría, creo yo, elementos que permitirían alcanzar esa sospecha grave que se requiere como primer requisito para dictar una prisión preventiva”, dijo.

En lo referido al peligro de obstaculización y de fuga, indicó que este también puede provenir de la conducta de un investigado en otros caso: “En este punto, creo que la fiscalía tiene muchísimo para poder alegar: desde la desactivación de grabaciones en Palacio de Gobierno, la destrucción de documentación, el impedimento al allanamiento de la fiscalía, pasando por el intento de asilo en la embajada mexicana luego del golpe de Estado”.

“Es bien difícil que se pueda desvirtuar la existencia de un peligro procesal, sea de obstaculización o de fuga”, indicó. García añadió que la posibilidad de que países México y Colombia -cuyos presidentes lo tildan de perseguido político- le ofrezcan asilo político en caso salga en liberad solo agrava el riesgo de fuga:

“Parecería que no existe una medida alternativa a la prisión preventiva que pudiese asegurar que no salga del país”

Para el abogado Gilmar Andía, exviceministro de Justicia, también existen indicios de la comisión de los delitos que se investigan. Con respecto al peligro procesal; consideró hay un riesgo de que si a Pedro Castillo se le revoca su primera prisión preventiva -como viene buscando en la justicia interna y a nivel internacional- se refugie inmediatamente en los países mencionados.

“De lo que se ha podido conocer hasta el momento, sí hay los elementos suficientes para poder dictar una segunda prisión preventiva, pero esta vez por 36 meses. Ya estamos hablando de un delito vinculado a una organización criminal. Esto permite tener asegurar la presencia del investigado durante el tiempo que dure este proceso. Hay elementos”, dijo.

El exviceministro agregó que el hecho de que Juan Carlos Checkley le haya dictado la primera prisión preventiva no garantiza necesariamente que le dicte la segunda: “Cada caso tiene que verse de manera individual. Va a depender mucho los elementos que la fiscalía esté incluyendo entro de su pedido de prisión preventiva para acreditar el peligro de fuga. Supongo que serán los mismos o muy parecidos a los que se presentaron [en el primer pedido]”.

Los abogados también coincidieron que será difícil que Pedro Castillo acredite arraigos para intentar negar su peligro de fuga, en particular el arraigo familiar debido a que su familia está asilada en México.

¿Y puede existir peligro de fuga a pesar de que el investigado ya cumple una primera orden de prisión preventiva? “No es argumento válido [decir que no hay peligro porque ya está preso], partiendo de que son dos procesos distintos en tiempos distintos. Una medida tiene una duración de 18 meses, mientras que las otra sería de 36 meses. Si no se afecta la primera y pasan 18 meses, Castillo saldría libre y podría irse”, expresó Gilmar Andía.

Agregó que la primera prisión preventiva no asegura la presencia del expresidente en el resto de casos que lo implican, como este de presunta organización criminal, más aún si esta puede ser revocada en el futuro. En esa línea, Percy García dijo que el plazo de la primera prisión preventiva (18 meses) es adecuada para esa investigación por rebelión, pero en la de organización criminal los plazos son mayores.

“Además, toda medida cautelar es provisional, por lo que Pedro Castillo podría pedir en cualquier momento el cese y podría salir libertad. También se han planteado habeas corpus [para su liberación]. Hay un grupo de abogados que podría plantear acciones. Si la fiscalía se confía y dice que con la prisión preventiva por rebelión basta y esta se cae, al final se quedarían sin asegurar los fines de la investigación por organización criminal”, declaró.

La abogada Cecilia Madrid, profesora de Derecho Penal en la Universidad Científica del Sur, también considera que sí hay elementos para que se dicte una prisión preventiva. Sin embargo, apuntó que será clave que la fiscalía justifique por qué son necesarios los 36 meses.

“Considero que sí hay elementos fuertes, pero el reto de la fiscalía va a estar en acreditar la necesidad de que sea adicional a los 18 meses. En estos, esa persona no tendría un peligro de fuga porque ya hay una orden judicial que indica que libertad está restringida. [Deben acreditar la necesidad] en función a lo que falta hacer. De lo contrario, [el juez] podría interpretar que se cumple el primer requisito, pero que no hay peligro de fuga”.

La abogada también enfatizó en que para sortear la prisión preventiva, Pedro Castillo tendría que acreditar que tiene motivación para no dejar el país, lo que sería difícil por su falta de arraigos: “Tendría facilidades para huir y ningún motivo considerable para mantenerse”.

“En el peligro de fuga, lo que se analiza es que la persona tenga motivos para no salir del país, que le impidan abandonar [...] Por el contrario, existe una serie de razones que dan cuenta de una facilidad que tendría para huir, hay diversos países que han ofrecido apoyo, su familia está asilada, él ya ha intentado un asilo para sí mismo”.

"Por el contrario, existe una serie de razones que dan cuenta de una facilidad que tendría para huir"

Finalmente, los abogados coincidieron en que el caso conta Pedro Castillo por presunta organización criminal es más sólido que el de rebelión. Además, no está vinculado a la polémica que hay en el de rebelión sobre si el golpe de estado del exmandatario se acomoda a la descripción de este delito. Este último es el argumento con el que su defensa busca acudir a instancias internacionales para que se le revoque su actual prisión preventiva.