Fiscalía presentará acusación contra Pedro Castillo por el golpe de Estado: ¿Qué sigue ahora en su proceso?

De acuerdo con fuentes de El Comercio, a partir de lo recolectado en un año de investigación, la fiscalía decidió acusar a Pedro Castillo y a los exministros procesados junto a él por el golpe de Estado: los expresidentes del Consejo de Ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez. El requerimiento ya fue firmado, pero aún no es remitido formalmente al Poder Judicial.

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La investigación fue cerrada el último jueves por disposición del fiscal supremo provisional Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria. Fue él quien supervisó la investigación del caso desde diciembre del 2022 y quien solicitó la prisión preventiva que cumplen Pedro Castillo y Betssy Chávez por este caso. El resto fue indagado en libertad.

Desde el inicio de la investigación, esta apuntó a Pedro Castillo y a identificar a las personas con quienes habría acordado para dar su mensaje a la nación del 7 de diciembre del 2022. Allí anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia, y llamó a la policía, las Fuerzas Armadas y a organizaciones como las rondas campesinas a apoyarlo. El golpe no tuvo éxito y el expresidente acabó siendo detenido por su propia escolta policial.

Luego de un año investigación, a Pedro Castillo se le atribuyeron tres delitos: rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Esos delitos son sancionables hasta con veinte, tres y seis años de prisión, respectivamente.

Además, se incluyó a otros siete procesados por rebelión: Betssy Chávez, Aníbal Torres, los exministros Roberto Sánchez y Willy Huerta, y tres policías: el general PNP Manuel Lozada Morales, el comandante Justo Jesús Venero Mellado y al teniente Eder Antonio Infanzón Chávez.

A pesar de que Uriel Terán fue el jefe del despacho a cargo del caso, la investigación fue llevada directamente por uno de los cuatro equipo de fiscales adjuntos que conforman la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria. El jefe de ese despacho fiscal, que hasta el último sábado era Terán, actúa como supervisor o jefe de esos equipos y firma los principales documentos.

En la disposición de cierre, a la que accedió El Comercio, Uriel Terán indicó que la investigación ya había “cumplido su objetivo”. Ese objetivo fue “reunir los elementos de convicción (evidencia) de cargo y de descargo que permitan al fiscal decidir si formula o no acusación” contra cada uno de los investigados.

La conclusión de la investigación se dio cuatro meses antes del plazo hasta abril del 2024 que le había dado el Poder Judicial a la fiscalía para las pesquisas. De acuerdo con el documento, se procedió así porque estas ya habían “cumplido su objetivo, habiéndose realizado las diligencias necesarias, útiles y conducentes para el esclarecimiento de los hechos”.

El último fin de semana, Uriel Terán fue cesado como encargado de la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria, como parte los cambios hechos por el nuevo fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena. En su lugar, se nombró a Alcides Chinchay, quien venía desempeñándose como fiscal adjunto en el mismo despacho. El cambio era previsible, por tratarse de un puesto de confianza del titular del Ministerio Público.

Pero además, Terán había sido cuestionado por el desarrollo y cierre de la investigación de Enma Benavides -hermana de Patricia Benavides- que también tuvo su despacho. Él ha negado injerencias externas en esa indagación. Aun así, ese caso estaba a cargo de otro equipo al interior de su despacho, distinto al que vio el de Pedro Castillo y el golpe de Estado.

Fuentes de este Diario indicaron que, como titular del despacho, Uriél Terán llegó a firmar el requerimiento acusatorio contra Pedro Castillo y sus exministros por el golpe de Estado. Esto antes de poner su cargo a disposición y ser cesado el último fin de semana.

Las fuentes añadieron que al margen de la polémica alrededor de su salida, al interior de la fiscalía se considera que esta investigación a Pedro Castillo no se vio afectada por los hechos que rodearon o que motivaron la remoción de Patricia Benavides como jefa del Ministerio Público.

Así, se espera que sea el propio Alcides Chinchay, habitual litigante en audiencias, quien eventualmente sustente la acusación ante el Poder Judicial. El año pasado, por ejemplo, Chinchay litigó a nombre del Ministerio Público en la condena obtenida contra Kenji Fujimori por el Caso ‘Mamanivideos’.

Si bien el requerimiento llegó a ser firmado por Uriel Terán, los detalles (como las penas solicitadas contra cada uno de los acusados) aún se mantienen en reserva. La acusación, además, no se presenta sola. El Comercio conoció que el despacho fiscal viene trabajando en la documentación que irá junto al requerimiento para presentarla formalmente al Poder Judicial.

En este contexto, la Segunda Fiscalía Suprema Provisional Transitoria está en pleno proceso de transferencia de cargo de Uriel Terán a Alcides Chinchay. Según fuentes de El Comercio, este aún no revisa lo firmado por su antecesor. Sin embargo, agregaron las fuentes, en el despacho hay confianza respecto al trabajo de este caso y en la investigación que se realizó. Por ello, es poco probable que se hagan modificaciones a lo firmado por Terán.

Los documentos que acompañarán el requerimiento acusatorio incluyen toda las evidencias y pruebas recolectadas por la fiscalía, los anexos de la acusación, la lista de testigos que se ofrecerán, etc. Todo ello tiene que ser fotocopiado, numerado, certificado y digitalizado para presentar el requerimiento de forma íntegra ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema.

Ello debería estar terminando en los próximos días para su entrega formal a ese juzgado, que está a cargo del magistrado Juan Carlos Checkley. Luego, el despacho de este tendrá que revisarlo a detalle para verificar que esté completo y recién luego de ello, notificará la acusación al resto de partes: acusados, defensa y Procuraduría General del Estado.

Una vez que la fiscalía presente la acusación, la velocidad con que el caso llegue a juicio dependerá exclusivamente del Poder Judicial. Las fuentes estimaron, en base a casos previos trabajados por el juez Checkley y al número de documentos, que la acusación recién estaría siendo notificada formalmente al resto de partes en enero o febrero próximo. La posibilidad de que sea más rápido dependerá de su despacho.

Luego de notificar la acusación, el juez deberá dar un plazo de 10 días a las partes para que hagan sus observaciones (de forma y de fondo). Tras esto, el magistrado deberá convocar al inicio de las audiencias de control de acusación, donde se decidirá si el caso cumple con los objetivo para que vaya a juicio.

La velocidad con la que el caso avance desde el inicio del control de acusación hasta el eventual juicio oral dependerá, nuevamente del Poder Judicial, quien dirige estas etapas. La dirección de la fiscalía concluyó con el cierre de la investigación de la semana pasada y con la presentación de la acusación, prevista para los próximos días.

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