Pedro Castillo habría planificado roles en presunta red, según fiscalía

El fiscal supremo adjunto Samuel Rojas, representante de la Fiscalía de la Nación, afirmó que la gravedad de las imputaciones y la evidencia de indicios no políticos en contra del presidente Pedro Castillo motivaron que se iniciase una investigación al mandatario.

Esto fue parte de los alegatos que Rojas expuso ante al juez supremo Juan Checkley, quien analizó el recurso de tutela de derechos que presentó Benji Espinoza, abogado de Castillo, con el fin de anular la investigación en su contra por el Caso Puente Tarata.

El fiscal, que pidió que se rechace el recurso, detalló los elementos por los que se consideró que Castillo no solo integraría una red criminal, sino que la encabezaría.

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“El presidente Castillo está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por ser el líder de una organización criminal, por haber planificado y decidido el modo de intervención de los miembros de la organización criminal”, expresó Rojas.

También remarcó que el jefe del Estado actuó obedeciendo “no a los fines nacionales de orden público”, sino “a los intereses de la organización criminal”.

Elementos

El representante de la Fiscalía de la Nación recordó la declaración del aspirante a colaborador eficaz con código 02-5D-2022, quien afirmó que el empresario Zamir Villaverde entregó S/30 mil al exministro Juan Silva y que este le habría comentado que el dinero era para el presidente Castillo.

Además, el colaborador señaló que Karelim López –también colaboradora eficaz– le habría entregado dinero al mandatario. “[Le habría dado] sumas en efectivo por montos de S/100 mil, de S/50 mil a S/5 mil, ya sea en Palacio de Gobierno o en la casa de[l] [pasaje] Sarratea”, refirió.

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Según la versión del referido colaborador, Bruno Pacheco habría recibido S/2 millones por la licitación de biodiésel en Petro-Perú.

El fiscal Rojas explicó que el artículo 117 de la Constitución –que detalla los motivos por los que un presidente en funciones puede ser acusado– no debe interpretarse de forma absoluta.

Por ello, destacó que frente a eso, en otros artículos de la Carta Magna se reconoce la necesidad de combatir la corrupción y la obligación de la fiscalía de perseguir el delito y proteger al Estado.

Réplica

El abogado de Castillo aseguró que se violaron cuatro derechos constitucionales del presidente en funciones al incluirlo como investigado en este caso. Por ese motivo, solicitó que se declare fundado el recurso de tutela que presentó.

Señaló que de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, el jefe del Estado es el único funcionario que posee inviolabilidad. Por esa razón, afirmó, no puede ser acusado, procesado ni investigado en funciones. Añadió que ni siquiera la Fiscalía de la Nación tiene competencia para investigarlo.

Asimismo, Espinoza sostuvo que hay “violación del derecho de igualdad ante la ley”, puesto que –argumentó– a ningún otro presidente en funciones se le investigó.

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“La conclusión es que como los expresidentes en idéntica situación no han sido investigados [...] y al ser investigado Pedro Castillo, se le otorga un trato discriminatorio”, consideró.

En otros ministerios

El fiscal Samuel Rojas indicó que además del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, “ya existen atisbos” de que la presunta organización criminal habría actuado también en el Ministerio de Vivienda y en el Ministerio de Energía y Minas.

Investigarán al jefe del Estado

La Comisión de Fiscalización del Congreso decidió por unanimidad que el presidente Pedro Castillo pase de testigo a investigado en ese grupo de trabajo.

El congresista Héctor Ventura, titular de la comisión, explicó que el artículo 117 de la Constitución no impide que se puedan realizar actos de investigación contra el jefe del Estado.

“La diferencia entre la Comisión de Fiscalización y otros órganos jurisdiccionales es que no vamos a emitir resolución de sentencia alguna. Estamos investigando. Por lo tanto, tenemos todas las facultades”, argumentó el representante de Fuerza Popular.

La condición de investigado, agregó, les permitirá, en su momento, la posibilidad de hacer denuncias penales y constitucionales contra Castillo.

Recordó que en tres ocasiones el mandatario fue citado como testigo a fin de que aclare las acusaciones de presuntos actos de corrupción en su gobierno que se le formularon, pero ninguna prosperó.