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Las revelaciones alrededor del Caso Puente Tarata han permitido conocer que el presidente Pedro Castillo y al menos siete miembros de su familia fueron presuntamente beneficiados o recibieron presuntas ventajas de parte de empresarios, consistentes en el pago de pasajes aéreos, el uso de vehículos o la organización de fiestas. Estos hechos están relacionados a las indagaciones de la fiscalía.
Las primeras declaraciones de Karelim López a la fiscalía permitieron conocer que ella dijo haber organizado dos fiestas en Palacio de Gobierno: la de Castillo y la de su hija. Según ella, su intención era “congraciarse” con el jefe de Estado.
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Consultado por El Comercio, el abogado del presidente, Benji Espinoza, dijo que no podía afirmar que las fiestas hayan sido organizadas por López. Sin embargo, sí aseguró que su defendido no tenía conocimiento de ello, en caso sea así.
1
Pedro Castillo
Presidente de la República
Fiesta suya y de su hija presuntamente organizada por Karelim López, según ha dicho la lobbista. Su defensa no niega ni afirma que ella haya organizado ese eventos, pero asegura que el mandatario no tenía conocimiento de ello, en caso sea así.
2
Fray Vásquez Castillo
Sobrino del presidente
Uso de camionetas a nombre de empresa de Zamir Villaverde
3
Gian Marco Castillo
Sobrino del presidente
Uso de camionetas a nombre de empresa de Zamir Villaverde
4
María Castillo
Hermana del presidente
Dos vuelos pagados por Estudio Villaverde
5
Fabián Castillo
Hermano del presidente
Vuelo pagado por Estudio Villaverde
6
Analí Castillo Gómez
Sobrina de Pedro Castillo
Vuelo pagado por Estudio Villaverde
7
Flor Gómez Olano
Concuñada del presidente
Vuelo pagado por Estudio Villaverde
8
Walter Paredes Díaz
Suegro del presidente
Vuelo pagado por Estudio Villaverde
El resto de casos están vinculados al investigado empresario Zamir Villaverde. El uso de vehículos que son propiedad de empresas ligadas a él por parte de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del presidente, es uno de los elementos por los que todos ellos son investigados.
Luis Vivanco, abogado de los sobrinos del presidente cuando estos enfrentaron sus pedidos de prisión preventiva, comentó a El Comercio que Vásquez reconoció que las camionetas eran en ocasiones alquiladas y en otras, prestadas “a cambio de nada”.
Sobre Castillo Gómez, dijo que se ha establecido que Villaverde nunca le dio un vehículo y que cuando manejó uno vinculado a él, fue a pedido de su primo. Actualmente, Vásquez tiene una orden de prisión preventiva y lleva más de tres meses prófugo, pero a Castillo e le revocó la medida y está en libertad.
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Todo esto se suma a la revelación hecha el último viernes por el El Comercio: que el Estudio Villaverde, bufete del empresario, financió pasajes aéreos para cuatro familiares del mandatario, entre ellos dos de sus hermanos y una sobrina.
Bajo investigación
El penalista Percy García comentó que cuando se investigan beneficios o ventajas en un caso de corrupción, aquellas pueden ser “a favor propio o de un tercero”. “Que esa persona [un familiar] no tenga función pública o no haya ejercido un acto en beneficio del señor Villaverde, no significa que no pueda existir un delito detrás”, dijo.
Agregó que si se determina que estas ventajas llevaron a favorecimientos en una obra, esto podría llevar a imputaciones por cohecho o tráfico de influencias.
El penalista Andy Carrión señaló que es clave considerar que Vásquez habría sido quien intercedió por los pasajes, lo que abonaría a la tesis del tráfico de influencias; y que también podrían llegar a investigarse posibles actos de lavado de activos.
“Podría incluírseles a ellos [familiares] como testigos, porque habrían participado de manera indirecta en los hechos propalados por él [...] Ahí vemos un modus operandi de la familia: se les acercaron empresarios, les empezaron a dar dádivas; pero no necesariamente todos están participando en un esquema delictivo”, dijo.
