El abogado penalista Eduardo Remi Pachas Palacios asumió a fines del 2021 la defensa del presidente de la República, Pedro Castillo.
Su rol como defensor legal del jefe de Estado cobró relevancia en el último mes desde la apertura de investigaciones ligadas al Ejecutivo, a su presencia en un grupo de diligencias fiscales en Palacio de Gobierno a partir de estas y, finalmente, por la decisión de la Fiscal de la Nación de abrir dos investigaciones preliminares al presidente, pero suspenderlas hasta que termine su gestión.
Recursos y quejas
La defensa de Pachas ha sido activa, desde sus apariciones en medios de comunicación hasta con recursos y quejas contra personas vinculadas a las indagaciones.
Por la investigación a una licitación de Petroperú a favor de una empresa cuyo directivo se reunió con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, conocido como ‘caso Petroperú’, el equipo de la fiscal anticorrupción Norah Córdova realizó diligencias en Palacio de Gobierno a fines de diciembre.
En respuesta, Pachas presentó quejas contra ella y dos adjuntos por supuestas irregularidades en dichas diligencias y por expresiones suyas contra Pedro Castillo en redes sociales.
Además, interpuso un hábeas corpus para evitar un posible allanamiento en la sede de la Presidencia, el cual fue admitido a trámite y está pendiente de resolución en el Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Lee aquí el hábeas corpus de Eduardo Pachas
El abogado también acompañó a Pedro Castillo en su caminata desde Palacio de Gobierno hasta la sede central del Ministerio Público para reunirse con la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, previo al interrogatorio que su despacho realizó al presidente el 28 de diciembre, en relación con la investigación preliminar sobre presuntos intentos del Ejecutivo para influir en ascensos en las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con el Ministerio Público, en esa reunión, Pachas expresó su “preocupación” por la referida intervención de fiscales en Palacio de Gobierno. Días después, también estuvo en la declaración del presidente ante un equipo de Fiscalía de la Nación, tras lo cual esta decidió incluir como investigado en el caso de los ascensos.
Luego de conocerse la decisión del Ministerio Público, Pachas dirigió sus críticas al procurador General del Estado, Daniel Soria, quien también participó en la declaración del presidente. Según dijo, no cumple con los requisitos para el puesto e incluso aseguró que se burló de las respuestas de Pedro Castillo durante la mencionada diligencia.
“Insto al señor ministro de Justicia, Aníbal Torres, que tome cartas en el asunto y que vea ese tema, si este señor realmente tiene las características y los requisitos para ocupar ese cargo. Caso contrario, sea destituido de ese cargo”, manifestó durante una entrevista con TV Perú este martes 5 de enero.
El día anterior, según el registro de visitas del Estado, Pachas tuvo una reunión precisamente con Aníbal Torres en su despacho ministerial entre las 09:02 y las 09:42 a.m.
El mismo martes 5 de enero, por la noche, el ministro dijo en RPP que se iba a revisar el nombramiento de Daniel Soria frente a las denuncias hechas por el abogado del presidente y “por otras personas” respecto a si cumple los requisitos para el cargo. “Procederé conforme a la la ley”, afirmó.
Casos previos
Eduardo Pachas es abogado por la Universidad San Martín de Porres desde 1995. Cuenta con una maestría en la misma universidad del 2003, según los registros de Sunedu.
Además, fue profesor de pregrado en esa casa de estudios. No registra un historial de afiliaciones políticas ni participación alguna en un proceso electoral.
Antes de asumir la representación del presidente Pedro Castillo, ha sido parte de las defensas en casos como el del resguardo policial a Óscar López Meneses, el del clan Orellana, y el caso Lava Jato.
En el primero, defendió al exdirector general de la Policía Raúl Salazar, quien terminó siendo sentenciado en primera instancia a 4 años de prisión suspendida por el delito de peculado de uso.
Así consta en videos de las audiencias difundidas por Justicia TV y que están compartidos por un canal de YouTube a nombre del Estudio Pachas. Norah Córdova, hoy fiscal del caso Petroperú, también representó al Ministerio Público en ese proceso.
En el segundo, representó a Carlos Vargas Machuca, implicado en el caso Orellana que fue sentenciado a cuatro años de prisión en primera instancia en el 2020.
Su condena fue ratificada en septiembre del 2021, ya con una defensa distinta. Su captura, tras haber estado en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, se dio un mes después.
Pachas también ha representado a Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, quien junto a su padre es investigado por el Caso Alpha Consult, parte de la trama Odebrecht, por presunto lavado de activos.
Audiencia del caso Lava Jato donde Pachas defiende a Jorge Peñaranda Málaga
Por otro lado, el abogado dijo en una reciente entrevista en Sudaca que fue fiscal “por ocho años”.
En declaraciones dadas a RPP Noticias, Pachas explicó que es abogado del presidente Pedro Castillo en lo relacionado a cuatro carpetas fiscales: el caso de los ascensos en las Fuerzas Armadas; el caso Petroperú; el caso Provías, por el que el presidente fue denunciado por la Procuraduría General del Estado; y el caso del consorcio de Chota.
En este último caso, una Fiscalía abrió en mayo una investigación preliminar por presuntamente no haber declarado información sobre una empresa en su hoja de vida, y amplió dicha investigación en octubre. Al referirse a hechos presuntamente ocurridos previo a sus funciones como presidente, allí sí puede ser investigado por una fiscal provincial.
En los otros tres, solo podría ser investigado por la Fiscal de la Nación, al estar relacionados a su gestión como mandatario. Hasta donde se conoce, a Pedro Castillo aún no se le ha abierto una investigación a ese nivel.
Llegadas a Palacio
La relación entre Eduardo Pachas y Pedro Castillo está documentada, al menos de forma oficial, a partir de diciembre de este año.
El jueves 2 de ese mes, acudió por primera vez a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente. Según el registro oficial de visitas, esto ocurrió entre las 10:26 am y 12:09 p.m. Allí se indica que el ministro de Justicia, Aníbal Torres, también registra una reunión con el mandatario ese día entre las 10:26 am y las 11:32 am.
Pachas registra otro ingreso a Palacio de Gobierno con fecha del sábado 4 de diciembre a nombre de Beder Ramón Camacho Gadea, subsecretario general del Despacho presidencial, entre la 1:09 pm y las 2:51 pm; y dos ingresos más durante el lunes 6 de diciembre a nombre de Carlos Jaico, secretario general: uno entre las 9:57 a.m. y las 2:45 p.m. y otro entre las 3:23 p.m. y las 6:57 p.m.
En los días siguientes, se registran ingresos de Pachas a los despachos de dos congresistas: al de Hamlet Echeverría el 7 de diciembre (12:29-1:47 pm) y al de Víctor Cutipa el 9 de diciembre (9:00-11:19 am).
Ambos eran entonces integrantes de la bancada de Perú Libre, pero el primero renunció al grupo el pasado 16 de diciembre. En diálogo con El Comercio, Víctor Cutipa dijo que no recuerda haberse reunido o conocer al abogado. Hamlet Echevarría no contestó nuestras llamadas.
Ese mismo 16 de diciembre por la noche, Pachas volvió a acudir a Palacio para una reunión con Carlos Jaico. Al día siguiente, también tiene un ingreso registrado a nombre del secretario general del Despacho Presidencial entre las 03:02 p.m. y las 09:25 p.m.
Presente en las diligencias
El registro de Palacio de Gobierno también da cuenta de su presencia en el lugar mientras los fiscales del caso Petroperú realizaban diligencias en el lugar el pasado 20 y 22 de diciembre. Allí consta que, en el primer día, Pachas ya había ingresado a la sede del Ejecutivo a las 08:47 a.m. para -según el registro oficial- una reunión Camacho Gadea que se extendió hasta las 05:38 p.m.
Por su parte, el grupo de seis fiscales del despacho de Norah Córdova, entre ellos los adjuntos Reynaldo Mina Abanto y Luis Medina Rodrigo, registraron su ingreso a Palacio a la 1:50 p.m. y su salida a las 6:45 p.m. Según se conoció después, no se les permitió ingresar a la secretaría del Despacho Presidencial y –de acuerdo a lo dicho por él mismo- Pachas estuvo en el lugar de las diligencias.
El abogado del presidente registra un segundo ingreso a Palacio de Gobierno ese mismo día, nuevamente a nombre de Camacho Gadea, entre las 6:46 y las 8:06 p.m.
Su siguiente entrada fue un día después a las 9:25 a.m. del 21 de diciembre, otra vez a nombre del subsecretario general. Fue ese día en que acompañó a Pedro Castillo en su recorrido a pie hasta la sede del Ministerio Público. Su salida oficial de Palacio de Gobierno se registró a las 11:58 a.m.
Finalmente, sus visitas más recientes a Palacio de Gobierno son del jueves 22 de diciembre, cuando registra tres ingresos a nombre de Camacho Gadea: uno entre las 11:40 y las 11:49 a.m., otro entre las 12:01 y las 2:30 p.m., y el último entre las 4:16 p.m. y las 9:00 p.m.
Pachas declaró a la prensa que ese día acudieron a Palacio dos equipos de Fiscalía Anticorrupción: uno por el caso Provías y otro por el caso Petroperú. El registro oficial muestra, en efecto, el ingreso de dos grupos de fiscales.
El primero fue un grupo de seis fiscales a nombre del asesor jurídico de Palacio, Ernesto Salas Becerra, entre las 11:47 a.m. y las 4:57 p.m.
El segundo grupo de seis fiscales, entre ellos Mina Abanto, entró a las 12:40 a nombre del mismo funcionario y se retiró a las 2:24 p.m. A su salida, indicaron que, nuevamente, no se les permitió acceder a la secretaría del Despacho Presidencial.
Los últimos ingresos registrado de Eduardo Pachas a Palacio de Gobierno fueron el lunes 27 de diciembre entre las 5:46 p.m. y las 9:14 p.m; el 28 de diciembre, día de la declaración de Pedro Castillo ante la Fiscal de la Nación, entre las 9:00 a.m. y las 3:42 p.m.; el 29 de diciembre entre las 8:03 p.m. y las 11:12 p.m.; el 31 de diciembre entre las 09:05 a.m. y las 12:00 p.m.; y el 4 de enero del 2022 entre las 10.24 a.m. y las 12:12 p.m., y luego entre las 6:57 p.m. y las 10:20 p.m.
Todas estas últimas reuniones se registraron a nombre de Camacho Gadea, salvo las del 31 de diciembre, a nombre de la Oficina de Tecnologías de la Información.
El 29 de diciembre, a la misma hora registrada de la visita de Pachas, también aparece una reunión del jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, con Camacho Gadea.
Cuestionan estrategia de defensa
En diálogo con El Comercio, el penalista Carlos Caro comentó que los casos penales se pueden ganar por el fondo o por la forma.
En el caso de Pachas y su defensa del presidente, opinó que estamos ante una defensa puramente formal y “obstruccionista”, porque ha ido directamente a atacar a las autoridades, como la fiscal Norah Córdova y Daniel Soria.
“Las autoridades tienen ya mucha experiencia en cuál es el tratamiento para una defensa obstruccionista. Una defensa obstruccionista debe ser rechazada de plano”, declaró. En esa línea, dijo que la Fiscalía podría evaluar la conducta del abogado como parte de un eventual peligro de obstaculización a las investigaciones de parte del propio Castillo.
Caro incluso consideró que el pedido del abogado para apartar a Soria podría considerarse como un abuso de poder de parte del presidente contra las investigaciones. “Estamos hablando del uso de los mecanismos del Poder Ejecutivo con la finalidad de que se obstruyan las investigaciones”, opinó. Sin embargo, también señaló que este tipo de pedidos “no debería prosperar”.
El exprocurador Antonio Maldonado también fue crítico con el desempeño de Eduardo Pachas, con base en el estándar de los principios básicos de la función de la abogacía y en comparación con anteriores defensores legales de presidentes en funciones.
Según dijo, un buen ejemplo de la defensa de un presidente fue la que hizo Alberto Borea de Pedro Pablo Kuczynski en el Congreso cuando se debatió su vacancia en el 2017.
“Diría que es una defensa que no está a la altura de una estrategia ni eficiente ni suficiente ni enfocada en la defensa del personaje involucrado”, comentó a El Comercio Maldonado.
Además, consideró que todas las acciones de un abogado del presidente siempre tendrán una repercusión política. “Creo que una estrategia dirigida al fracaso. Tampoco tiene un enfoque político, que no está negado al enfoque forense. Surge necesario por la calidad del personaje, no hay otra forma”, expresó.
Maldonado fue particularmente crítico con su pedido para que se destituya al procurador Daniel Soria, lo que podría lesionar la imagen del presidente, aunque consideró que todo esto “no es responsabilidad total del abogado”.
“Es el propio cliente quien le ha dado a su abogado una dimensión que no tiene. La defensa de Palacio frente a las intervenciones del Ministerio Público tampoco le corresponde al abogado del presidente”, opinó.
El abogado Ricardo Elías también consideró que, desde un punto visto procesal, acciones como plantear un habeas corpus contra las labores fiscales o sugerir el apartamiento del procurador Daniel Soria pueden ser consideradas como parte de un peligro procesal. “Esto, sumado, a las declaraciones del ministro de Justicia, generan gran preocupación en cuanto a la posible interferencia el Ejecutivo sobre investigaciones”, expresó.
“Yo diría que es una defensa que no contribuye con el esclarecimiento de los hechos y que entorpece la investigación criminal”, expresó Ricardo Elías. Según él, sus actos han estado más orientados a una defensa política y mediática que a lo estrictamente procesal.
Por otro lado, tanto Caro como Elías cuestionaron que el abogado se haya reunido con Aníbal Torres, señalando que el ministro de Justicia debe ser imparcial ante un caso penal en el que podría estar involucrado el presidente. “[El ministro] no puede diseñar una estrategia legal junto al abogado del presidente. De hecho, como funcionario tendría que explicas las razones por las que se está reuniendo”, aseveró Elías.
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