Pedro Castillo: ¿Quiénes son los abogados del presidente ante fiscalía, PJ y el Congreso?

Este elogio hoy oscila entre la paradoja y la premonición. Fue hecho por un penalista conocido por haber defendido a tres expresidentes a un colega que, un año después, sería abogado del actual jefe de Estado, el primero en ser investigado durante su mandato.

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Y más paradójico resulta todavía al tener en cuenta que hoy César Nakazaki es abogado de Karelim López, colaboradora eficaz cuyo testimonio fue vital en la decisión fiscal de abrir una indagación preliminar a Pedro Castillo. “Es verdad, hoy estamos en orillas opuestas”, comenta a El Comercio Benji Espinoza sobre Nakazaki, a quien describe como un amigo.

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También en la otra orilla está Pablo Sánchez, el fiscal de la Nación que decidió investigar preliminarmente a su defendido por la presunta comisión de delitos de colusión, organización criminal y tráfico de influencias. “Fue mi profesor. Me enseñó en la maestría”, cuenta sobre él.

En mayo, cuando la futura inclusión de Pedro Castillo en una indagación era previsible, Espinoza se convirtió en el más reciente fichaje del equipo que ejerce la defensa legal del presidente. Se trata de un abogado con experiencia en las defensas de casos como ‘Narcoindultos’, ‘Peter Ferrari’, ‘La Centralita’ o ‘Los Intocables Ediles’.

También representó al ex primer ministro Ántero Flores Aráoz ante la investigación por las muertes en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, según quedó registrado en la denuncia constitucional por este caso. “He defendido gobernadores, congresistas, alcaldes, regidores”, comenta, pero añade que “la defensa de un presidente en funciones es el más grande reto hasta ahora”.

El penalista evitó revelar por quién o cómo se acercó a Pedro Castillo, pero dijo haber estado “en la órbita” para asumir su defensa desde el año pasado.

Benji Espinoza no es el único abogado de Castillo. A fines del 2021, cuando los casos vinculados a su entorno comenzaron a multiplicarse y a rodearlo, el presidente presentó a Eduardo Pachas como su defensor.

Su defensa fue, desde el inicio, ante los juzgados y ante la opinión pública. Sobre todo a partir del silencio presidencial. El abogado se convirtió en una figura recurrente en medios de comunicación con sucesivas entrevistas, a menudo accidentadas. También estuvo presente en los primeros ingresos de la fiscalía a Palacio de Gobierno y acompañó al mandatario a reunirse con la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.

Pachas impulsó medidas para apartar a la fiscal del Caso Petro-Perú, Norah Córdova, por expresiones contra Pedro Castillo en redes sociales y estuvo con el presidente cuando fue interrogado en Palacio de Gobierno por la fiscalía.

También pidió la destitución del entonces procurador general del Estad, Daniel Soria, quien había denunciado a Pedro Castillo. Su remoción sería firmada semanas después por el presidente tras un informe de Contraloría. En el medio, hubo una reunión entre Pachas y el entonces ministro de Justicia, Aníbal Torres, pero ambos niegan haber tocado el tema. Con la llegada de Espinoza, sus apariciones en medios se redujeron.

El segundo abogado salió a luz a mediados de mayo. Se trata de Jorge Díaz Campos, natural de Chota y exjuez en Piura que fue destituido en el 2006 por el Consejo Nacional de la Magistratura.

El 13 de mayo, acompañó a la primera dama Lilia Paredes como su defensa legal en su interrogatorio como testigo ante la fiscal contra el lavado de activos Luz Taquire. Allí, anunció que la esposa del presidente no iba a declarar. Esto motivó que la fiscal la denuncie y que, a la fecha, esté siendo investigada por presunta negativa a colaborar con la justicia. Espinoza se sumó a la defensa del presidente y su esposa luego de ese episodio.

Así, los tres penalistas estuvieron en el interrogatorio de la Fiscalía de la Nación a Castillo del 17 de junio y presentaron la tutela de derechos con la que intentaron -por ahora sin éxito- que se anule la investigación al mandatario.

El cuarto abogado es José Palomino Manchego, doctor en Derecho, docente y exdecano de la Facultad de Derecho de San Marcos, donde coincidió con el primer ministro Aníbal Torres.

Conocido como constitucionalista, Palomino acompañó a Castillo en su presentación ante el Congreso por la moción de vacancia de marzo de este año y participó en su representación ante el pleno.

Hace unas semanas, se presentó ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales como abogado del presidente para manifestar su oposición a la denuncia constitucional en su contra por supuesta traición a la patria.

Ante tamaña defensa, una pregunta queda en el aire: ¿quién paga sus servicios? Como funcionario, el presidente podría solicitar que el Estado financie su defensa. Así lo hizo, por ejemplo, su prófugo coinvestigado y exministro Juan Silva, pero no tuvo éxito.

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Sin embargo, Espinoza asegura que sus servicios son pagados por el propio Castillo. El monto y las condiciones, eso sí, las mantiene bajo reserva profesional.

Consultado por El Comercio sobre lo mismo, Pachas se excusó de dar respuesta. En tanto, el ministro Alejandro Salas respondió que ese es un asunto reservado entre el presidente y sus defensores legales.

Penalistas comentaron a este Diario que es difícil establecer una tarifa o monto estándar de honorarios por casos como este. Como muchos otros aspectos de su caso, es un secreto entre el presidente y su equipo legal.