La Procuraduría General del Estado (PGE) informó que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas sus solicitudes y dictaminó el embargo de los bienes del exmandatario Pedro Castillo Terrones y del expresidente del Consejo de Ministros Aníbal Torres Vásquez por el golpe de Estado perpetrado el pasado 7 de diciembre.
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El juez Juan Carlos Checkley ordenó el embargo en forma de inscripción e inhibición de cuatro propiedades del expresidente José Pedro Castillo Terrones ubicadas en el distrito de Anguía (provincia de Chota), así como en la localidad de Tacabamba, todas en Cajamarca.
En el caso del ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez se embarga en forma de inscripción e inhibición nueve bienes: ocho inmuebles ubicados en los distritos de San Isidro y Cercado de Lima, así como un vehículo.
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La Procuraduría General del Estado recordó que ha solicitado una reparación civil de 67 millones de soles por el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre de 2022.
La PGE también está constituida como actor civil en el proceso a los implicados en el golpe de Estado, como el expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Aníbal Torres y Roberto Sánchez.
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