Chávarry y Gálvez: penalistas explican por qué deberían ser destituidos por la JNJ

En ese contexto, ayer se conoció que el pleno de la JNJ decidió abrir proceso disciplinario a los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Gálvez por sus presuntos vínculos con dicha organización criminal. Esta historia podría terminar con su destitución.

El Comercio consultó con los exprocuradores Ivan Montoya y Arturo Maldonado, quien afirmaron que las imputaciones contra Chávarry y Gálvez ciertamente son “graves”, por lo que ameritaría que sean separados del Ministerio Público, donde forman parte además de la Junta de Fiscales Supremos.

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Para Iván Montoya, ante “la presencia de fiscales que tienen una perspectiva obstaculizadora” y que están siendo investigados por crimen organizado, “es saludable de que sean apartados no solamente de la Junta de Fiscales Supremos, sino de su condición de fiscales mismos”.

Montoya remarcó que la presencia de Chávarry en el Ministerio Público “es gravemente perturbadora para el desempeño de los fiscales que vienen realizando trabajos sensibles de investigación en casos complejos”.

“Estoy casi seguro de que hay cargos suficientes para terminar exitosamente el proceso disciplinario [en la JNJ]”, apuntó.

Chávarry y Gálvez son investigados en el marco del caso ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, a raíz de los ‘CNM audios’, en donde también se vieron comprendidos jueces y fiscales de todos los niveles. Ambos fiscales supremos habrían tenido vínculos con el exjuez supremo César Hinostroza, sindicado con el presunto cabecilla de esta organización.

-Deben ser separados del sistema de justicia-

Por su parte, el exprocurador Anticorrupción Antonio Maldonado remarcó que hay elementos suficientes para que la JNJ haya iniciado un procedimiento por inconducta funcional grave y que, el mismo, concluya con una sanción. Aunque hizo hincapié en que se debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa.

“Cualquiera de estos elementos que se están investigando entiendo que son más que suficientes como para producir una decisión drástica que, en mi opinión, debe ser de separarlos del sistema de administración de justicia”, consideró.

“El sistema que defiende los valores de justicia, que garantiza el derecho de acceso a la justicia de la población, no puede darse el lujo de tener dentro de él a personas que precisamente lo tuercen, pervienten y en consecuencia lo dañan hasta el punto de convertirlo a lo opuesto que se supone que es”, agregó.

A juicio de Maldonado, incluso también podría plantearse una suspensión del cargo hasta que se resuelva su situación, a fin de garantizar el procedimiento.

Sin pronunciarse en un caso en específico, Aldo Vásquez, presidente de la JNJ, ya adelantó que esta figura puede aplicarse en procesos de esta naturaleza.

“Todos los casos que llevamos en la JNJ tienen carácter de reservados, pero podría, eventualmente, adoptarse medidas cautelares”, apuntó.

-JNJ ve violaciones a los principios de función-

Por otro lado, en diálogo con El Comercio, Rafael Chanjan, abogado penalista e investigador de la PUCP, precisó que no es labor de la JNJ probar delitos ni la existencia de una organización criminal sino faltas administrativas y violaciones de principios de la función judicial y/o fiscal. Y, a partir de su gravedad, se podría desembocar en una sanción tan grave como la destitución.

Chanjan señaló que Chávarry ya viene siendo investigado por la fiscalía, pues “existen audios que vinculan al exfiscal de la Nación con el exjuez supremo César Hinostroza”.

Esto habría motivado a la JNJ el inicio de un proceso inmediato. Según explica Chanjan, este es un tipo de proceso nuevo, más simplificado, “teniendo en cuenta el nivel de convicción suficientes que ya se tiene en determinados casos y que demuestran una notoria vinculación con una infracción de naturaleza grave”.

“Este es un caso que presenta un acervo probatorio avanzado, importante, y que vincula al exfiscal Chávarry con las infracciones administrativas y penales que se le imputan”, remarcó.

-El proceso, paso a paso-

El Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, establece todo un mecanismo a llevar adelante cuando se decide iniciar un proceso a un juez o fiscal supremo. También contempla diversas sanciones que puede terminar en destitución.

En el caso de Chávarry y Tomás Gálvez, se podría conocer una decisión en junio, de acuerdo a los plazos revisados por este Diario.

El proceso que se inició contra Chávarry y Gálvez es catalogado como “inmediato”, que, según el reglamento de la JNJ, se da “en los casos que exista evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”.

Todo el trámite a la interna de la JNJ se puede dividir en dos grandes partes:

—En la primera, una vez que el pleno decide abrir proceso disciplinario se nombra a un miembro instructor, que debe recabar información e investigar la presunta falta. Tiene hasta 60 días hábiles para emitir su informe.

En este documento puede proponer la destitución, la remoción o absolución del investigado. También puede pedir la suspensión por hasta 120 días calendario. El informe es puesto en conocimiento del pleno de la JNJ y traslado al investigado, el cual debe dar sus descargos dentro de los cinco días hábiles. En simultáneo se fija hora y fecha para la vista de la causa.

—En la segunda, el caso es visto a nivel del pleno de la JNJ. En la audiencia convocada puede acudir el investigado o su abogado. Esta se desarrollará con o sin su presencia y solo en casos excepcionales se podría aplazar por una única vez.

Una vez de haberse sustentado el caso, el pleno de la JNJ emitirá su resolución final dentro de los 10 días hábiles siguientes. Esta decisión puede ser objeto de un recurso de reconsideración, el cual debe ser interpuesto máximo a los cinco días de conocerse la misma.

De acuerdo con el reglamento, una medida de destitución implica la cancelación del título de juez o fiscal. El sancionado “no puede reingresar a la carrera judicial o fiscal”.