Resolución del Poder Judicial se da en el marco de la investigación que se sigue a PPK por supuesto lavado de activos en organización criminal | Foto: Archivo El Comercio
Resolución del Poder Judicial se da en el marco de la investigación que se sigue a PPK por supuesto lavado de activos en organización criminal | Foto: Archivo El Comercio
Redacción EC

El Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional prorrogó por un año el plazo de la indagación que se sigue al expresidente Pedro Pablo Kuczynski () por el presunto delito de lavado de activos en organización criminal, en agravio del Estado.

De este modo, dicha instancia del Poder Judicial declaró fundado el requerimiento de la Fiscalía, que argumentaba que se investigan numerosos delitos, diversos actos de investigación y una pericia contable-financiera, además de ser un caso complejo.

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En este caso también están incluidos, además del exmandatario, Gloria Kisic Wagner, Gerardo Sepúlveda y José Luis Bernaola Ñufflo, así como las empresas Dorado Asset Management Company SAC, Wesfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, y Latin America Enterprise Fund Managers LLC.

El pasado 2 de junio dicha instancia judicial, a cargo del juez Jorge Chávez Tamariz, incluyó a las empresas Westfield Capital y First Capital en la investigación preparatoria por presunto lavado de activos contra Kuczynski por el mismo caso.

La solicitud había sido presentada por el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, según la Resolución Nro. 17, que lleva como fecha el 30 de mayo del 2022.

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Kuczynski Godard afronta la investigación en este caso en libertad, luego de que el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dispusiera modificar la medida de arresto domiciliario por la de comparecencia con restricciones.

Además, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema revocó cuatro medidas: prohibición de comunicarse con sus coimputados; prohibición de comunicarse con testigos y peritos; prohibición de declarar a medios de prensa, y; prohibición de participar en reuniones políticas.

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