Tres jueces disputarán la presidencia del Poder Judicial para el 2025-2026: ¿quiénes son y cuáles son sus propuestas?

El sucesor de Javier Arévalo Vela, cuya gestión terminará junto al año 2024, saldrá de uno de estos tres nombres: Carlos Arias Lazarte, Manuel Luján Tupez y Janet Tello Gilardi. Fuentes de El Comercio indicaron que por ahora no hay un claro favorito y que la elección se prevé, hasta el momento, como “impredecible”.

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Cada candidato buscará lograr el apoyo de la mitad más uno de sus pares (10 votos) reunidos en Sala Plena para asegurarse la presidencia del Poder Judicial. Si ninguno llega a esa cifra en una primera votación, se realizará una segunda votación entre los dos que junten más apoyos.

En esa segunda votación, no es necesario llegar a los 10 votos, solo basta con que uno logre más votos que su rival. En caso de empate, sería elegido el candidato de mayor antigüedad. Todo esto lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El ganador asumirá el cargo en el primer día hábil del 2025, previsiblemente el jueves 2 de enero, en el día que marcará el inicio del año judicial. Un año judicial que tiene en su agenda la resolución de casos emblemáticos, como los juicios de los expresidentes Martín Vizcarra, Pedro Castillo y Ollanta Humala, y casos de delincuencia común, en medio de un creciente contexto de inseguridad ciudadana y desconfianza en la institución.

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Un factor importante en la elección será las posiciones que tomen los jueces supremos más antiguos, nombrados cuando aún existía el desaparecido Consejo Nacional de Magistratura (antes del 2018) y los más nuevos, nombrados por la Junta Nacional de Justicia entre el 2022 y el 2023.

Actualmente, hay nueve jueces supremos ‘antiguos’ y jueces supremos ‘nuevos’. Dos de los candidatos, Janet Tello y Carlos Arias, son del primer grupo, mientras que Manuel Luján es del segundo. Un eventual empate, como se mencionó, favorecería al postulante más antiguo.

¿Quiénes son los 18 jueces supremos titulares que integran la Sala Plena de la Corte Suprema?

Ellos son los magistrados que elegirán al presidente del Poder Judicial y el año en que se incorporarán a la Corte Suprema

'Antiguos'

1. Javier Arévalo Vela (2011)

2. Cesar San Martín (2004)

3. Víctor Prado Saldarriaga (2007)

4. Ana María Aranda (2011)

5. Elvia Barrios Alvarado (2011)

6. Jorge Luis Salas Arenas (2011)

7. Janet Tello Gilardi (2013)

8. Carlos Arias Lazarte (2017)

9. Mariem de la Rosa Bedriñana (2017)

'Nuevos'

10. Carlos Calderón Puertas (2022)

11. Emilia Bustamante Oyague (2022)

12. Ulises Yaya Zumaeta (2022)

13. Manuel Luján Tupez (2022)

14. Victor Castillo León (2022)

15. Silvia Rueda Fernández (2022)

16. Wilber Bustamante del Castillo (2022)

17. Ramiro Bustamante (2022)

18. Cesar Proaño Cueva (2023)

Janet Tello

La primera en anunciar su candidatura fue la jueza Janet Tello. Lo hizo públicamente, durante una entrevista con Radio Nacional el pasado 25 de octubre, incluso anticipándose a la pregunta de su entrevistador.

Janet Tello es una abogada arequipeña de 62 años, lo que la hace la mayor de los tres candidatos. Según los registros de Sunedu, estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde hizo licenciatura y maestría, y donde es docente de posgrado. Además, tiene un doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Tiene cerca de 30 años como integrante del Poder Judicial. Fue jueza superior entre enero de 1996 y enero del 2013. Ese mes, fue nombrada y asumió como jueza suprema titular. Ello también la hace la candidata con más tiempo como parte de la Corte Suprema. Actualmente, preside allí la Primera Sala de Derecho Constitucional y Constitucional Transitoria.

Tello también es titular de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad. Además, fue parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones Judiciales, Comisión de Integridad Judicial, y la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena.

Es asociada fundadora de la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (Jusdem) y asociada presidenta de la Asociación Peruana de Mujeres Jueces. Hija de un coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP) en retiro, Janet Tello también es madre del futbolista Adrián Ugarriza, de pasado en clubes como Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Recientemente, fue una de las magistradas que pidió al saliente presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, que convoque a una Sala Plena de la Corte Suprema para analiza los proyecto de ley del Congreso que podrían afectar la independencia judicial y el sistema de administración de justicia.

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El año pasado, también fue una de los jueces supremos que pidieron una sala plena para evaluar si emitían un pronunciamiento a raíz de la polémica destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos por parte del Congreso, decisión que luego sería anulada por la justicia constitucional. Por entonces, los supremos acordaron, por mayoría, no pronunciarse.

Ello llevó a que la Comisión de Justicia del Congreso la cite como parte de su “investigación sumaria” a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Allí, la jueza defendió el derecho a la libertad de expresión de los jueces, ante los cuestionamientos que le hizo el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular).

Carlos Arias Lazarte

La segunda candidatura conocida fue la de Carlos Arias Lazarte. El magistrado, de un perfil menos mediático, no hizo un anuncio mediante un medio de prensa, sino que comunicó su intención a sus colegas. El Comercio conoció de su aspiración a través de fuentes judiciales, antes de que esta se formalizara el último jueves con la presentación de su plan de gestión.

Esta será la segunda vez que Arias Lazarte busque presidir el Poder Judicial. Ya lo hizo en diciembre del 2022, pero perdió la elección frente al actual titular de la Corte Suprema, Javier Arévalo Vela.

El juez tiene 60 años. Nació en la provincia ancashina de Aija y creció en Huaraz. Estudió Derecho en la Universidad San Martín de Porres (USMP), donde se graduó en 1989. Luego, en el 2017, también hizo su doctorado allí. En el intermedio, en el 2016, obtuvo su maestría con mención en Derecho Civil y Comercial en la UNMSM. Adicionalmente, es magíster en Derecho con mención en Derecho Marítimo Internacional por el Instituto de Derecho Marítimo Internacional.

Dentro del Poder Judicial, fue juez superior entre el 2003 y diciembre del 2017, cuando fue ascendido a supremo titular. Como tal, también es juez supremo consejero, responsable del Consejo Consultivo del Centro de Investigaciones (CIJ) del Poder Judicial. Además, es integrante y presidente de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema.

Por otro lado, fue presidente de la Academia de la Magistratura (AMAG), institución que brinda formación a jueces y fiscales, fue integrante del Consejo Ejecutivo del Poder judicial, y es miembro de la Asociación Nacional de Magistrados del Perú. Adicionalmente, es docente en la USMP.

En el 2020, la Junta Nacional de Justicia revisó su nombramiento como juez supremo por parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en medio de las medidas adoptadas tras el estallido del caso Cuellos Blancos del Puerto. Sin embargo, no hallaron irregularidades.

En el 2022, cuestionado por este Diario sobre sus registros de llamadas con implicados en ese caso, Arias Lazarte replicó que no tenía “ninguna investigación sobre esas cosas, ni en la Junta Nacional de Justicia, ni en el Ministerio Público, ni judicial, ni administrativamente”.

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Manuel Luján Tupez

El tercer candidato es el juez supremo Manuel Luján Túpez. Como Arias Lazarte, el anuncio de su candidatura se hizo internamente en la Corte Suprema, antes de su ‘oficialización’ el último jueves con las presentaciones de sus planes de gestión.

Luján, quien cumplirá 55 años el próximo 17 de diciembre, es el más joven de los tres candidatos. También es el que lleva menos tiempo como juez supremo titular: está en el cargo desde el 2022, como parte de los nuevos nombramientos de la JNJ luego del caso ‘Cuellos Blancos del Puerto’.

El magistrado nació en Trujillo y se formó allí: es abogado y doctor en Derecho por la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO). También tiene una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo y un doctorado en Administración en la Educación por la Universidad César Vallejo. Además, ha sido docente en esas tres instituciones.

Su carrera en el Poder Judicial comenzó en el 2008, como juez superior en la Corte Superior Nacional de Justicia de La Libertad. En el 2022, postuló en un concurso público de la JNJ y logró una de las plazas como juez supremo.

Actualmente, integra la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el juez César San Martín y que es la máxima instancia a nivel nacional en casos penales. Además, es coordinador del sistema especializado en Extinción de Dominio, donde confluyen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la procuraduría y la PNP.

Como tal, ha dado entrevista en medios de comunicación para defender ese sistema y la ley de extinción de dominio -que apuntan a que el Estado tome propieda de bienes de origen ilícito- ante iniciativas en contra, como las provenientes de la Defensoría del Pueblo y del mismo Congreso.

El último jueves, los tres candidatos expusieron sus planes de gobierno para la presidencia del Poder Judicial ante el que será su electorado: los jueces de la Sala Plena de la Corte Suprema. La sesión fue transmitida públicamente a través de Justicia TV.

Durante su exposición, Janet Tello manifestó su rechazo a los intentos de “reforma del sistema de justicia judicial desde ámbitos externos, sin reconocer que venimos desarrollando procesos dinámicos de cambios e innovaciones en el sistema de administración de justicia”. Estas reformas, indicó, no han sido comunicadas de forma efectiva

La jueza sostuvo que para satisfacer “las necesidades de justicia de la ciudadanía” hace falta “marcos legales” y “presupuestos adecuados”. Dijo que se debe demandar el respeto a su institución, “sin injerencia de ningún tipo” y que se debe dejar de lado la “distorsión” de considerar a la Corte Suprema como una tercera instancia judicial.

Luego, dijo que la dará prioridad a la defensa de jueces y juezas frente a “denuncias infundadas”, así como atacar las demoras en los procesos judiciales y a la desconfianza ciudadana en el Poder Judicial. También indicó que apostará por seguir implementando y mejorar las herramientas tecnológicas con las que trabajan los magistrados.

Por otro lado, señaló que el Poder Judicial debe mejorar su capacidad de gasto respecto al presupuesto público que se les asigna cada año, y que se debe fortalecer el liderazgo de la presidencia de la Corte Suprema. y el rol de la Sala Plena, “en defensa de la independencia y autonomía del Poder Judicial”.

A su turno, Carlos Arias Lazarte también se refirió a los proyectos de ley del Congreso que significarían una “injerencia política sobre los jueces”. También indicó que el problema de la sobrecarga de los jueces no se ha podido solucionar pese a ser un objetivo recurrente de los presidentes del Poder Judicial.

Indicó que los ejes de su gestión serían la independencia judicial, la eficiencia judicial y la transparencia e inclusión. Para ello, dijo que se debe reformar cómo se gestiona el trabajo de los jueces, mediante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y posicionando la eficiencia como prioridad.

Respecto a la independencia judicial, dijo que se debe “preparar una agenda legislativa” para fortalecerla. “Los tenemos desarrollados para presentarlos a la Sala Plena en enero (...) Asumamos una línea proactiva, generemos corrientes de opinión con liderazgo desde el Poder Judicial. Nosotros podemos transformarnos sin necesidad de que otros nos vengan a decir cómo hacer las cosas”, afirmó.

También hizo énfasis en apostar para que se reduzca el número de jueces provisionales y hacer gestiones para que la JNJ termine de nombrar a magistrados en todas las plazas disponibles de jueces titulares. Finalmente, se comprometió a dialogar y reunirse con la prensa cada 15 días, sin necesidad de nombrar a un vocero institucional llegar a la ciudadanía.

En su ponencia, Manuel Luján también diagnosticó la sobrecarga de los magistrados, los retrasos en la resolución de casos y la desconfianza ciudadana como algunos de los principales problemas de la institución. A esto, le sumó las diferencias en las escalas salariales, incluyendo a los trabajadores administrativos.

Como pilares de su eventual gestión señaló la “autonomía sostenible” del Poder Judicial, el uso de inteligencia artificial para la reducción de la carga de los jueces y la mejora en los servicios para la ciudadanía. “La justicia no puede seguir siendo vista como un gasto, tiene que verse como un servicio, al igual que la educación o la salud”, dijo.

El juez propuso que se haga un “pacto social, no solo un acuerdo de élites” en torno al sistema de justicia. Ello para defender la independencia de los magistrados y el cumplimiento de las decisiones judiciales.

También apuntó a optimizar los gastos del Poder Judicial, buscar una independencia financiera y, nuevamente, a defender la “independencia de los jueces respecto a cualquier tipo de presión”. “Basta ya de presiones, las decisiones deben responder al Derecho”, afirmó.