Javier Arévalo Vela: “El sistema democrático no puede permitir que lo utilicen para destruirlo”

MIRA: Coordinador de extinción de dominio del Poder Judicial rechaza proyecto que aprobó el Congreso

—Está por cerrar un ciclo al frente de uno de los tres poderes que hacen el Estado peruano. ¿Qué tanto cambió su perspectiva del Perú en estos dos años?

Mucho. Hemos comprobado que el Perú o, para ser más específico, las instituciones públicas, no funcionan como deben. Todos aparentemente somos poderes del Estado, hay organismos constitucionales autónomos, pero a la hora de funcionar tenemos la limitación que es el Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, el que determina muchas políticas. Porque por más que tú quieras cambiar, si no tienes los recursos, no puedes.

—¿Esa es la mayor traba que han encontrado?

La mayor traba. Y otro tema que yo he encontrado es que, en general, en los poderes ha habido influencias externas. No externas de otro país, externas de grupos que viven, yo diría, parasitando a las instituciones públicas con consultorías, con eventos, con supuestas teorías que les venden y que cuando el titular de una institución pública trata de alejarse de esto, es duramente atacado. Son grupos que no quieren perder sus privilegios económicos.

—¿Quiénes son estos grupos?

Bueno, grupos privados, muchas veces con ramificaciones internacionales, que hoy día pues están dando mucho que hablar.

—¿Se refiere usted a los denominados ‘caviares’?

De todo tipo. Porque también hay ‘caviares’ y no ‘caviares’. Porque, ¿sabe qué? Al final, no es ideología, es interés personal.

"La señora Janet Tello es una persona muy experimentada, la conozco desde que ingresamos como magistrados superiores en el año 96 y creo que va a llevar adelante la conducción del Poder Judicial. Pero sí, mi consejo es que va a tener que ser fuerte con el reclamo de recursos"

—¿Cuáles son sus impresiones de la nueva presidenta electa del PJ? ¿Qué reflexión le dejaría?

La señora [Janet] Tello es una persona muy experimentada, la conozco desde que ingresamos como magistrados superiores en el año 96 y creo que va a llevar adelante la conducción del Poder Judicial. Pero sí, mi consejo es que va a tener que ser fuerte con el reclamo de recursos. Porque muchas veces el presupuesto no se puede desarrollar porque hay personas de mando medio, y se lo digo, en la Dirección General del Presupuesto, que se dedica a bloquear las iniciativas y que tiene más peso que el ministro de Economía.

—Hay un factor relevante y es la opinión pública. Según una encuesta de Datum, un 77% de peruanos desconfía de la labor de los jueces, solo están detrás de los fiscales, que tienen 80% de desconfianza. Ciertamente, no es el mejor momento para los operadores de justicia. ¿Por qué cree que los jueces están con tal descrédito?

Es que nunca ha habido una época en que los jueces han estado en la cumbre. Siempre hay dos temas. Primero, los perdedores de los juicios; y segundo, los que han escuchado. Si usted le preguntara a esas personas, ¿usted ha tenido un juicio? Le van a decir que no. Esa es la verdad. Entonces, han escuchado de alguien que perdió un juicio y que habla mal de los jueces, y eso así lo replican.

—Pero en el mismo estudio, la corrupción es el principal factor de la desconfianza de los jueces en la ciudadanía...

Bueno, hay jueces corruptos, eso nadie lo va a negar. Como hay congresistas ‘mochasueldos’, como hay ministros, como hay periodistas ‘mermeleros’. Hay de todo.

—Cuando asumió su gestión, dijo en una entrevista con El Comercio que el problema del Poder Judicial no era la corrupción, sino el “retraso”. ¿Continúa pensando lo mismo?

Efectivamente. Sí, porque el retraso es enorme, porque no podemos tener más juzgados, más personal, más equipamiento, porque el Ejecutivo nos apreta, no nos da los recursos.

—¿Y qué pasa con la corrupción?

Bueno, hemos destituido empleados, hemos destituido jueces de paz, hemos propuesto a la Junta Nacional de Justicia destituciones, fuera de las sanciones menores. Y, bueno, ese es otro tema, habría que preguntarle qué hizo con las propuestas. Hemos pedido a la junta 83 jueces para que se destituya. Lo que usted tendría que hacer es ir y decirle a la junta qué pasó con esto.

—¿Y qué pasa con este “retraso”? Hay una sobrecarga procesal que finalmente afecta al ciudadano de a pie...

Nosotros establecimos los Módulos de Ejecución. Porque qué sucedía, las personas ganan su juicio tienen un papel y se acabó, no pueden ejecutarlo. Y usted no hace un juicio para tener un papel, sino para tener resultados. Módulos de descarga, que lamentablemente no nos ha apoyado el Ejecutivo como debiera. Hemos pedido y siempre nos sale con que no tiene recursos. Y de eso quiero ser muy claro: sí hay recursos en el país. Se derrocha la plata en empresas quebradas, en ministerios ideologizados llenos de consultorías, de personal, y no sé por qué no hay plata para otras cosas.

—Durante estos dos años, se han promovido desde el Congreso normas nocivas para el sistema de justicia. Está la poco célebre Ley N°32108 sobre el Crimen Organizado y su subsiguiente. ¿Por qué no hubo mayor contundencia, desde su fuero, en rechazo a eso?

Vamos a desenmascarar esto. En primer lugar, el Congreso podía dar las leyes. Lo que nosotros hemos dicho es que, si un juez considera que una ley que es inconstitucional o contraria a una convención, no la aplica. Y está sucediendo. Y si un juez considera que sí, la aplica. Porque no es cierto que hayan habido esas contradicciones brutales contra la Constitución. Lo que ha habido es criterios de interpretación. Y creo que se ha hecho bien, muchos jueces que yo respaldo han dicho inaplico; y muchos jueces que también respaldo han aplicado.

"No existe en nuestro ordenamiento jurídico la inaplicación de ley por acuerdos plenarios. [...] Lo que pasa es que a la población se le vende eso, a los periodistas se les engaña con eso"

—¿Pero no debió haber acuerdos plenarios que brinden seguridad jurídica a la ciudadanía?

Los acuerdos plenarios no son el instrumento para inaplicar una ley. No existe en nuestro ordenamiento jurídico la inaplicación de ley por acuerdos plenarios. O la inaplica el juez por control difuso, o la declara inconstitucional el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que a la población se le vende eso. A los periodistas se les engaña con eso. Solo [mediante] dos formas puede usted no aplicar una ley. Por control difuso o porque el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional.

—Pero sí se sienta un criterio, ¿o no es así?

El criterio lo sientas en resoluciones judiciales, en jurisprudencia, no en los acuerdos plenarios. Los acuerdos plenarios no son una sentencia. Ningún acuerdo plenario puede declarar inaplicable o inconstitucional una ley. Los únicos que lo pueden hacer es el juez, en una sentencia, o el Tribunal Constitucional, que lo declara inscontitucional.

—Pero en el acuerdo plenario de la denominada ‘Ley Soto’ se declaró inconstitucional la ley...

Bueno, señor. Le voy a decir una cosa: cada cual responde por lo que acuerda. Nada más le puedo decir.

—Desde elevar la prognosis de pena de cuatro a cinco años para dar la prisión preventiva, las modificaciones a la Ley de Crimen Organizado y tantas otras leyes y proyectos que aún persisten en el Congreso. ¿Primó el criterio político, sobre el técnico?

Creo que este Congreso ha sido un Congreso totalmente político, pero no solo político, sino un Congreso que no ha tenido coherencia en lo que ha hecho. Ha sacado leyes de todo tipo y de toda forma, incluso unas contradiciéndose con otras, pero lo más grave es que las leyes importantes no las ha sacado. Estamos esperando la ley de flagrancia, la ley de oralidad civil, estamos esperando una serie de leyes y no se dan.

—Además de la ley sobre el crimen organizado, también eliminó la figura de la detención preliminar sin flagrancia por parte del Congreso e, incluso, ahora se pretende una comisión para plantear una reforma “integral” del sistema de justicia. ¿No hay acaso una intención clara de golpear al sistema de justicia?

Opino que toda reforma del sistema de justicia debe contar con la intervención de sus actores y de ninguna manera puede ser una actividad unilateral del congreso, pues de ser así, se estaría atropellando la independencia del Poder Judicial el cual no se niega a ningún cambio o transformación que sean necesarios.

"No me voy a pronunciar sobre lo que dijo la sala [sobre A. N. T. A. U. R. O.], solo le digo una cosa: el sistema democrático no puede permitir que lo utilicen para destruirlo"

—La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema declaró ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O. Es la primera vez que se aplica este artículo vigente desde el 2003 y, sin duda, es una decisión histórica. ¿Es el momento propicio para aplicar este mecanismo?

No me voy a pronunciar sobre lo que dijo la sala, solo le digo una cosa: el sistema democrático no puede permitir que lo utilicen para destruirlo. Le voy a dar un ejemplo, los nazis llegaron al poder por la vía democrática. Hitler no dio un golpe de Estado, ganó las elecciones. Bueno, ¿cómo terminó? Entonces tenemos que ver eso. Muchas veces grupos antidemocráticos utilizan los mecanismos de la democracia para tomar el poder y se quedan.

—¿La democracia peruana está en riesgo?

No creo que esté en riesgo en este momento; lo estuvo.

—Esta decisión sobre el partido A.N.T.A.U.R.O. aún debe ser objeto de revisión por parte de una segunda instancia...

Es correcto, porque es una garantía. Porque el partido A.N.T.A.U.R.O. tiene como cualquiera el derecho a la instancia plural. No se le puede negar ese derecho.

—¿Pero en cuánto tiempo podríamos los peruanos tener una decisión final sobre este caso?

Espero que en unos meses debe estar saliendo esto.

—¿Llegará a tenerse zanjado este tema antes de las elecciones?

Definitivamente tiene que estar zanjado.

—La convocatoria a elecciones se da en abril...

Sí, creo que antes de eso debe estar.

"Así como un día se superó la esclavitud, las torturas (al menos legales), hoy día pensar en pena de muerte es retroceder. Fuera de los mecanismos legales que tenemos, los convenios, es como volver al pasado"

—Cada cierto tiempo la pena de muerte vuelve a estar en la palestra pública. Ahora la propia presidenta Dina Boluarte ha llamado al debate sobre un tema tan relevante, sin un proyecto de ley de por medio. ¿Qué opinión le merece esto?

Mire, le voy a contestar y, con respeto a la señora presidenta, esos son criterios demagógicos. La pena de muerte, hoy en día, es una forma de sanción ya superada. Así como un día se superó la esclavitud, las torturas (al menos legales), hoy día pensar en pena de muerte es retroceder. Fuera de los mecanismos legales que tenemos, los convenios, es como volver al pasado. No podemos nosotros estar pensando en que vamos a aplicar pena de muerte. Lo que sí tenemos que pensar es en construir centros penitenciarios de alta seguridad para recluir de por vida a esos criminales que “merecerían” pena de muerte.

—¿Es responsable llamar al debate público, sobre todo, sin ningún proyecto de ley o texto a debatir de por medio?

Es totalmente irresponsable. Porque sabe qué, el pueblo, la masa, va a decir pena de muerte. Acuérdese que lo que ha ocurrido es indignante con esta niña. (...) Pero ojo, va a comenzar la pena muerte, si se restableciera (cosa que no va a suceder), por los violadores de niños, después por otra cosa, van a terminar pidiendo también la pena de muerte de los congresistas, de toda persona que la masa crea y eso no puede aceptarse. Totalmente rechazo la pena de muerte.

—Podría salirse de control...

Podría salirse de control, y en manos de una dictadura sería peor. Usted mire dictaduras en el mundo, en el medio oriente en donde aplican la pena de muerte por cualquier cosa.

—El Ejecutivo no ha autorizado el presupuesto para la creación de juzgados en Chancay. ¿El compromiso de lucha contra la inseguridad ha quedado solo en el discurso?

En Chancay quedó en el discurso. Y eso es preocupante. Chancay lo están pregonando como nuestro futuro, pero debe tener no solo juzgados que le hemos pedido, [sino] comisarías, centros médicos. Un polo de desarrollo, porque si no eso va a ser un sitio abandonado. Y eso va a contribuir a que fracase. Entonces, no basta decir, aplaudir Chancay, saludar al presidente de China. No, hay que hacerlo. Y no se está haciendo.

—Justamente, el presidente del Congreso anunció que se aprobaría la ley para las unidades de flagrancia. Sin embargo, una medida como esta, sin ninguna duda, no podría caminar sin presupuesto...

Espero que lleve presupuesto y que el Poder Ejecutivo tome la seriedad y aporte para las unidades de flagrancia, para los módulos de ejecución, para las comisarías.

—¿Cuántas unidades de flagrancia requiere el Perú?

No le puedo decir yo cuántas, porque eso depende de cada realidad. Hay sitios donde hay dos, como en Trujillo, hay sitios donde hay una. ¿Por qué? Porque esto es más que todo distrital, y hay distritos que tienen más o menos. [Menciona que, al cierre de su gestión, se están dejando 26 unidades de flagrancia].

—¿Un acuerdo de colaboración eficaz, como el suscrito entre la fiscalía peruana con la constructora Odebrecht, debería ser abierto al escrutinio público?

Todo documento que interese al país, debe ser público. Así contundente. No puede haber documentos secretos. Si eso es importante para el país, tiene que ser público.

—¿Pero esto no podría sentar precedentes para que otros acuerdos reservados puedan ser públicos?

Pero es que, en esta época, acuerdos reservados no deben existir. Salvo que me diga usted, no sé, alguna estrategia militar... e incluso eso.

—En el caso de Odebrecht, hasta ahora solo se tiene una sentencia en contra de un expresidente, que es el caso del señor Toledo y en una primera instancia además y luego de una larga extradición. ¿Por qué hay tantas demoras?

Creo que los agentes que han participado en estos procesos no han llevado el caso de manera que sea más rápido. No puede ser que años de años duren etapas que ni siquiera hemos llegado al juicio, o recién estamos llegando al juicio después de años. Creo que algo está mal ahí.

—¿No debería conllevar esto eventuales sanciones?

No sé si sanciones, pero al menos revisar si son los más idóneos.

—Es casi seguro que el próximo año se iniciará el juicio por el fallido golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo. Con 200 años de historia, será la primera vez que la Corte Suprema juzgará a un gobernante por intentar quebrar el orden constitucional. ¿Qué opinión le merece ello?

Por un lado, me parece bien. Pero también, por otro lado, me parece lamentable que recién estemos juzgando a quienes han quebrado el orden constitucional. Porque, a través de los años, muchos de los que quebraron el orden constitucional en el pasado no les sucedió nada. Creo que a todos debieron haberles juzgado, a todos, sin excepción. Todos debieron haberse juzgado, desde los que quedaban del régimen militar. Acuérdese cuando se restableció la democracia, estaban vivos muchos de los que participaron en el golpe de la dictadura militar de Velasco. A nadie le interesó nada, y así ha ido sucediendo. Todos. Aquel militar o civil que haya tentado contra el orden constitucional, debió ser juzgado.

—Justamente, si bien hay un juicio pendiente que está en curso por quebrar el orden constitucional, los que participaron y el propio Castillo intentan seguir teniendo vigencia en la vida política del país, están promoviendo incluso partidos políticos. ¿Una persona que ha intentado quebrar el orden constitucional debería seguir participando en política?

Yo creo que, en general, no. Pero, en todo caso, todavía goza de la presunción de inocencia, porque todavía no ha sido condenado.

—Es probable que, con la reconformación de salas, sean nuevos miembros en la Sala Penal Especial los llamados a juzgar el caso por el golpe de Estado de Castillo. ¿Qué perfil deben tener estos magistrados?

Bueno, yo no me atrevería a opinar, porque eso es facultad de la señora presidenta que asume. No voy a opinar.

—¿El señor Jorge Luis Salas Arenas podría conformar esta sala?

Cualquier juez de la especialidad penal podría conformar esa sala. Así que no le podría decir si el señor Salas o no. Le digo que las salas penales tienen que estar conformadas por jueces de la especialidad penal, nada más.

—En agosto, inauguró una sala exclusiva para el juzgamiento de expresidentes en el penal Barbadillo. Probablemente, el Perú sea el único país con un ambiente exclusivo para el juzgamiento de exmandatarios...

Bueno el país nuestro es un país de vergüenza en cuanto tenemos a todos los últimos presidentes procesados. Eso es una pena. Claro, por otro lado, nos da una autoridad de decir al mundo: nosotros juzgamos a nuestros expresidentes. Pero es una pena porque no debería ser así. Nuestros expresidentes no deberían ser personas que estén juzgadas por corrupción. Deberían ser personas que tuvieran otra imagen, otra posición.

—Justamente, ¿un símbolo de lucha contra la corrupción o más bien un recordatorio de lo mal que vamos como sociedad, al ver esta sala?

Dos caras de una misma moneda, usted lo ha dicho. Símbolo de que luchamos contra la corrupción, del nivel que sea. Y, por el otro lado, ¿a quién elegimos de presidentes?