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En las últimas semanas, la fiscalía formuló dos pedidos de prisión efectiva contra Vladimir Cerrón, líder del partido oficialista Perú Libre. El primer cargo corresponde a una presunta malversación de fondos durante su gestión en el gobierno regional de Junín. La fiscal anticorrupción Mary Huamán ha solicitado 35 meses de pena privativa de la libertad. El segundo cargo tiene que ver con el presunto delito de colusión agravada, que el exgobernador habría cometido junto a un consorcio empresarial para obras en el hospital El Carmen. Por este último caso, Huamán ha solicitado 16 años de cárcel para el acusado.
Aunque aún no está en etapa de acusación, otro caso de presunta corrupción que vincula al secretario general de Perú Libre es el de Los Dinámicos del Centro, sobre el cual la fiscal Bonnie Bautista prepararía un pedido de prisión preventiva, según informó la Unidad de Investigación de El Comercio. En este caso, a Cerrón se le atribuye el supuesto delito de tráfico de influencias. El sábado 28 de agosto, las pesquisas continuaron con el allanamiento de inmuebles del exgobernador y sus locales partidarios en Lima y Junín.
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Esta no es la primera vez que, en las últimas décadas, el Ministerio Público solicita restricciones a la libertad u otras medidas en el marco de investigaciones a personas notorias de la escena nacional. Solo entre el 2017 y el 2021, 35 personas ligadas a la función pública o a la política han pasado por prisión preventiva tras vinculárseles con diferentes casos. De ellas, 14 permanecen recluidas en penales, mientras las indagaciones siguen su curso.
| Situación actual de investigados | Cantidad |
|---|---|
| Cumplen condena en prisión | 11 |
| Prisión preventiva | 14 |
| Prisión domiciliaria | 11 |
| Comparecencia con restricciones | 9 |
| Comparecencia simple | 1 |
| En proceso de extradición | 1 |
| Caso próximo a entrar a juicio oral | 1 |
| Libres | 4 |
| Impedimento de salida del país | 1 |
| Apelaron sentencia | 1 |
| Se solicitó prisión efectiva | 4 |
| Se dictó prisión suspendida | 5 |
Presidentes, gobernadores, alcaldes y jueces
La Constitución Política establece, en su artículo 2 (inciso 24, literal e) que “toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad”. En ese sentido, la presunción de inocencia ampara a todo investigado sin importar la gravedad del delito que se le atribuye. Sin embargo, la prisión preventiva resulta una medida legalmente válida; especialmente, cuando confluyen supuestos de peligro para el proceso.
El artículo 268 del Código Procesal Penal exige que, para admitir este tipo de restricción provisional, deben existir “fundados y graves elementos de convicción” sobre la autoría del delito, además de que la potencial sanción debe superar los cuatro años de cárcel. Pero el factor de mayor peso en la decisión del juez es, sin duda, el de peligro de fuga del imputado o una probada tendencia a manipular evidencia u obstaculizar las indagaciones.
A la fecha, tres de los últimos presidentes de la República han sido sujetos a pedidos de prisión preventiva: Ollanta Humala, en el 2017, por el caso Odebrecht; Alejandro Toledo, en el 2017; por los casos Carretera Interoceánica y Ecoteva; y Pedro Pablo Kuczynski, en el 2019, también por Odebrecht. En los tres, su situación varió a otras medidas: Humala logró revocar la orden por la vía judicial y sigue investigado en libertad; a Toledo se le impuso arresto domiciliario en Estados Unidos, desde donde se tramita su extradición; y Kuczynski pasó a cumplir arresto domiciliario.
Otros exfuncionarios que continúan en prisión preventiva son, en su mayoría, exalcaldes y exgobernadores imputados como miembros o líderes de organizaciones criminales. También están exmagistrados, como los vinculados al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Para el exprocurador anticorrupción Iván Meini Méndez, la recurrencia con la que personas políticamente expuestas o funcionarios públicos de jerarquía relevante estén sometidos a órdenes de prisión preventiva responde a varios factores. Según comenta, el más importante tiene que ver con una mejora en el sistema de persecución penal.
“Sería muy inocente pensar que la posible corrupción es un fenómeno reciente en la política peruana o en el Estado. Que se hayan acumulado cada vez más casos mediáticos de prisiones preventivas en ese ámbito tiene mucho que ver con que la fiscalía hace un trabajo más fino en comparación a otras épocas”, señala.
Meini también destaca que la cuota de poder es, en varios casos, utilizada como una vía de impunidad: “Generalmente, las organizaciones criminales tienen presente que, para conseguir cierta dosis de impunidad, es necesario ocupar algunas esferas del poder público. Eso, de alguna manera, se observa en el caso peruano, donde no es extraño que los principales líderes políticos de los principales partidos políticos en la actualidad estén cuestionados por supuestos cargos de corrupción”.
Para la politóloga Denisse Rodríguez Olivari esta situación también podría darse debido a una mala regulación del financiamiento de los partidos políticos. Según explica, se han podido identificar huecos que permiten la filtración de dinero ilícito.
| Exfuncionarios presos preventivamente o con arresto domiciliario | Cargo que ocupó | Situación actual |
|---|---|---|
| Alejandro Toledo | Expresidente de la República | Investigado por supuesto soborno de Odebrecht. En febrero del 2017, se le ordenó prisión preventiva por 18 meses. En julio del 2019, fue arrestado en Estados Unidos y se le mantuvo preso preventivamente por 13 meses. Debido a la pandemia, su orden varió a arresto domiciliario. Sigue en EE.UU., mientras se tramita su extradición al Perú. |
| Pedro Pablo Kuczynski | Expresidente de la República | Investigado por el caso Odebrecht. En abril del 2019, se le dictó 36 meses de preventiva, pero esta orden varió en agosto a arresto domiciliario. |
| Luis Castañeda | Exalcalde de Lima | Se le investiga por presuntos sobornos de Odebrecht y OAS. En febrero del 2020, se le dictó prisión preventiva por 24 meses; sin embargo, esta se revocó en marzo y se le impuso arresto domiciliario. |
| Elías Cuba | Exalcalde de La Victoria | Investigado por el caso Los Intocables Ediles. Se le dictó preventiva en agosto del 2018. En mayo del 2020, se ordenó su arresto domiciliario, pero dos meses después fue retornado a prisión preventiva. |
| Willington Ojeda | Exalcalde de Punta Negra | Investigado por el caso Los Charlys del Sur. En octubre del 2018, se le dictó preventiva por 36 meses. La orden sigue vigente. |
| Juan Sotomayor | Exalcalde provincial del Callao | Investigado por supuesta organización criminal en agravio de la empresa de Servicios de Limpieza Pública del Callao. Se le dictó prisión preventiva por 36 meses en febrero del 2020. |
| Walter Ríos | Expresidente de la Corte Superior del Callao | Se le investiga por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se le dictó prisión preventiva por 18 meses en julio del 2018. Para julio del 2021, la orden fue ampliada a 12 meses más. |
| David Cornejo Chinguel | Exalcalde de Chiclayo | Investigado por el caso Los Temerarios del Crimen. En diciembre del 2018, se le dictó 36 meses de preventiva. Para junio del 2020, el PJ rechazó el pedido de cese de su orden. |
¿Abuso de prisiones preventivas?
Denisse Rodríguez expone que desde el punto de vista político y de lo que significa, las prisiones preventivas claramente tienen un efecto porque pueden dar la idea de que se está dictando sentencia sin tener realmente una. “Hay una idea errónea de que en el Perú meten a todo el mundo a la cárcel sin condena, pero en realidad el promedio de reos sin condena en el país es muy parecido al de países como Brasil y Canadá”, aclara.
Si bien en casos de corrupción va a haber un elemento de politización de la acusación, Rodríguez destaca que, por ejemplo, en el caso Lava Jato, ninguna de las intervenciones realizadas han sido vistas como un abuso de la prisión preventiva a nivel internacional. “En el país se ha actuado con todos los partidos y no sólo con uno de ellos. Eso ha hecho que el caso peruano sea un poco más neutral en el sentido de que no vemos algún tinte político en impartir justicia, algo que sí se ha podido identificar en otros países”, asegura.
| Casos en los que la Corte no aceptó prolongar la prisión preventiva o el arresto domiciliario solicitado por la Fiscalía. | Cargo que ocupó la persona investigada | Situación actual |
|---|---|---|
| Ollanta Humala | Ex presidente de la República | En julio del 2017, se le dictó prisión preventiva por 18 meses, mientras se lo investigaba por presuntos aportes de Odebrecht a su campaña. En el 2018, tras nueve meses en prisión, el TC ordenó su libertad. Actualmente, tiene comparecencia con restricciones. |
| Nadine Heredia | Ex primera dama | También investigada por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña. En el 2018, tras nueve meses en prisión, el TC ordenó su libertad. Actualmente, tiene comparecencia con restricciones. En agosto del 2020, se formuló otro pedido de prisión preventiva -esta vez, por 36 meses- por el caso Gasoducto Sur Peruano. La solicitud fue rechazada por el Poder Judicial. |
| Keiko Fujimori | Ex primera dama | Estuvo dos veces en prisión preventiva: una entre 2018 y 2019, y otra en el 2020. Su estatus fue cambiado a comparecencia restringida en mayo del año pasado. La fiscalía ya presentó acusación por el caso de presunto lavado de activos y organización criminal por supuestos aportes de Odebrecht a sus campañas. Se ha pedido 30 años de cárcel. |
| César Villanueva | Ex primer ministro; exgobernador de San Martín | Investigado por presuntos sobornos de Odebrecht. Se le dictó 18 meses de prisión preventiva en diciembre del 2019, pero esta fue variada a arresto domiciliario en abril del 2020. En junio del 2021, el Poder Judicial rechazó ampliar su prisión domiciliaria y se le impuso comparecencia con restricciones. |
| Susana Villarán | Exalcaldesa de Lima | Investigada por presuntos sobornos de Odebrecht y OAS. En mayo del 2019, se le dictó prisión preventiva por 18 meses, pero esta se varió a arresto domiciliario en abril del 2020. En mayo del 2021, el PJ rechazó ampliarle la prisión domiciliaria y se le impuso comparecencia con restricciones. |
| Martín Belaunde Lossio | Empresario; exasesor de campaña de Ollanta Humala | Investigado por presunta corrupción en el caso Antalsis. Fue capturado y extraditado de Bolivia en el 2015. En el 2017, se le dictó prisión preventiva por 24 meses. Salió en libertad a fines del 2019, tras vencerse el plazo para la investigación. El PJ rechazó ampliar su prisión preventiva. Actualmente, tiene restricciones y no puede salir del país. |
| Julio Gutiérrez Pebe | Ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura | Investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. En octubre del 2018, se le dictó 18 meses de prisión preventiva en su contra. En abril del 2020, el PJ rechazó ampliarle orden y se le impuso comparecencia con restricciones. |
Casos que toman años
Las órdenes de prisión preventiva tienen un tope de 36 meses. En algunos casos, el Ministerio Público no culmina la etapa de investigación para acusar al imputado antes de que se extinga el plazo de la restricción y, por ello, suele pedir ampliaciones. Sin embargo, no siempre se consigue extender la orden de prisión preventiva.
Por ejemplo, el investigado Martín Belaunde Lossio, empresario y ex asesor de la campaña humalista, fue liberado en el 2019 por exceso de carcelería. La fiscalía pidió una extensión adicional de 12 meses, pero el Poder Judicial rechazó la solicitud. Actualmente, Belaunde Lossio está impedido de salir del país, pero sigue su proceso en libertad.
“La demora de las investigaciones fiscales responde a varios motivos. Uno de mucho peso es la complejidad de los casos, en donde la información es dispersa o está fuera del país y se tiene que requerir cooperación, por ejemplo. Sin embargo, también puede deberse a un déficit de recursos para agilizar el trabajo fiscal, que ya de por sí opera a sobrecarga. Sin duda, una investigación es exitosa cuando concluye, se abre el juicio y hay sentencia. Pero, en la realidad, esto toma tiempo”, sostiene la penalista Liliana Calderón Jacinto.
Para el también penalista Andy Carrión Zenteno, además se debe tomar en cuenta la pertinencia de las prisiones preventivas y la necesidad de un balance serio. “Hay casos en los que, objetivamente, existe el peligro de fuga. Está el del ex juez supremo, César Hinostroza, por ejemplo [quien permanece en Madrid desde 2018, tras salir irregularmente del país por Ecuador]. Pero también es importante señalar que la prisión preventiva es un recurso excepcional y, por tanto, no todas las circunstancias lo ameritan”, menciona.
Conservar la popularidad
Los casos de Keiko Fujimori y Ollanta Humala pueden evidenciar que en el país la relación de una persona con casos de presunta corrupción no necesariamente la sepulta política y electoralmente con la población. Este hecho se da por diversos factores, como la tolerancia relativa que se tiene a la corrupción, no sólo en el país, sino a nivel regional. “Se cree que si todo el mundo es corrupto, se debería elegir al que roba menos”, declara la politóloga Denisse Rodríguez.
Además de la tendencia a elegir al mal menor, en esta tolerancia las personas también eligen al corrupto que en su momento sí hizo algo (”roba pero hace obras”), o a aquel que supo ocultar los actos ilícitos que cometió. “Hay personas que de alguna manera celebran la capacidad del político o funcionario de ‘saber hacerla’”, menciona la experta.
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