La propuesta para regular el arbitraje genera polémica
La propuesta para regular el arbitraje genera polémica
Gerardo Caballero
Gerardo Caballero

Al amparo de las facultades legislativas que obtuvo en junio, el prepara un decreto legislativo para regular el arbitraje, mecanismo de solución de controversias alternativo al Poder Judicial.

La principal propuesta para evitar que se repitan casos de estafa y apropiación como los que perpetró Rodolfo Orellana, que se valió del sistema arbitral para realizar fraudes, es que el delito de prevaricato, (que según el Código Penal ocurre cuando un juez y o un fiscal dicta una resolución contraria a la ley), alcance también a los árbitros. Así lo indicó a este Diario el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, Ernesto Lechuga Pino.

“Estamos proponiendo que el árbitro sea sujeto activo del delito de prevaricato, de manera que si resuelve en un sentido manifiestamente contrario a la ley, se ampara en leyes derogadas o en pruebas o hechos falsos recibirá una condena de entre 3 y 5 años de cárcel”, dijo.

El proyecto de decreto legislativo además establece que el registro de centros arbitrales del Ministerio de Justicia incorpore a quienes ejercen el arbitraje ad hoc: los árbitros privados.

Asimismo, señaló el viceministro, el Poder Ejecutivo evalúa inhabilitar para el arbitraje a quien haya sido condenado por delito doloso, y ajustar las causales de recusación a los reglamentos de los centros arbitrales. “Estamos preparando un conjunto de medidas legales para darle mayor seguridad jurídica al sistema arbitral, y colocar candados legales para evitar que algunas personas se aprovechen de él”.

“Un error de concepción”
Esta voluntad del Poder Ejecutivo, sin embargo, ha sido criticada por especialistas en arbitraje. Alfredo Bullard no tiene reparos en calificar de “mamarracho” esta propuesta, pues –recuerda– el árbitro no es un funcionario público, sino un privado elegido por dos partes para que resuelva sus controversias (principalmente contractuales).

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