Para el fiscal superior Rafael Vela, jefe de las fiscalías de lavado de activos, que se inicie una investigación al presidente Pedro Castillo no solo es necesario para el esclarecimiento de la verdad y para que el mandatario ejerza su derecho de defensa, sino también para que el caso eventualmente no peligre. Estas son sus razones.
— La fiscalía que dirige considera que el presidente puede y debe ser investigado. ¿En qué se basan?
Efectivamente. Los fiscales tanto de primera como de segunda instancia interpretamos que hay una serie de elementos, algunos documentales y otros testimoniales, que se han aportado durante el proceso de corroboración de la colaboración eficaz de la señora Karelim López que se refieren a información muy relevante de la comisión de diferentes delitos.
— Delitos que supuestamente cometieron personas que tienen un fuero especial, como el presidente...
Así es. Se trata de elementos de prueba que tienen que ver con aforados, es decir, con personas que no pueden ser investigadas por un fiscal provincial o superior. Entonces, se tiene que informar a quien es competente. En este caso, al fiscal de la Nación para que tome la decisión de investigar en su momento y profundizar en todo ello. [...] Si nosotros hemos decidido informar al despacho del señor fiscal de la Nación es porque encontramos una serie de elementos sólidos que justifican la apertura de una investigación. De hecho, eso mismo ha justificado la investigación en contra otras personas.
— ¿Si no se abre una investigación a Castillo, hay riesgo de que el caso peligre?
Sí. En la medida de que siempre los elementos constitutivos de una investigación por criminalidad organizada son unitarios. Si se investiga una organización criminal,se tiene que investigar a toda su estructura y todos los actos que puedan desplegar.
— De no suceder esto, ¿se estaría realizando una investigación insuficiente?
Es evidente que no se puede investigar solamente a un grupo y el otro no tenga ni el derecho a defenderse ni ser objeto de determinados actos de investigación. El presidente es también un ciudadano que no puede ser tratado de una manera distinta. Desde esa perspectiva, interpretamos que debe haber una investigación a todos, sin excepción y por igual.
— Y el mandatario ha sido señalado como el cabecilla de esta presunta organización delictiva.
Así se están estructurando las investigaciones tanto en el sistema de lavado de activos como el de corrupción de funcionarios. Si la hipótesis de investigación incluye al presidente, pues también es evidente que tiene derecho a defenderse y, para que lo haga, tiene que tener el estatus jurídicodeinvestigado. Lo que sucede es que, en realidad, la exceptiva del sistema de administración de justicia es que no existan privilegiados y que no exista la impunidad. Así que a interpretación nuestra, existe un doble interés para que el presidente sea investigado. Primero, para esclarecer la verdad y en segundo lugar para que el presidente pueda defenderse con amplitud.
—Pero también hay quienes sostienen que un presidente en ejercicio no puede ser investigado.
Desde mi punto de vista, es un tema discutible. Seguramente habrán profesionales que digan sí es posible. Y habrá otros que no. Jurídicamente es un tema debatible.
— ¿Considera que es necesario que se haga una modificación legal para no volver a caer en esta discusión? Es decir, para que se acabe esta disyuntiva de que un presidente puede o no ser investigado mientras está en su mandato.
Yo lo que creo es que siempre las interpretaciones constitucionales deben tener los fines que mejor hagan a la democracia. Y desde ese punto de vista, la proscripción de la impunidad y de la averiguación de la verdad es lo que siempre debe prevalecer. Nosotros pensamos que el presidente sí puede ser investigado. Imagínese cómo se puede construir incluso una acusación constitucional si no se tienen elementos para que el presidente pueda defenderse y ser investigado.
— Para ustedes, entonces, no es necesaria una precisión en la constitución.
Lo que sucede es que los esclarecimientos de ese tipo tienen que ver con la coyuntura y las leyes tienden a ser generales e interpretadas porque la constitución no puede ponerse en cualquier supuesto que pueda producirse eventualmente. Para eso está la interpretación al caso particular. Para nosotros está claro cuál es el espíritu de la norma y el espíritu de la norma, desde nuestro punto de vista, debe favorecer la proscripción de la impunidad. Es decir, que no exista ninguna persona que pueda ser impune. Más aún en graves casos de corrupción. Y, además, que el presidente pueda ejercer su defensa con toda amplitud. De lo contrario, se puede dar la paradoja que el presidente es permanentemente nombrado dentro de los diferentes actos de investigación pero nunca incluido formalmente. Por tanto, él pueda terminar cuestionando toda la investigación porque no ejerció su derecho a defenderse.
—Hace unos días, la Fiscalía de la Nación abrió investigación al exministro Juan Silva y a un grupo de congresistas de Acción Popular, ¿esto se debió a los informes que han enviado?
Hemos informado alseñor fiscal de la Nación [Pablo Sánchez] y tenemos entendido que en parte eso ha justificado sudecisión. Pero no puedo hacer mayor comentario, porque es una decisión autónoma de un órgano jerárquicamente superior a nosotros. Ellos tienen en su disposición toda la motivación que ha justificado la acción correspondiente.
—¿Dentro de la hipótesis que tienen, cuál ha sido el rol del exministro Juan Silva?
No puedo hacer un comentario específico. Porque eso es parte de la fiscal Luz Taquire. El señor Silva no está investigado en el caso de lavado de activos pero sí forma parte de los dichos de la colaboradora eficaz Karelim López. Lo que nosotros hacemos es que todo los actos que se relacionan con el señor Silva, dentro del proceso de colaboración eficaz, lo vamos incorporando a través de informes legales a conocimiento del señor fiscal de la Nación. Lo mismo en el caso de los congresistas.
— ¿Perciben que desde Palacio no hay disposición a colaborar con ustedes?
Si el presidente aún no es investigado, no se podría objetivamente generar algún comentario sobre su conducta procesal. Lo que sí es cierto es que dentro de una posición de poder que ejerce, sin duda hay una serie de circunstancias que tienen un grado de influencia. Para comenzar, con todos los actos de transparencia con los órganos que dependen del Ejecutivo, como la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. Entonces, nuevamente: por una cuestión objetiva y de transparencia, es que el presidente sea investigado y pueda ejercer su derecho a la defensa como cualquier ciudadano.
—¿Ese nivel de injerencia les genera preocupación? Por ejemplo, la policía tiene la responsabilidad de dar con el paradero de, por ejemplo, Bruno Pacheco, quien lleva más de un mes prófugo.
No como injerencia, sino como vinculación objetiva. La experiencia nos dice que claramente las organizaciones criminales, cuando tienen este nivel de poder, pueden instrumentalizarlo. De modo que tratamos detener una permanente atención que no se vayan a dar estos supuestos. De hecho, sí nos preocupan algunos signos.
— ¿Como cuáles?
Hemos sido informados de que existen problemas relacionados con la custodia de Karelim López. Se le pretende aparentemente retirar la protección policial. También es necesario que reciban protección algunos testigos que vienen siendo amenazados.
— ¿Y es este riesgo una de las razones por las que se debe investigar a Castillo?
Por supuesto, porque de esa manera también es posible que se tomen una serie de decisiones cautelares con relación a no permitir el abuso de poder. Porque esto ya no tendría que ver con una conducta procesal maliciosa, sino con la materialización de los fines de una red criminal que controla el poder del Estado.
— ¿La presencia del viceministro de Orden Interno Martín González, conocido como ‘Conejo’ les genera también algún tipo de preocupación considerando sus antecedentes?
No puedo personalizar en ese aspecto las cuestiones que eventualmente nos pueden preocupar. A nosotros lo que nos preocupa es que pueda instrumentalizarse el poder. Que se abuse del poder. Eso es lo que nos preocupa. Y eso pueden tener múltiples posibilidades. Desde las designaciones como también la omisión de funciones o cuando no se cumplen con los deberes funcionales. Ahora ese abuso de poder no solamente pasa por lo que podría ser la intromisión sino también para que se use ese poder en criminalizar a las personas que investigan.
— ¿Ya les respondieron si Castillo declarará el 16 de estemes como testigo?
Aún no, pero esperamos que el presidente, como primer mandatario, brinde y preste todas las facilidades para que el interrogatorio pueda llevarse a cabo.
— Por lo mismo que la declaración será como testigo, podría tratarse de una diligencia bien limitada.
Es muy compleja es la tarea porque mucha de las cosas que se le tendría que preguntar al presidente tiene que ver con la posibilidad de que puede ser parte de la organización criminal. Como comprenderá, el presidente tiene el derecho de dejar de responder ese tipo de preguntas. Y ahí volvemos a la paradoja inicial que le comenté.
— Usted considera que es necesario, por la envergadura de la investigación, ¿que se cree un equipo especial de fiscales a exclusividad para este caso?
Esa es una decisión del señor fiscal de la Nación. Sin embargo, vemos que en caso de esta envergadura se justifica tener una permanente coordinación entre los fiscales y se justifica que tengan hipótesis de investigación que no sean contradictorias. Además de una estrategia común. Creo que nos aproximamos a una reflexión en ese sentido. Ahora vamos a tener investigaciones en la fiscalía suprema. Creo que sí se justificaría una evaluación de la fiscalía de la nación de este caso, en la medida como viene creciendo, pudiera justificar que exista un equipo especial de fiscales.
— Para casos de este nivel, no solo en Perú sino en otros países es lo más recomendable la conformación de estos equipos.
Así es. Eso ha funcionado con eficiencia tanto en Brasil, es frecuente en el derecho anglosajón, sucede en Colombia también. En Perú hay ejemplos plausibles cómo el avance de las investigaciones termina teniendo una velocidad importante cuando existen equipos de coordinación comunes. Los equipos especiales permiten versatilidad, flexibilidad y lo principal es el trabajo en equipo que permite la distribución de roles y tareas y de objetivos comunes.