Más denuncias aparecen contra el cuestionado empresario Rodolfo Orellana Rengifo y su presunta red de tráfico de terrenos. Esta vez, los damnificados serían la cooperativa de ex trabajadores civiles de la Marina de Guerra del Perú (Coopemar) y los ex trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos.
Según denunció el programa “Cuarto poder”, el espacio recreacional que tienen los miembros Coopemar en el distrito de Ventanilla, de 32 mil metros cuadrados y que alberga a 1.500 familias, habría pasado a manos a la red de Orellana. Ellos se enteraron recién de esta estafa cuando el predio fue cerrado por las autoridades.
Clara García, presidenta de la junta de Coopemar, contó que esto sucedió porque su cooperativa estaba en proceso de liquidación luego de que le crearan una deuda de US$800 mil con una empresa constructora llamada Ungaro. Cuando fue al Poder Judicial a preguntar qué pasaba, grande fue su sorpresa al enterarse de que el Cuarto Juzgado Civil del Callao le había dado facultades concursales a la liquidadoras Delta y Consorcio Gerencial S.A.C. para que se lleve a cabo este irregular proceso. Luis Ángel Solimano, abogado de Coopemar, señaló que todo esto sucedió a espaldas de ellos.
Este predio, tiempo después, fue rematado en US$300 mil a unos ciudadanos chinos, cuando el valor real en el mercado de este terreno bordearía el millón 400 mil dólares. A través de recursos judiciales, Coopemar logró retirar a la firma Consorcio General S.A.C. del proceso. Empero, en su reemplazo ha entrado la liquidadora Nadal. García contó que a la fecha no saben si su cooperativa aún mantiene esa deuda ficticia, pues Consorcio General S.A.C. se fue sin haber emitido informe alguno.
MÁS DEUDAS CREADAS
Un caso similar pasa en el espacio recreativo que tienen los ex trabajadores de la Compañía Peruana de Teléfonos en Santa Clara, conocido como Cervatel. Este terreno, según denunciaron sus asociados, fue vendido a terceros vinculados al empresario Orellana dentro de un proceso de liquidación fraudulento.
Raquel Delgado, dirigente de la cooperativa, contó que les crearon una deuda de un millón de dólares por haber comprado, supuestamente, un terreno en el distrito de Asia en el 2003. Años después, entraron a un proceso de liquidación en el que también participaron las liquidadoras Delta y Consorcio Gerencial S.A.C. Al igual que con Coopemar, cuando se enteraron del caso ya todo estaba hecho. “Nuestra propiedad ha terminado en manos del señor Orellana”, afirmó Delgado.
El predio fue comprado por Pedro Landa Niada, presunto testaferro de Orellana, quien habría vendido después este bien a unos desconocidos. Landa intenta apropiarse desde abril de este año un terreno de 29 mil metros cuadrados que le pertenece a la Municipalidad de San Borja. Esto también a través de un fraudulento arbitraje.
INFORME DE LA UIF
En una investigación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS en el 2012 sobre la presunta red delictiva de Rodolfo Orellana, se menciona a la empresa Delta Liquidadores y Consultores S.A.C., la cual estaría involucrada en el despojo de los socios de la cooperativa Coopemar.
Según el informe, Hernán Villacrez Torres, socio de Orellana, cobraba sumas de dinero de esta liquidadora. Además, la UIF indica que Villacrez estaría involucrado en el presunto delito de tráfico ilícito de drogas por haber realizado diferentes depósitos en las cuentas de Roger Poémape, quien es investigado por el mencionado delito, asimismo recibió dinero Ray Larco Linares, vinculado financieramente a empresas madereras acusadas de lavado de activos.
Según la UIF, tanto Orellana como Villacrez y otros, habrían utilizado el sistema financiero para ingresar fondos ilícitos por más de US$2 millones los cuales fueron retirados en efectivo.
El programa “Cuarto poder” se comunicó con el empresario Orellana y le consultó acerca de su responsabilidad en las denuncias de estas dos cooperativas. Orellana afirmó que no conoce a las empresas liquidadoras Delta y Consorcio Gerencial S.A.C. Sin embargo, señaló que sí conoce al representante de la liquidadora Nadal, vinculada al caso de Coopemar, Nadal Arturo Rueda Manrique.
Orellana precisó que su relación con Rueda Manrique es únicamente amical. Agregó que si los ex trabajadores de la Marina de Guerra del Perú y de la Compañía Peruana de Teléfonos no lo denunciaron es porque no tienen pruebas contra él.
Sobre el caso de la Fundación por los Niños del Perú, el empresario indicó que no ha ocupado irregularmente ningún predio, que si estaba en dicho terreno es porque se lo había alquilado a una empresa de nombre Brida. “Yo no he cometido ningún delito”, dijo Orellana.