La red de Rodolfo Orellana: coladera en el sistema registral

Rodolfo Orellana siempre se jactó de conocer muy bien la ley. Virtud que, como ya conocemos, habría convertido en vicio para así identificar vacíos y deficiencias legales que le habrían permitido penetrar en diversas organizaciones públicas a efectos de cometer actos delictivos.

No obstante, sorprende en particular la facilidad con la que se vulneró una institución que justamente es la encargada de velar por la seguridad y la transparencia del tráfico jurídico en el país: la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

Inocencia interrumpida
La Sunarp es una entidad del Estado adscrita al Ministerio de Justicia que se encarga de inscribir actos y transferencias sobre ciertos bienes muebles y bienes inmuebles cuando así lo solicitan los propios interesados.

La finalidad del registro es garantizar públicamente que quien vende un inmueble, por ejemplo, sea el verdadero propietario de este y así evitar posibles fraudes. En principio cuenta con recursos para  verificar que los actos que se pretenden inscribir sean lícitos.
Así, existen normas que establecen los requisitos y plazos que permiten el registro o transferencia de bienes y aseguran la participación de un notario en las transacciones, lo que constituye un primer filtro ante cualquier intento de  acto fraudulento.

Además, la Sunarp opera bajo sistemas electrónicos que permiten conocer a la ciudadanía quién es el propietario de un inmueble para facilitar que se realicen negocios de manera segura. Todo ello bajo el seguimiento de un funcionario (registrador) que determina, finalmente, si procede la inscripción de cualquier transacción.

No obstante, la presunta red criminal que habría encabezado Rodolfo Orellana transgredió sistemáticamente dichos mecanismos de defensa para apropiarse de inmuebles en perjuicio de sus legítimos propietarios. Esta situación dejó en evidencia que estos recursos presentan serias carencias y son insuficientes.

El arte del engaño
Hace pocos días, un comunicado del sindicato de trabajadores de la Sunarp negaba la responsabilidad de sus miembros y afirmaba que Rodolfo Orellana utilizaba principalmente dos modalidades para estafar a la entidad: presentación de documentación falsa y de laudos arbitrales.

Sobre el primer caso, la ex registradora Yolanda Zaplana explica que existe un grave problema para identificar documentos fraguados. Si bien los  registradores analizan la legalidad de las solicitudes (títulos) que ingresan al registro para su inscripción, no existe un área de peritaje que permita garantizar la autenticidad de los documentos.

Lee el informe completo en la edición impresa de El Comercio.

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#InteractivoEC Rodolfo Orellana: este es el desarticulado brazo legal de su red ►http://t.co/SIDSMT6yxN (Por @rcruza) pic.twitter.com/JjlfVVRjsk— Política El Comercio (@Politica_ECpe) Mayo 6, 2015