Nueve detenidos por obstrucción a la justicia en el Caso Richard Swing

Nueve investigados por las presuntas contrataciones irregulares del cantante Richard Cisneros –entre ellos personajes del entorno más cercano del presidente Martín Vizcarra– fueron detenidos ayer en una operación realizada por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), en diversos distritos de la capital.

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La medida –que fue dictada por el Poder Judicial para diez personas– se ejecutó a pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez-Porturas, quien investiga la contratación del cantante Richard ‘Swing’ Cisneros en el Ministerio de Cultura.

A cinco meses del inicio de la investigación, la representante del Ministerio Público consideró que los implicados habrían desplegado diversos actos, como la coordinación con testigos, la manipulación de los hechos, la desaparición de pruebas, entre otras actuaciones que conllevarían a la obstrucción a la investigación y que generaría un peligro de fuga.

Por ello, solicitó la medida restrictiva para la ex secretaria general de la Presidencia Mirian Morales, el exasesor presidencial Óscar Vásquez, la exasistente Karem Roca y el cantante Cisneros. Esta fue aprobada por la jueza Sonia Bazalar, del Primer Juzgado Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima.

La orden también afectó a exfuncionarios del Mincul: las exsecretarias generales Diana Tamashiro y Patricia Dávila; los exdirectores de la oficina de administración Lincoln Matos y Aura Quiñones; Mauricio Salas, programador del Gran Teatro Municipal; y Liliana Chaname, exdirectora general de Recursos Humanos. Esta última está no habida.

El caso investiga dos aspectos. Primero, los contratos de Cisneros, entre julio del 2018 y abril del 2020, por S/175.400. Y segundo, los acuerdos que se habrían realizado –según diversos audios difundidos– en Palacio de Gobierno y el Mincul para ocultar la vinculación del cantante con las altas esferas del Gobierno. Estos hechos produjeron un intento de vacancia contra Vizcarra que no fue aprobado en el Congreso.

Los elementos

Para sustentar la detención preliminar, la fiscal Sánchez-Porturas presentó cerca de treinta elementos de convicción contra los investigados, según la resolución a la que accedió El Comercio.

Entre estos se encuentran informes de la Policía Anticorrupción, el expediente de contratación de Cisneros, los comprobantes de pago de los servicios a nombre del cantante e informes del Mincul. Se incluyeron las declaraciones del aspirante a colaborador eficaz CE-01-2020-141, de los testigos llamados por la fiscalía, del testigo reservado con clave TR-01-2020-141, extractos de las transcripciones de los audios e informes periciales de Análisis Digital Forense electrónicos.

Los presuntos delitos que se investigan son falsedad genérica, encubrimiento real, obstrucción a la justicia, negociación incompatible y colusión agravada.

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La fiscal consideró que existiría riesgo de fuga, pues la pena por los delitos investigados van entre cuatro y 15 años de cárcel. Además, consideró que varios implicados no cuentan con arraigo domiciliario y, en algunos casos, tampoco laboral.

Sánchez-Porturas sostuvo que la disposición busca encontrar más información sobre el caso. “La ejecución de la presente medida coadyuvaría con los fines de la persecución penal en el marco del Estado de derecho”, se lee en el documento.

La mayoría de los detenidos fueron hallados en sus domicilios. Tal es el caso de Morales (Surco), que –según la fiscalía– habría inducido a que una testigo declarase falsamente en la investigación. Además, habría coordinado con el presidente Vizcarra y la exministra Patricia Balbuena la contratación de Cisneros. Y habría dispuesto la desaparición de material probatorio del celular de la extitular del Mincul.

A Roca –ubicada en Miraflores– se le imputa haber eliminado los registros de ingreso del cantante a Palacio, y habría mentido en su declaración fiscal.

Sobre Vásquez –quien inicialmente no fue hallado en su domicilio de Barranco pero que luego fue capturado–, la fiscalía indicó que habría coordinado con los testigos para negar los ingresos de Cisneros a Palacio y se habría contactado con este para “coordinar” actos de obstrucción a la justicia.

En cuanto al cantante, la fiscal reiteró que este se habría valido de “contactos previos” con funcionarios del Gobierno para ser favorecido con las diversas contrataciones del Mincul.

Respecto a los exfuncionarios de esa cartera, la fiscalía cuestiona las coordinaciones administrativas, así como –en algunos casos– las reuniones que estos mantuvieron con Cisneros, para concretar las órdenes de servicio a su favor.

Luego de que los detenidos pasaran por el control de identidad ante la jueza, la fiscal adjunta Yenny Huacchillo informó que estos permanecerán en la Prefectura de Lima. Además, aclaró que la detención “no solo se basa en los audios, como han señalado algunos abogados; la investigación se basa en una investigación exhaustiva con bastantes elementos de prueba”.

Apelarán

Carlos Rodas, abogado de Morales, cuestionó la medida, pues dijo que su patrocinada tiene arraigo y ha colaborado. Incluso, reveló, la encontraron con su hija. “Yo le pido al Ministerio Público que detrás de todo esto están los intereses de su menor hija. Esto quizá pase para todos nosotros, pero no para la señora Mirian Morales y para su hija”, dijo en declaraciones a la prensa.

Michael Remigio, abogado de Roca, sostuvo que evaluarían una posible apelación. Indicó que a su patrocinada le incautaron su celular y memorias USB.

Juan Badilla, defensor de Cisneros, afirmó que este tiene “domicilio conocido” y calificó de una “incoherencia” la decisión judicial. El abogado de Vásquez, Francisco Núñez, indicó que aún debía hablar con su patrocinado sobre las acciones por tomar.

César Nakazaki, defensa de Tamashiro, dijo que la medida era un acto de “presión” y que su patrocinada ha colaborado con la investigación. Hamilton Carbonel, defensa de Salas, solicitó durante la audiencia de control de identidad que se le notifique los anexos de los elementos de convicción para poder apelar.

Carlos Arana, abogado de Dávila, advirtió que durante su detención se incautó el teléfono de su esposo, lo cual calificó de “arbitrario”.

El abogado de Quiñones, Luis Tambini, pidió que a su patrocinada se le brinde facilidades para que pueda tener asistencia médica, ya que es parte de la población vulnerable al COVID-19. Finalmente, el abogado Felipe Elías confirmó que su patrocinada no había sido capturada; mientras que el abogado de Matos Parodi no pudo ser localizado

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