Rocío Barrios: las imputaciones de la fiscalía contra la ministra de la Producción

El Ministerio Público formuló acusación contra la actual ministra de la Producción, Rocío Barrios, por el presunto delito de peculado doloso, por apropiación, en agravio del Estado. El caso se remonta a su función como directora de la Oficina General de Administración de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), cargo que ocupó entre noviembre del 2014 y marzo del 2015.

En el documento que data del 31 de enero pasado, al que accedió El Comercio, la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicita 9 años y 3 meses de cárcel contra la integrante del Ejecutivo, a la que considera como autora del referido delito.

También requiere la misma pena para otras cinco personas en calidad de cómplices. Además, se solicita para todos la imposición de 487 días multa y la inhabilitación por el mismo plazo que dure la eventual condena.

Fuentes de este Diario involucradas en la investigación precisaron que esta data del 2016 a raíz de una denuncia de la procuraduría anticorrupción. Con la presentación de la acusación terminó la etapa de investigación preparatoria y se espera ahora que el Poder Judicial realice el control de acusación para determinar si se pasa a juicio oral.

Las imputaciones

A Barrios y los demás investigados se les acusa de apropiarse de dinero del Estado, “habiendo simulado haber contratado, entre los meses julio a diciembre del 2014, presuntos servicios a las empresas Casa Importadora Andrea S.A.C. y Grupo Torres & Torres Luna S.A.C. para la prestación de los servicios de mantenimiento correctivo para cuarenta (40) vehículos, pertenecientes a la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM, por un costo total ascendente a la sima de S/177.279…”.

Ello, según la fiscalía, sin que existan las respectivas órdenes de servicio ni las constancias de conformidad. Incluso, “ni evidencias de haberse realizado el servicio”.

A Casa Importadora Andrea S.A.C. se le pagó S/110.123,83; mientras que al Grupo Torres & Torres Luna S.A.C., S/67.155,67.

En cuanto a la ministra, la imputación específica a su labor se refiere al hecho de haber autorizado a través de la Resolución Directorial N°303-2014-PCM/OGA, del 30 de diciembre del 2014, el reconocimiento del pago a las citadas empresas, “a pesar que no existía orden de servicio ni conformidades de la prestación de servicio”.

Así, se le atribuye no haber cumplido con funciones asignadas a su cargo. Por ejemplo, supervisar el cumplimiento de las normas y procedimientos de los asuntos administrativos en las áreas de recursos humanos, contabilidad, tesorería, sistemas, logística, servicios generales, normas técnicas de control, entre otras.

El caso de Rocío Barrios se suma al de otro integrante del Ejecutivo comprendido en una investigación fiscal. Carlos Lozada Contreras, ministro de Transportes y Comunicaciones, es investigado por el presunto delito de colusión en agravio del Estado.

La pesquisa, reveló “Cuarto Poder” el último domingo, gira en torno a presuntas irregularidades detectadas en el contrato que, el 15 de mayo del 2018, suscribieron Provías Nacional —cuando el hoy ministro era director ejecutivo de esta entidad— y la empresa española Constructora San José. Esto por el mejoramiento de la carretera Checca-Mazocruz, en Puno, proyecto que actualmente se encuentra paralizado y con contrato resuelto.

Está “muy tranquila”

Según pudo conocer este Diario, Rocío Barrios se enteró de la información sobre la acusación en su contra la tarde de este lunes mientras realizaba un recorrido en Iquitos supervisando acciones para prevenir el dengue. Esto porque ella es la ministra encargada de la región Loreto.

Fuentes de entorno de la ministra señalaron que esta comentó que estaba “muy tranquila”, porque considera que la acusación en su contra “no tiene fundamentos válidos”. Se supo también que Barrios adelantó su retorno a Lima a fin de reunirse con sus abogados.

Cargo a disposición

Y, precisamente, Barrios aseguró por la anoche que la acusación fiscal “carece de asidero legal”, ya que actuó “en estricto cumplimiento del marco legal vigente” en el pago a las proveedoras de la PCM. A través de un comunicado, negó que se haya apropiado de dinero o causado perjuicio al Estado.

Posteriormente, la ministra manifestó en Canal N que llamó al jefe del Gabinete, Vicente Zeballos, para poner su cargo a disposición.

“Él me dijo que le alcance los descargos [...] Acto seguido le escribí al presidente [Martín Vizcarra] y le recalqué que mi cargo está a disposición”, apuntó.

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