Sada Goray: Todos los detalles del testimonio clave de exfuncionario de la SBN que denuncia amenazas

De la Vega, director de Gestión del Patrimonio Estatal de la SBN entre septiembre y diciembre del 2021, fue el primer testigo en presentarse en este grupo como parte de la investigación parlamentaria por el caso de Sada Goray y sus vínculos con en el Ministerio de Vivienda y otras instituciones públicas. La comisión presidida por el legislador Héctor Ventura también había citado para hoy a la empresaria, a Salatiel Marrufo y al periodista Mauricio Fernandini, pero ninguno de ellos se presentó.

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Acompañado por su abogado, el exprocurador Christian Salas, el exfuncionario detalló que la SBN es el “ente rector de la propiedad del estado” y que la dirección que tuvo a su cargo funcionaba como una segunda instancia administrativa en lo referido a propiedad estatal: “Este funcionario tenía la importante labor de definir si te pertenece o no la propiedad del estado”. Su nombramiento fue durante el gobierno de Pedro Casitllo y durante las gestiones en el Ministerio de Vivienda de Geiner Alvarado (ministro) y Salatiel Marrufo (jefe del gabinete de asesores).

En su declaración, De la Vega afirmó haber recibido “una presión directa de la superintendenta [de la SBN], que culminó con la presión directa del señor Salatiel Marrufo, que era el asesor, para que firme a favor de la empresa Marka Group y entregue la propiedad del Estado”. “Me decía que mi fallo, la resolución que emitiese, tenía que ser beneficiaria a la empresa Marka Group [...] Por negarme a firmar en contra de los intereses del Estado, fui cesado”, declaró.

La superintendenta de la SBN a la que hizo referencia es Cyntia Rudas Murga, nombrada también en septiembre del 2021 por Pedro Castillo y Geiner Alvarado. Actualmente, el equipo especial contra la corrupción en el poder la investiga por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y aprovechamiento indebido del cargo en relación al supuesto copamiento de la SBN en favor de Sada Goray. En tanto, la propiedad del estado es un terreno en Chilca. “Era un tema de sobreposición de terrenos. Lo que quería Marka Group era que se rectifiquen las área y linderos”, comentó De la Vega.

Documentos ligados a la investigación fiscal -a los que accedió este Diario- detallan que la controversia se remonta al 1 julio del 2021, poco antes del inicio del gobierno de Pedro Castillo. Ese dia, Sada Goray pidió a la SBN la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio del Estado por supuestamente encontrarse superpuestos con un predio suyo de 90 hectáreas, todo esto en Chilca, provincia de Cañete, región Lima. En agosto, la Subdirección de Administración del Patrimonio Estatal, como primera instancia, negó su pedido.

El 6 de septiembre, la empresaria pidió que esa resolución se anule y se emita otra en la que se haga la rectificación. El 20 de octubre, De la Vega dejó sin efecto la primera resolución y dispuso que la subdirección evalúe la información brindada por Sada Goray respecto a la rectificación. En su nueva resolución, del 9 de de diciembre, se determinó que al existir “circunstancias por dilucidar en vía judicial y no en sede administrativa, no corresponde hacer la rectificación de áreas del predio del Estado”.

Ante el Congreso, De la Vega defendió que esta última decisión era la que correspondía. “No se puede rectificar, se tiene que aplicar lo que dice la sentencia judicial. La única forma el la que podía acceder Marka Group era un nuevo proceso judicial, con sentencia. La entidad administrativa no puede irrogarse ese poder, que le pertenece al Poder Judicial. Ese era el meollo del asunto. Se superponía con propiedad de la SBN, que le pertenece a los peruanos. Yo no puedo disponer de la propiedad del Estado y menos entregarla a una empresa porque recibo presión. No puedo y no lo hice”, afirmó.

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El exfuncionario dio más detalles y evidencias sobre estas presiones en su declaración a la fiscalía sobre estos mismo hechos. Allí indicó que a inicios de octubre del 2021, Sada Goray, acompañada por su abogados, tuvo una reunión con la superintendenta, con él, con subdirectores y otros funcionarios, donde expuso su pedido y se quedó en que el expediente iba a ser revisado. “Después de la reunión, Cynthia Rudas Murga me dijo que revisara el expediente y que hay que apoyarla porque la señora Sada Goray había apoyado al expresidente de la República Pedro Castillo”, manifestó.

Días después, tras revisar el expediente, concluyó que el pedido era inviable porque ya había dos sentencias judiciales a favor de la SBN en cuanto a los límites de los terrenos. Al informarle de esto a la superintendenta, ella le replicó que “tenía que buscar la forma de favorecer a Sada Goray ya que esa señora había apoyado a Pedro Castillo, y que Salatiel Marrufo y el ministro de Vivienda, Geiner Alvarado, le estaban presionando para favorecer a Sada Goray. Después de esa conversación, por varias semanas constantemente Cynthia Rudas Murga me presionaba para buscar la forma de favorecer al expediente de Sada Goray”.

“El 14 de octubre del año 2021, Cynthia Rudas me envió una ayuda memoria por el aplicativo Telegram [...] luego de forma presencial cuando estábamos en la SBN me dijo que era la ayuda memoria para emitir la resolución favorablemente en el expediente de la administrada Sada Goray [...] Me pidió que mande de vacaciones al Dr. Carlos Reátegui Sánchez, que era subdirector de Patrimonio Estatal y en primera instancia había emitido una resolución en contra de Sada Goray y en su reemplazo nombre a una persona de la que me enviarían su CV”, agregó.

William de la Vega , exfuncionario de la SBN a la fiscalía

Así, De la Vega refirió en su declaración al Ministerio Público que fue Ítalo Arbulú, abogado de la empresaria, quien le envió el CV de una recomendada para ese puesto. Sin embargo, afirmó que él no realizó “ninguna acción para favorecer” a la hoy investigada. Esto se condice con chats citados por la fiscalía entre De la Vega y un número atribuido a Cyntia Rudas.

Ante el Congreso, De la Vega también afirmó que nunca se reunió presencialmente con Salatiel Marrufo, pero que sí tuvieron una conversación telefónica el 7 de diciembre del 2021, en la que volvió a recibir “presión directa sobre este caso”. “Le respondí a este señor que era imposible que yo firme esa resolución a favor de este empresa, porque no se ajustaba a ley. Tenían dos sentencias y ninguna autoridad administrativa se puede oponer a una sentencia judicial”.

Agregó que luego de dar esa respuesta, Salatiel Marrufo le dijo a la superintendenta -en un audio abierto- que “ese director general se va. Aquí te mando otro”. Tres semanas después, De la Vega fue removido de su puesto y reemplazado Ángel Pérez Santa Cruz, a quien le advirtió tener “cuidado con ese expediente, te lo van a hacer firmar”. “Me escuchó, no firmó y lo destituyeron a las tres semanas. Luego vino otra directora que duró 24 horas. Y luego otra, y luego otra. Se ultrajó la institución de la SBN, cambiando en dos meses y medio a cinco directores”.

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Esto se condice con lo declarado previamente por el testigo ante el Ministerio Público: “Las presiones de Cynthia Rudas Murga fueron hasta el 7 de diciembre de 2021, cuando me dijo que se venía la vacancia presidencial para Pedro Castillo y en ese momento me pasó su teléfono celular indicándome que se encontraba en llamada el señor Salatiel Marrufo Alcántara y que le informe sobre la solicitud de SadaGoray; entonces le expliqué al señor Salatiel Marrufo que la solicitud era inviable”

Luego de esto, agregó, la superintendenta le dijo que Salatiel Marrufo estaba “estaba pidiendo que me cesen en el cargo” y que días después, Rudas le dijo que la Oficina de Control Interno de la SBN estaba observando su currículum “porque no cumplía los requisitos para el cargo”. “El 28 de diciembre por mensaje de texto del aplicativo Whatsapp me pide que presente mi carta de renuncia, pero yo no la presenté. Al día siguiente, 29 de diciembre de 2021, Cyntia Rudas emite mi resolución de cese”, dijo a la fiscalía. Al respecto, en el expediente judicial del caso también cita chats.

Según documentos que revisó este Diario, Pérez Santa Cruz renunció a mediados de febrero del 2022 y fue reemplazado por Diana Palomino Pérez como encargada. El 9 de marzo se nombró en su lugar a Marina Subiría Franco, hoy investigada por organización criminal y cohecho. Fue ella quien finalmente falló a favor de Sada Goray el 6 de abril del 2022. “Ella firma. Desconoce el trabajo técnico que mandé a hacer para defender la propiedad estatal. Anula mis resoluciones y emite una nueva resolución favorecimiento a la empresa Marka Group”, dijo De la Vega ante la Comisión de Fiscalización.

En su participación en la Comisión de Fiscalización, el funcionario también afirmó que ha recibido amenazas tras sus declaraciones por este caso: “En este lapso he sido amenazado contra mi vida dos veces. Señalo en esta sala y que quede en autos: William Iván de la Vega solicita garantías para su persona”.

De la Vega, quien refirió que también se desempeña como docente universitario, testificó que esas amenazas fueron “presenciales” y hechas por una misma persona. La primera ocurrió cuando hacía unas compras en Huaycán: “Una persona se me acercó y me dijo ‘profesor, no hable mucho’. La siguiente fue la misma persona, se me acercó en Chorrillos, donde vive mi padre. Fue la misma persona, pero no pude detenerlo [...] Desconozco [su identidad], pero sí tengo su rostro definido”.

Añadió que esto también fue dado a conocer como parte del proceso penal por este caso y quedó consignado en actas del Ministerio Público. Por otro lado, reconoció el trabajo de otros trabajadores de la SBN que lo apoyaron durante su etapa en la institución. Con ello, su testimonio ante la Comisión de Fiscalización culminó.

En declaraciones posteriores, De la Vega indicó que ha pedido garantías también como parte del proceso penal que dirige la fiscalía. “Esto se ha ido deshilvanando y hay muchísimos involucrados”, replicó cuando se le preguntó sobre el posible origen de las amenazas. No obstante, añadió que “sería ligero decir que fueron de Sada Goray, o de su grupo. No lo podría decir”.

En tanto, su abogado precisó a El Comercio que las amenazas ocurrieron a fines del 2022 e inicios del 2023, luego de que De la Vega dio una primera declaración sobre este caso al dominical Cuarto Poder en noviembre del 2022 y tras las confesiones de Sada Goray y Salatiel Marrufo. “Los puso en conocimiento en las dos declaraciones que brindó ante el Ministerio Público. En el Equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder y en la Fiscalía anticorrupción”, indicó.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Héctor Ventura declaró, luego de recibir el testimonio del exfuncionario, que este fue “coaccionado” por la exsuperintendenta de la SBN. “Está siendo intimidado, amenazado por algunos personajes [...] Exhortamos a las instituciones que están cautelando la seguridad de los testigos, de los que van a declarar al Ministerio Público, que le brinden las garantías”, dijo.

Culminada la participación de De la Vega, la sesión de la Comisión de Fiscalización pasó a ser reservada para escuchar la declaración del procurador anticorrupción Javier Pacheco por alrededor de una hora. Culminada la sesión, este se excusó de declarar por la naturaleza reservada de la sesión, que fue dispuesta por el mismo grupo parlamentario.

Al respecto, Ventura comentó que el procurador mencionó que “hay funcionarios de Sunarp, de Sencico, que también habrían servido para cometer actos administrativos que tengan responsabilidad penal. Toda la tramitación de estos ha sido totalmente irregular, como se ha cruzado documentación falsa, firmas falsas, extorsión dentro de estos funcionarios, coacción. Varios funcionarios de la SBN han tenido que renunciar [...] Todo estaba direccionado a Marka Group”.

El legislador también se manifestó a favor de que Sada Goray sea investigada por el delito de organización criminal. Actualmente la fiscalía le imputa cohecho y tráfico de influencias. “El procurador Pacheco también ha manifestado que ellos van a presentar una ampliación de denuncia donde seguramente van a solicitar que se comprenda a Sada Goray”, manifestó.

Tal como adelantó a El Comercio, la procuraduría presentó este miércoles la ampliación de la denuncia con el objetivo de que Sada Goray también sea investigada por organización criminal. ”La solicitud se basa en los nuevos actos de investigación [...] que permiten sospechar razonablemente que Goray Chong sería parte integrante de la organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillos, cuya actuación preponderante se refleja en cada una de las acciones desplegadas para lograr el éxito de sus proyectos personales y empresariales ante la administración estatal”, indicaron en una nota de prensa.

Héctor Ventura también se refirió a Luis Mesones, exesposo de Sada Goray y exgerente de Marka Group quien hasta este martes fue miembros del Consejo Directivo del ITP, ente adscrito al Ministerio de la Producción. “Es lamentable que estos tentáculos de la gestión nefasta de Pedro Castillo sigan enquistados hoy en la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Exhortamos a la presidenta a que destierre a esos malos funcionarios”, manifestó.

Este miércoles, el Ministerio de la Producción emitió un comunicado en el que afirmó que esa designación se dio cuando era viceministro de Mype e Industria durante el gobierno de Pedro Castillo y no en el actual. “Desde el cese de sus funciones en el Ministerio de la Producción, no ha ocupado ningún otro cargo dentro del sector.

Además, afirmaron que el Consejo Directivo del ITP no ha sesionado desde el cambio de gobierno (7 de diciembre de 2022), por la “reestructuración interna que se ha venido realizando en la institución”. “Por lo tanto, no ha percibido dieta o sueldo alguno, ni tampoco tomado decisiones sectoriales”, afirmaron.

Finalmente, fuentes de El Comercio comentaron que está previsto que la Comisión de Fiscalización vuelva a citar, para el miércoles de la próxima semana, Mauricio Fernandini, Salatiel Marrufo y Sada Goray. Está última envió un oficio para indicar que no había “un tiempo adecuado para organizar su participación” en la sesión de este miércoles. Por ello, solicitó nueva fecha y hora para dar su declaración y que esta sea virtual.