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Susana Villarán irá a juicio por los presuntos aportes ilícitos que habrían recibido sus campañas del No la Revocatoria y de su reelección como alcaldesa de Lima, de parte de empresas constructoras. Dentro del control de la acusación fiscal en su contra, el Poder Judicial rechazó los pedidos hechos por la defensa de la exfuncionaria para que este caso sea archivado sin llegar a la fase de juzgamiento.
El Comercio revisó las decenas de audiencias de control de acusación por este caso desarrolladas este año por el Poder Judicial y verificó que, dentro de ellas, la defensa de Susana Villarán sustentó en marzo pasado sus pedidos para que el Poder Judicial archive los doce hechos por los que la fiscalía la acusa. A la fecha, sus recursos fueron rechazados y la exalcaldesa quedó expedita para ir a juicio oral.
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Los pedidos de Susana Villarán fueron a través de recursos conocidos de excepción de improcedencia. En tanto, también durante las audiencias de marzo pasado, la defensa de la exalcaldesa desistió de otros pedidos que habían presentado en el 2022 para archivar el caso, conocidos como sobreseimientos.
Los doce hechos por los que la fiscalía acusa a Susana Villarán se traducen en cinco delitos: asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, colusión, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Por todos ellos, el fiscal José Domingo Pérez, del equipo especial Lava Jato, pide 29 años de condena para la exalcaldesa.
El primer hecho de la acusación es por la presunta red criminal con la que habría operado la exalcalesa. Los hechos del 2 al 5 abordan los presuntos actos de concertación entre ella, sus funcionarios y las empresas Odebrecht y OAS. Los hechos del 6 al 10 se refieren a los supuestos actos de lavado de dinero. Los hechos 11 y 12 de refieron a presuntas falsificaciones de documentos y falsas declaraciones.
El juez Jorge Chávez Tamariz, a cargo de este control de acusación, rechazó uno por uno los recursos de la defensa de Susana Villarán. Lo mismo ocurrió con casi todos los pedidos realizados con el mismo propósito por el resto de personas naturales acusadas por este caso. Contanto a la exalcadesa, estos suman un total de 21 personas.
El magistrado desestimó las dos primeras excepciones de improcedencia de Susana Villarán en la audiencia del pasado 13 de junio, las cuales eran por los hechos 1 (asociación ilícita para delinquir) y los hechos 2 y 3 (colusión).
Luego, en una audiencia desarrollada el jueves de la semana pasada, hizo lo mismo con las excepciones referidas al hecho 5 (colusión), los hechos del 6 al 10 (lavado de activos), y los hechos 11 y 12 (falsedad genérica y falsa declaración). Previamente, en marzo, el juez también rechazó declarar prescritos estos últimos dos delitos.
Finalmente, en la audiencia de control desarrollada este jueves, hizo lo mismo con el hecho 4 (colusión). De esta forma, la exalcaldesa quedó expedita para ir a juicio oral por los todos los delitos y por todos los hechos que le atribuye la fiscalía.
Según la acusación del Ministerio Público, Susana Villarán lavó US$11.293 millones provenientes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS como producto de la trama de corrupción internacional del Caso Lava Jato.
Pero la fiscalía acusa a la exalcaldesa no solo por la recepción del dinero para sus campañas, sino que también alega que las entregas fueron fruto hubo de concertaciones ilícitas entre la exalcaldesa, sus funcionarios y las empresas, para que estas sean favorecidas en proyectos como Rutas de Lima (Odebrecht), Línea Amarilla (OAS) y Vía Expresa Sur (Graña y Montero)
Si bien Susana Villarán admitió en el 2019 haber recibido los aportes de campaña en una entrevista radial, dentro del proceso su defensa legal ha negado que haya cometido delitos. Por ello presentó las excepciones para archivar el caso, de lo que se desprende que también buscará demostrar su inocencia en su futuro juicio.
Luego de que se presentó la acusación fiscal, el entonces abogado de Susana Villarán, Raúl Pariona, dijo a El Comercio que “no existe ningún documento, ningún testigo que sindique a Susana Villarán como autora de los delitos que se le imputa”. “Los aportes de campaña en ningún momento significaron algún acto ilegal o delictivo. Los aportes de campaña en nuestro ordenamiento jurídico han sido y son siempre lícitos”.
Susana Villarán durante una de las audiencias por su caso (Justicia TV)
Un largo camino
El fiscal José Domingo Pérez presentó su acusación contra Susana Villarán el 25 de agosto del 2022, hace poco más de dos años. La exalcaldesa es procesada en libertad desde que el mismo juez Chávez Tamariz le impuso comparecencia con restricciones tras venceser su detención domiciliaria.
Desde entonces, el trámite del caso para que la acusación llegue a a juicio ha dependido principalmente del Poder Judicial, específicamente de Chávez Tamariz, magistrado de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada.
En mayo del 2023, el juez inició las audiencias de control de acusación, etapa en la que se define si una acusación fiscal cumple con todos los requisitos para ir a juicio oral.
Según revisó este Diario, recién el 14 de marzo de este año terminó esa primera etapa del control, conocida como ‘control formal’. En esta fase, la acusación fue devuelta en dos ocasiones a la fiscalía para que se hagan correcciones.
La acusación contra Susana Villarán está a cargo del fiscal José Domingo Pérez. Foto: Poder Judicial
Desde esa fecha, el caso esta en la etapa conocida como ‘control sustancial’, en la que se sustentan y se resuelven los recursos (excepciones de improcedencia y sobreseimientos) con los que los acusados buscan archivar el caso.
Según conoció este Diario, en esta etapa se presentaron en total 67 diversos pedidos y recursos, entre las excepciones, solicitudes de sobreseimientos y otros. Luego de escuchar a todas las defensas, el magistrado comenzó a emitir sus resoluciones desde aquel 13 de junio y siguió haciéndolo hasta la audiencia del último jueves.
Esa segunda etapa del control está por terminar. El juez Chávez Tamariz tiene previsto resolver en la audiencia del próximo 5 de septiembre un último recruso de Odebrecht, vinculado al pedido de reparación civil hecho por este caso. Luego, se iniciaría la última etapa: la admisión de las pruebas que serán usadas en el futuro juicio. Para ello, la fiscalía ha presentado alrededor de 400 testigos y 2000 documentos.
El largo camino de este control se ha visto marcado por la complejidad del caso, cuya acusación tiene más de 3 mil páginas y que tiene cerca de 30 acusados entre personas naturales y personas jurídicas. Además, en paralelo a atender este caso, el juez Chávez ha venido resolviendo pedidos de otros casos como el de la presunta organización criminal Los Gallegos, el Caso Valkiria, el Caso PPK-Westfield, Los Dinámicos del Centro y el caso de José Luna Gálvez-Podemos Perú.
El juez Jorge Chávez Tamariz continuará el próxmo jueves 5 de septiembre con el control de acusación. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)
En ocasiones, solo se pudo realizar una audiencia por semana para atender el control de acusación, o algunas de las sesiones tuvieron que ser cortas porque el magistrado debía atender audiencias más urgentes de otro de los casos que tiene a cargo.
Solo en el último mes, Chávez Tamariz siguió realizando las audiencias de control de acusación contra Pedro Pablo Kuczynski, atendió el pedido para ampliar el plazo de investigación del caso ‘Los Dinámicos del Centro’ y revisó los pedidos de Vladimir Cerrón y José Luna Gálvez para archivar sus procesos por organización criminal.
Fuentes de El Comercio vinculadas al proceso estimaron que esta última etapa, el control de pruebas, podría culminar todavía a fines de este año. Luego de ello, el juez Chávez Tamariz deberá emitir el auto de enjuiciamiento para ordenar formalmente que el caso vaya a juicio oral.
Para ello, el auto de enjuiciamiento será asignado a un juzgado colegiado, como el que lleva actualmente el juicio de Keiko Fujimori, para que este se encargue del juzgamiento de la exalcaldesa y sus acusados. Con todo ello, las fuentes calcularon que el juicio recién estaría empezando a mediados o en la segunda mitad del 2025. Todo dependerá de la velocidad que avance el Poder Judicial.
