Villarán pide que junta médica evalúe su situación en prisión por riesgo de contraer coronavirus

Raúl Pariona, abogado de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán, presentó este viernes un pedido para que se ordene la convocatoria, con carácter de urgencia, de una junta médica “para evaluar y determinar el estado de salud” de su patrocinada ante el riesgo de que se contagie de coronavirus (COVID-19) o de otra enfermedad respiratoria.

Susana Villarán viene cumpliendo prisión preventiva -ordenada por 24 meses- desde mayo del 2019 en el penal anexo de mujeres de Chorrillos. La fiscalía le atribuye la recepción de aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para la campaña del No a la revocatoria y su reelección en las elecciones regionales y municipales del 2014.

El Comercio conoció que la solicitud para que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) convoque a una junta médica fue planteada al juez penal de turno y tiene como finalidad que se analice el estado de salud de la exburgomaestre, además de que se informe si es que existen las condiciones suficientes para que continúe recluida en un centro penitenciario.

En su exposición de motivos, Pariona afirma que el pasado 12 de marzo Susana Villarán presentó una gripe que fue atendida en el tópico del penal dos días después. Apunta, sin embargo, que se le proporcionaron medicamentos recetados recién el 15 de marzo.

“Lamentablemente, al ingerirlos le han provocado un cuadro de intoxicación, lo cual le viene generando mayores afecciones a su salud”, detalla.

Pariona recuerda que su patrocinada tiene 70 años y padece de hipertensión y lupus eritematoso sistémico, lo cual la hace una “paciente de riesgo alto” ante la posibilidad de que se contagie de coronavirus.

“La señora Villarán califica como grupo de personas con alto riesgo de contagio y mortalidad, conforme a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud”, agrega.

La exalcaldesa es investigada por los presuntos delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo propio y lavado de activos. Según el Ministerio Público, recibió US$3 millones de la empresa Odebrecht y US$7 millones de OAS.

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