Poder Judicial rechazó pedido de la fiscalía para ampliar arresto domiciliario de Susana Villarán

El titular del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, Jorge Chávez Tamariz, desestimó al pedido del Ministerio Público para ampliar por un año más el arresto domiciliario en contra de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán.

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Como se recuerda, la exburgomaestre capitalina es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y cohecho pasivo propio en el marco del caso Odebrecht y OAS.

De este modo, Villarán de la Puente deberá cumplir diversas reglas de conducta, como no comunicarse con los demás coimputados comprendidos en el proceso penal, prohibición de comunicarse con los órganos de prueba (testigos, peritos) y no efectuar declaraciones a los medios de prensa.

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Del mismo modo, la exalcaldesa tendrá la obligación de no ausentarse de su domicilio sin autorización judicial, deberá presentarse puntualmente a las citaciones judiciales en las fechas que se fije y no podrá salir del país hacia el extranjero.

“La prisión preventiva para el presente caso, sustituida por una detención domiciliaria como medida, su acto se concentra en aspectos cautelares y no punitivos, de ahí la justificación del juzgado de no prolongar la privación de la libertad”, expresó.

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“Siendo que en el presente caso no resulta atendible prolongar la detención domiciliaria de la procesada, pero deben subsistir las medidas de posible afectación/perturbación al proceso”, añadió el juez.

Tras la decisión, la representante del Ministerio Público anunció que interpondrá un recurso de apelación, mientras que la defensa legal de Susana Villarán se mostró conforme con el fallo.

Cabe indicar que Villarán de la Puente es investigada por el Equipo Especial Lava Jato por haber recibido aportes de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para su campaña por el No a la revocatoria y a la reelección en 2013 y 2014, respectivamente.

Según la tesis fiscal, Susana Villarán habría recibido US$3 millones para la campaña del ‘No a la revocatoria’ por parte de Odebrecht. La empresa brasileña OAS también habría aportado otros US$ 3 millones.

Además, OAS le habría entregado a la exalcaldesa otros US$4 millones para su campaña de reelección en el 2014. El intermediario en todas estas operaciones, según el Ministerio Público, habría sido José Miguel Castro.

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