Durante años, las decenas de damnificados que dejó la red mafiosa del prófugo empresario Rodolfo Orellana se preguntaban por qué este abogado nacido en Tocache contaba con tal grado de impunidad en el Poder Judicial (PJ). Tal vez la respuesta estaría en un convenio firmado a mediados del 2009.
El diario "Perú21" dio cuenta ayer que la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Perú (Fenacrep) detectó que trabajadores del Poder Judicial resultaron beneficiados con préstamos de Coopex, la informal cooperativa de Orellana acusada de estafar al Estado por millones de soles. El Comercio tuvo acceso al convenio que firmó este abogado con el sindicato de trabajadores del Poder Judicial.
El 17 de julio del 2009, Orellana, otrora gerente general de Coopex junto a Pablo Iglesias Palza, miembro del consejo administrativo de la cooperativa, firmaron un convenio de descuento por planilla con José Latinez, representante del sindicato mixto de trabajadores de esta institución y vinculado al Partido Aprista.
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Es así que Coopex, pese a su insuficiente y cuestionado respaldo financiero, se comprometió a brindar créditos personales a los funcionarios públicos por un monto máximo de S/. 300 mil. El requisito para acceder a este beneficio era un aporte inicial de S/.10 y una mensualidad de S/.5.
En ese entonces, el presidente del PJ era Javier Villa Stein. Durante el mandato de dicho juez supremo también se firmó el polémico convenio de la Corte Superior de Justicia del Santa con el Gobierno Regional de Áncash, que estaba liderado por el hoy preso César Álvarez.
Otro vinculo con el PJ es Segundo Vitery Rodríguez, ex procurador de esa institución en la gestión de Villa Stein, quien, según fuentes, fue abogado de uno de los testaferros de esta red, Manuel Villacrez Arévalo, actualmente preso por falsificación de documentos.
¿Qué trabajadores del PJ estaban aptos para recibir dinero de Coopex? Según el convenio: magistrados, empleados juridisdiccionales y administrativos; así como trabajadores en general que tenían un contrato laboral a tiempo indeterminado o determinado mínimo de seis meses.
No se ha podido determinar cuántos burócratas judiciales fueron beneficiados con el dinero de la red de Orellana. Sin embargo, se sabe que el 96% de esos créditos entregados se encuentran en situación de morosidad, con más de 180 días de retraso, según pudo anotar Fenacrep.
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El Comercio también se enteró que los créditos por convenio a los trabajadores del PJ fueron transferidos a Inocente Saldaña Curi, abogado de 43 años dueño de un estudio en Chosica. En comunicación con este Diario, Saldaña se negó a dar detalles sobre el convenio, sin embargo, admitió que conocía Churchill Bruce Orellana, hijastro de Orellana y pieza clave de esta red.