Vladimir Cerrón: advierten “irregular” resguardo a fundador de Perú Libre, ¿quiénes son los responsables?

MIRA: Iber Maraví en la cuerda falsa: ¿Interpelación o censura en el Congreso tras nuevo atestado?

“[¿Hubo una orden?] No, en la Policía no, porque hay un protocolo. Hay que seguir un protocolo, se presenta al funcionario. El funcionario recibe una carta del director de seguridad del estado y entonces, eso no se ha dado”, afirmó.

El fin de semana, el programa Punto Final difundió imágenes del suboficial brigadier de la PNP, Carlos Zárate, prestando seguridad a Cerrón Rojas cuando este se encontraba en Lima.

Zárate Villalobos, informó la Policía, desde enero del 2019 se encuentra asignado a la seguridad del gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela Rojas, quien fue electo en el cargo por el partido Perú Libre (PL), en el que milita desde el 2015.

“No voy a dar ninguna declaración y vamos a respetar las investigaciones que se están dando para que pueda ser aclarado”, dijo Orihuela a El Comercio.

El ministro del Interior, Juan Carrasco, reiteró que todas las personas que hayan infringido las normas dentro de su institución, serán “perseguidas, investigadas y sancionadas penalmente”.

Hay irregularidad

El exdirector de la Policía, Eduardo Pérez Rocha y el exministro el Interior, Óscar Valdez, calificaron de “irregular” el resguardo policial de Vladimir Cerrón por parte de un efectivo de la Policía Nacional, pese a que no es un funcionario público.

No descartaron una responsabilidad de parte del titular del sector, Juan Carrasco, siempre que este hubiese tenido conocimiento de este hecho.

“Ya se ha conocido que este señor no ha dirigido ningún documento al ministerio y tampoco se ha derivado a seguridad del Estado para que se asigne a Cerrón esa seguridad, allí hay el primer problema de incumplimiento e irregularidad de disposiciones legales”, dijo Pérez Rocha.

Recordó que cuando fue director general de la PNP, descubrió que se presentaba en Seguridad del Estado a personas que habían dejado de ser funcionarios; incluso, generales y coroneles en retiro. Ante ello, explicó, establecieron “la primera directiva sobre la seguridad personal y domiciliario de funcionarios” a fin de seguir protocolos para la asignación.

Así, a los que les correspondía dicho beneficios, se encontraba el Presidente de la República en el primer nivel, mientras que en el segundo estaban los presidentes del Poder Legislativo y el Poder Judicial; el tercer nivel, eran todos los rangos ministeriales o poderes autónomos. Luego, venía el nivel de los congresistas que debían solicitarlo a través del Congreso y en el subsiguiente estaba la custodia de los establecimientos públicos.

“Y, al final de la directiva, se decía que los no contemplados, en este caso como Cerrón, debían solicitar por escrito al ministro del Interior el pedido de seguridad indicando el motivo. Eso era derivado a la Comandancia General de la Policía y esto, a su vez, a Seguridad del Estado que debían elaborar un informe si correspondía o no la seguridad”, detalló.

De ser el caso, dijo, el gobernador regional de Junín, Fernando Orihuela, no tenía la potestad de ordenar que su seguridad presente resguardo a Cerrón Rojas porque el suboficial Zárate sigue órdenes de su comando, no de la autoridad regional.

“Pero este Policía que pertenece a Seguridad del Estado de Junín tiene su jefatura y él, de ser el caso, tiene que haber comunicado efectivamente esta disposición y allí tienen que haberlo aceptado”, comentó.

Explicó que se puedo haber configurado un “abandono de destino” por parte del efectivo policial, puesto que si sus funciones se circunscriben a la Región Junín, él no pudo venir a Lima si no existe autorización para el traslado. Ello, indicó, podría ser sancionado con el pase al retiro.

“Luego, que el Comando de la Policía a nivel de Seguridad del Estado de Junín, tiene que haber tenido conocimiento de esta irregularidad, porque la directiva indica que diariamente se tiene que informar sobre las actividades que realiza y está demostrado que vino a Lima”, anotó Pérez Rocha.

El exministro del Interior, Óscar Valdés, consideró que se debe averiguar si los días que estuvo el suboficial Zárate Villalobos, este hizo uso de su descanso pues el sistema policial funciona en un sistema 24 x 24. Es decir, un día de trabajo por otro de descanso o incluso, descartar si es que estaba haciendo uso de su período vacacional.

Sin embargo, advirtió que si no se presentaba ninguno de los casos anteriores sí supondría una irregularidad y una responsabilidad de diversas instancias.

“[¿Hay responsabilidad?] Con esto del señor Cerrón, todos los peruanos estamos indignados por su proceder, pero hay que actuar dentro de la Ley. En este caso correspondería al suboficial que está cumpliendo labores, sancionar al jefe de inmediato y hasta podría caer responsabilidad política en el director de la Policía Nacional y si queremos ir más allá, podríamos implicar al ministro del Interior, pero en un tercer plano, porque es un tema más que nada político”, manifestó.

Remarcó que un efectivo policial no puede realizar acciones que no son autorizadas por su comando y cuando le asignan a un personal “es exclusivamente para dar protección a esa personalidad”.

“¿Y por qué? Porque, por ejemplo, no es que se le asigne a un banco y se pare en la puerta; sino que tiene que estar familiarizado con el personal que protegerá, es todo un trabajo de seguridad”, anotó.

Fiscalía debe actuar

El abogado penalista, Carlos Caro, consideró que el Ministerio Público tendría que abrir una investigacion de oficio en etapa preliminar para determinar si existió la irregularidad y las responsabilidades que correspondan.

Explicó que en este caso, la hipótesis es de un efectivo policial cuyo resguardo fue destacado al Gobierno Regional Junín y que este se habría desviado hacia Cerrón Rojas, que no es funcionario público.

“Es un costo que está siendo asumido por el Estado; por lo tanto, se trata de recursos del Estado. Ojo que no es recurso humano, a lo que me estoy refiriendo es al costo que es su sueldo”, explicó.

En esa línea, consideró que se podría haber configurado un presunto delito de peculado, contemplado en el artículo 387 del Código Penal, “porque hay recursos públicos que se estarían destinando a una finalidad que no corresponde”.

Indicó que lo que corresponde es investigar no solo al suboficial Zárate Villalobos. “Probablemente esté implicado alguien de su comando, ya que es es muy difícil que no haya sabido, pues cómo estuvo en Lima cuando su función la tenía que realizar en Junín”, añadió.

También señaló que se tendría que incluir a la autoridad civil, pues alguien del Gobierno Regional de Junín que lo haya conocido o autorizado.

“En el caso del señor Cerrón es el beneficiario, la jurisprudencia peruana ha establecido que el beneficiario indebido de un recurso público también puede ser investigado en el grado de complicidad. Entonces, como él es el beneficiario de este servicio público, él podría ser investigado”, sentenció.

Cabe recordar que el último 12 de agosto, el Poder Judicial – a pedido del Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (FECOF) de Lima Centro, a cargo de la fiscal provincial Norah Córdova Alcántara- condenó al exoperador político Oscar López Meneses, por el ilegal resguardo policial, entre los años 2012 y 2013.

López Meneses, quien fue el beneficiario, fue hallado responsable del delito de peculado y sentenciado a cuatro años de pena suspendida.

TE PUEDE INTERESAR

• Guido Bellido deja entrever disolución del Congreso si es “obstruccionista”
• Perú Libre: Guido Bellido señala que en la campaña electoral “no ha participado ningún dinero proveniente de fondos prohibidos”
• Premier Bellido: La Constitución dice si hay una actitud obstruccionista, entonces pides la confianza
• Una historia de escándalos y filtraciones: la sombra de Vladimiro Montesinos aún no se disipa
• Pedro Castillo: Un primer mes marcado por designaciones fallidas

VIDEO RECOMENDADO