Vladimir Cerrón: PJ evalúa este viernes pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva

El juez Leodán Cristóbal Ayala, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, reprogramó para el viernes 17 - a las 3 de la tarde- la audiencia de evaluación del pedido de 36 meses de prisión preventiva para Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre.

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La Fiscalía Contra el Lavado de Activos alega que Cerrón incumplió con las reglas de conducta impuestas por el Poder Judicial, entre ellas depositar una caución de 20 mil soles y pasar control biométrico. Debido a ello, solicita variar su actual régimen de comparecencia o libertad con restricciones.

Inicialmente, el Poder Judicial iba a revisar el caso este miércoles 15 de febrero, pero el magistrado Cristóbal Ayala decidió reprogramar la fecha porque consideró que la defensa de Cerrón estaba en “desventaja” al no haber tenido acceso previo a la carpeta con los alegatos de la fiscalía.

El 9 de febrero, el Poder Judicial condenó a Vladimir Cerrón a cuatro años de prisión efectiva por el caso conocido como ‘Aeródromo Wanka’. Sin embargo, la sentencia se ejecutará cuando sea confirmada en segunda instancia.

La investigación por la que Vladimir Cerrón actualmente cumple comparecencia con restricciones es por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos. Dicha medida está vigente desde fines de noviembre.

Se indaga el presunto uso de dinero de origen ilícito, derivado de supuestas organizaciones criminales como ‘Los Dinámicos del Centro’, para financiar al partido Perú Libre y las actividades del propio Vladimir Cerrón. Una pericia fiscal halló en desbalance en su cuentas por más de S/ 6 millones.

La fiscalía solicitó prisión preventiva para Vladimir Cerrón por este caso a inicios de noviembre.

Si bien el juez a cargo, que por entonces era el magistrado John Pillaca, halló elementos de sospecha fuerte de comisión del delito, solo le impuso restricciones por considerar que no había peligro de fuga, ni obstaculización de la justicia. Este mes, una sala de apelaciones confirmó dicha decisión.